¿De qué trata la ordenanza municipal que previene y sanciona el acoso político contra mujeres?

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23 Marzo 2021

*Esta noticia fue publicada originalmente por Perú21

La Municipalidad de Lima publicó hoy en el diario oficial El Peruano una ordenanza municipal que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres en Lima Metropolitana.

El dispositivo legal consta de cinco artículos que aborda la definición del acoso político y los actos que lo configuran, el ámbito de aplicación y personas sujetas de protección los instrumentos y mecanismos para la prevención y atención del acoso político y las campañas de difusión y sensibilización contra estos actos.

Según la ordenanza municipal 2325-2021 señala que el acoso político es cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, hecha por una persona natural o jurídica, de manera individual o grupal, de manera directa o terceros usando cualquier medio de comunicación o redes sociales.

Su objeto es menoscabar, discriminar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

La norma señala que dentro de los actos que configuran acoso político se encuentran: Obligar a mujeres a realizar actividades y tareas que no son de su cargo y responden a visiones simplistas de género, es decir, aquellos asociados “a ser mujer”, que una autoridad superior entregue responsabilidades o tareas que no le permita a la mujer en función pública, desarrollar y presentar todos los resultados necesarios a la función política por la cual fue elegida, evitar el retorno al cargo de una mujer en función pública cuando hace uso de una licencia con justificación, limitar el uso de la palabra en sesiones o reuniones, así como su participación en comisiones, comités u otros espacios que tienen que ver con su cargo, entre otras. 

El dispositivo legal señala que la Gerencia Mujer e Igualdad de la Municipalidad de Lima elaborará e implementará un Plan de Atención y seguimiento de casos de acoso político, así como un Protocolo institucional para atender casos de acoso político en la jurisdicción.

También se creará y mantendrá un registro de casos de acoso político. Y se establecerá un procedimiento para las denuncias de acoso político que ocurran en Lima Metropolitana.

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