Los efectos de la circulación de desinformación están lejos de ser inocuos: inciden en nuestras costumbres y afectan nuestro espacio público. El juego de atacar y demonizar sistemáticamente a los oponentes nutre los procesos de polarización política y, cada vez más, acompaña tendencias autoritarias.
En este marco, surgen propuestas políticas (en algunos casos ya legisla- das) que incluyen rastreos de mensajerías privadas, la prohibición de los “perfiles falsos” o la remoción “preventiva” de contenido. La búsqueda de soluciones en el Derecho o en la creación de nuevos tipos penales podrían afectar intereses legítimos y hasta los derechos humanos, pero además no contribuyen a solucionar el problema.
Por su parte, los medios tradicionales y el periodismo, preocupados por las audiencias y por los clicks, se hacen cada vez más eco de lo que pasa en los medios no tradicionales, como una forma de ingresar en esa con- versación.
A su lado, crecen medios dedicados a la verificación del discurso público. Este esfuerzo, necesario e interesante, es sin embargo reactivo e insuficiente: la cantidad de mensajes es abrumadora y verificar la información es un proceso que requiere tiempo y recursos.
Sobre todo, el recorte no lidia con un enorme volumen de mensajes des- informantes que ya no tienen la apariencia de contenido informativo, ni tiene contenido “verificable”: son memes, caricaturas, pseudo-hechos, distorsiones, información “recalentada” o aislada del contexto.
Estas piezas no buscan encontrar un público que las crea reales. Son operaciones de propaganda, diseñadas para crear un estado mental de cercanía cognitiva y emocional que confirme las creencias de su audiencia y refuerce sus identidades. Así pues, este texto se sumerge en todas estas temáticas y genera algunas propuestas.