Para la doctora Josefina Román, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y accountability y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de México, uno de los retos de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia y accountability es llevar este derecho a los municipios donde no hay internet o se rigen por usos y costumbres.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la recién electa coordinadora de órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia y accountability asegura que su intención es llevar la voz de los institutos a este nuevo andamiaje institucional, donde participan en el Inai, el Inegi, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación.
¿Cuáles serán los retos de este Sistema Nacional de Transparencia y accountability?
—Tenemos muchos retos por delante, pero la aspiración es ser la voz de los estados en este Sistema Nacional de Transparencia y accountability.
¿Cuáles son los puntos con los que deben comenzar?”
—Con las reformas aumenta el número de sujetos obligados, ya no sólo son los sujetos obligados de los tres Poderes, de los organismos descentralizados, empresas del Estado, hoy, los fondos, partidos políticos, sindicatos y todas las personas físicas o morales que reciban recursos públicos son sujetos de Transparencia y accountability. Eso nos hace crecer exponencialmente en obligaciones.
¿Cómo le van a hacer con los estados para que no se retrasen en la homologación de sus leyes?
—No vamos a permitir lo que ocurrió con la reforma en Transparencia y accountability en 2006, cuando los estados no homologaron sus leyes con la Constitución.
Todas las entidades federativas y el Distrito Federal estamos convencidos con el tema y estamos trabajando.
¿Cuántos estados faltan de armonizar sus leyes?
—El Estado de México armonizó su Constitución estatal con la Constitución federal, pero falta la mayoría de los estados, tenemos que trabajar.
Insisto, ¿cuántos faltan?
—No tengo el dato exacto.