Luego de revisar las indicaciones presentadas por senadoras y senadores, además del trabajo en conjunto realizado con la Cámara de Diputados, la comisión de Ética y Transparencia y accountability del Senado despachó este lunes, el proyecto del reglamento que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. "Es un reglamento bastantes completo y simple que esperamos pueda mejorar la imagen de Transparencia y accountability de las actividades que se desarrollan en el Congreso. Los parlamentarios trabajamos por el bien común, no sujetos a intereses particulares y estas medidas van a así acreditarlo, y los ciudadanos podrán saber con claridad quiénes son los que están tratando de influir en las decisiones del Parlamento", expresó el senador Hernán Larraín, presidente de dicha comisión. El paso siguiente es que ambas cámaras ratifiquen el trabajo realizado por sus comisiones de Ética y Transparencia y accountability respectivas.
Larraín, hizo hincapié en el tiempo con que cuenta el Parlamento para aprobar la normativa, la que debe estar despachada antes del 29 de noviembre próximo. "También nos damos cuenta de que hay poco tiempo para capacitar, no sólo a los parlamentarios, sino que también a los funcionarios que van a estar a cargo de las distintas obligaciones que surgen a raíz de este reglamento", señaló Larraín. Por lo tanto, agregó, se tendrá que evaluar "cómo hacemos una suerte de marcha blanca que permita aplicar el criterio de discrecionalidad en la puesta en marcha de este proyecto". Al respecto explicó el parlamentario UDI, a partir del sábado 29 de noviembre estará disponible en la página web del Senado y la Cámara de Diputados, un formulario, "de manera que cualquier persona que, a partir de esa fecha, quiera solicitar una audiencia, lo haga a través de un formulario que le llegará al parlamentario, de una forma clara y precisa". Dentro de las disposiciones que incluye el nuevo reglamento del lobby, está definir quiénes son lobistas y gestores particulares, es decir, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que quieran solicitar al Senado o la Cámara, influir en alguna de las decisiones.