Alternar a hombres y mujeres en las listas de candidatos plantea el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el proyecto de nueva ley de partidos políticos que revisa el Congreso de la República. La aprobación de este proyecto de ley en la presente legislatura abre la oportunidad para que, a partir de los próximos comicios, las mujeres resulten elegidas para ocupar el 50 por ciento de los cargos públicos políticos, como parlamentarias, consejeras regionales o regidoras municipales.
Actualmente rige la llamada cuota de género, que asigna a las mujeres cuando menos el 30 por ciento de los cupos en las listas de candidatos. “Sin embargo, esta disposición es burlada cuando son relegadas a los últimos puestos”, anota el congresista Santiago Gastañaduí, miembro de la Comisión de Constitución. El proyecto de nueva ley de partidos políticos que revisa el Congreso incluye en el artículo 27 la alternancia de género en las listas de candidatos.
Esta es la palabra clave: alternancia. Al presentarse en orden sucesivo hombres y mujeres se crean condiciones iguales de participación política. “Estoy de acuerdo también porque generalmente las listas son presentadas en su mayoría con gente con posiciones vinculadas mayormente a los hombres. De los 130 congresistas solo somos mujeres 29”, declara Lourdes Alcorta, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, al programa de televisión “Vota Bien” del JNE. En el caso de las 195 alcaldías provinciales y 1,643 alcaldías distritales, solo el 5 por ciento son ejercidas por mujeres. Ni qué decir de las 25 presidencias de los gobiernos regionales. Milagro Suito, directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, explica que, con el sistema propuesto, cuando las organizaciones políticas inscriban sus listas de candidatos, estas deberán incluir desde los primeros puestos y de manera alternada a mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre hasta agotarse el 30 por ciento de la cuota de género. Las integrantes de la Mesa de Mujeres Parlamentarias se han mostrado a favor de la reforma para que haya una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, hasta que las propias organizaciones políticas empiecen a tratarlas de manera igualitaria.