Desde el oficialismo y la oposición se gestan al menos tres proyectos de ley con el propósito de regular el uso de las redes sociales, una herramienta tecnológica cuyo uso se masificó en el país con el desarrollo de la conectividad de los teléfonos móviles.
La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, que es controlada por los cocaleros del trópico de Cochabamba, el diputado Víctor Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y un sector de la oposición anunciaron la elaboración de sendas propuestas vinculadas con esta temática.
Solamente Borda, quien es vicepresidente de la Cámara de Diputados, se animó a desvelar los ejes de su propuesta de regulación. El legislador plantea la creación de tres nuevos tipos penales: la violación de datos personales; afectación a la honra en redes sociales y la creación de cuentas falsas con el fin de capturar datos de niños, niñas y adolescentes.
El debate sobre esta temática era prácticamente nulo, pero la campaña para las elecciones generales de 2014 abrió la ruta de este nuevo escenario al evidenciarse el efecto que produce en el electorado. Así, en 2015, el oficialismo comenzó un debate silencioso sobre las redes sociales después de 10 años de gobierno, prácticamente el mismo lapso que estas herramientas digitales están vigentes en el mundo.
Grupos de ciberactivistas están en apronte ante el anuncio de regular el uso de estas herramientas. Dice que atentará en contra de la libertad de expresión, un derecho reconocido en la Constitución y acuerdos internacionales.