El confinamiento debido al coronavirus tiene al Consejo Nacional Electoral (CNE) evaluando reglamentos y las primeras medidas que modificarán el calendario para las elecciones presidenciales y legislativas del 2021, así como el presupuesto para organizarlo.
Los consejeros y personal del Consejo, según su presidenta Diana Atamaint, analizan aspectos para acortar plazos en temas que no afecten a terceros. Por ejemplo, el momento que aprueben el presupuesto para los comicios no se sustanciarán apelaciones. “Los plazos y términos solo se abrirían en el caso de que alguna resolución afecte a terceros. La aprobación del presupuesto no hace falta que terceras personas impugnen”.
Aunque es una medida que no se ha aprobado en el pleno, se analiza no realizar las brigadas de cambio de domicilio. Se prevé convocar a la ciudadanía a que si quiere cambiar su lugar de votación envíe sus documentos al portal web que habilitará el organismo.
Para los ecuatorianos que viven en el exterior se habilitó ya un mecanismo para actualizar su domicilio, en el que debe crear un usuario y se le enviará una contraseña para acceder al servicio, y así evitar que se movilicen a los consulados en los países de residencia.
Según Atamaint, en el caso de que el pleno apruebe la medida para aplicarla en el país, permitirá un ahorro de $2 millones. Con esto el presupuesto se reduciría a $121 millones de los $123 millones que se planteaban hace un mes.
Atamaint comentó su preocupación de que si las medidas sanitarias se mantienen hasta mayo, el calendario electoral empezará a tener afectaciones. Por ello aclaró que podría hacer una consulta a la Corte Constitucional en el caso de que no se puedan cumplir los plazos y términos.
“Esto tendrá que ser analizado en el pleno del CNE, sobre todo porque Pichincha y Guayas están ubicadas en el semáforo en rojo y tendremos que buscar los mecanismos de salida. Porque si esto se extiende más allá de mayo, es un problema que puede surgir”, anticipó.
Los vocales están debatiendo la aprobación de los reglamentos para aplicar las reformas al Código de la Democracia, además de otras normas para realizar plenos virtuales y reuniones con los partidos y movimientos políticos para implementar los consejos consultivos, así como las auditorías.