La propuesta del senador Antonio Navarro Wolff tiene como propósito central establecer parámetros para tramitar más fácilmente los impedimentos de los legisladores en los proyectos y reformas e instituir cuáles son las faltas leves o graves que merecen una amonestación por parte del mismo órgano colegiado. En esencia, el objetivo es establecer un “marco normativo de la responsabilidad ética y disciplinaria de los miembros del Congreso, por la conducta indecorosa, irregular o inmoral en que puedan incurrir en el ejercicio de su función o con ocasión de la misma, de conformidad con el artículo 185 de la Constitución.
Sin embargo, aunque la iniciativa representa grandes avances para elevar la calidad del trabajo de los congresistas, la polémica está en las sanciones que, a criterio de algunos parlamentarios, podrían pasar a ser utilizadas como arma de retaliación política entre los mismos legisladores. Por ejemplo, la Comisión de Ética podría hasta decretar la suspensión del cargo por un término entre los diez y 180 días, es decir, seis meses. Por eso, ya hay quienes dicen que esta célula legislativa pasaría a ser la más apetecida y muchos querrían llegar a ella para utilizarla para “venganzas políticas”.