El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) resolvió cesar por unanimidad en sus funciones a los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) la tarde de este martes 17 de julio, luego de que el informe de evaluación de autoridades concluyera que el ente electoral "incumplió obligaciones y actuó con arbitrariedad". Las personas cesadas de sus cargos son: Nubia Villacís (presidenta), Ana Marcela Paredes (vicepresidenta), Paúl Salazar (Consejero), Mauricio Tayupanta (Consejero) y Luz Maclovia Haro (Consejera). El informe señala que los consejeros del CPCCS cesado "tenían conflictos de intereses al momento de nombrar a las autoridades del CNE, lo que creó un indicio de ilegitimidad en su designación". El CPCCS-T determinó que las autoridades del CNE "incumplen todos los indicadores del parámetro", como el relativo a la legitimidad del cargo. No obstante, argumentó que ello "no implica la ilegitimidad de los procesos electorales que ejecutaron", pues el CPCCS-T "no se encuentra ejerciendo facultad jurisdiccional ni es competente para declarar nulidad de actos administrativos". Villacís había declarado: “Ustedes, señores consejeros, son hijos de nuestra legitimidad".
El documento sostiene que el CNE "incumplió obligaciones y actuó con arbitrariedad", además de que "se atribuyó funciones al cancelar movimientos políticos", e incumplió con su obligación de brindar procedimientos administrativos "confiables". Entre los indicadores de parámetros incumplidos, según el CPCCS-T, figuran: la debida gestión de recursos públicos, "al encontrarse irregularidades en varias contrataciones", la presunta no aplicación de su obligación de publicar la información relevante para la ciudadanía, así como de no entregar la información requerida para el presente proceso de evaluador; la Evaluación Ciudadana, con sustento "no solo por el número de denuncias, sino por su contenido y la percepción que la ciudadanía tiene de la institución, en la que muestra su desacuerdo".
El pasado 10 de julio, los vocales cesados expusieron en audiencia pública sus alegatos de defensa ante el CPCCS-T, entre los cuales Villacís defendió que en su expediente constan todos los certificados de las capacitaciones recibidas e impartidas sobre gobernabilidad, gerencia política, género y democracia. Así también, criticó que no se puede mediante "informe técnico sesgado" deslegitimar sus iniciativas ciudadanas o hacer valoraciones subjetivas, puesto que "nada impide que durante mi carrera profesional haya realizado y siga realizando actividades relacionadas con iniciativas ciudadanas".