La incorporación de tecnología a los procesos electorales es un fenómeno conocido. Entre los elementos que más se destacan podemos mencionar los sistemas biométricos de identificación de electores, o la tecnología que ha mejorado la transmisión de datos desde las mesas electorales a los centros de totalización. Las antenas satelitales portátiles han permitido transmitir datos inclusive desde los rincones más inaccesibles de nuestra región. Sin embargo, solo se asocia la incorporación de tecnología con el voto electrónico. Cuando esto ocurre podemos mencionar únicamente la experiencia de dos países: Brasil y Venezuela. Son estas experiencias las únicas que se encuentran desarrolladas en la totalidad del territorio. Luego hay muchas iniciativas piloto o no tan piloto diseminadas por los distritos del resto de los países.
El debate sobre el voto electrónico ha generado debate en todos los países en donde se lo aplicó o en donde se lo pensó aplicar. Entre las motivaciones de los que piden su aplicación se destacan la celeridad en procesar y comunicar los resultados y la potencialidad de esa herramienta para evitar algunas prácticas que han desvirtuado los sistemas tradicionales de votación. En el 2012 la Comisión Global sobre Elecciones, Seguridad y Democracia acuñó el concepto de Democracia con Integridad. Allí quedó claro que no basta con realizar elecciones para contar con un sistema democrático; se percibe, por el contrario, una tendencia hacia el autoritarismo electoral caracterizado por procesos electorales sesgados, que le dan enormes ventajas a los oficialismos de turno y al hacerlo lesionan la noción de competitividad. El debate en torno a la autoridad electoral es central en este contexto. Y esto queda claro cuando comparamos los casos de Brasil y Venezuela. En el primer caso tenemos una autoridad que ha impulsado el voto electrónico y que al hacerlo ganó prestigio y reconocimiento entre los distintos actores políticos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) logró en solo cuatro años cubrir la totalidad de sus casi 450 mil mesas electorales.
El nivel de analfabetismo y la inmensa geografía fueron los argumentos utilizados para desarrollar tempranamente esta iniciativa allá por 1996. La urna electrónica utilizada es un desarrollo surgido del interior del TSE y responde al concepto clásico de voto electrónico: la máquina de votación guarda información, es decir contiene el padrón, registra el voto del elector que luego almacena en una memoria, más tarde procesa esa información para ser transmitida. El elector, en este caso, no recibe ningún comprobante de votación en respaldo físico. Se trata entonces de una urna electrónica clásica. Este sistema es casi una cuestión de fe que solo se sostiene en el prestigio del TSE. Entre los déficits podemos mencionar que la tecnificación del acto electoral ha privatizado el control del mismo. Los ciudadanos están al margen, los numerosos fiscales partidarios de otrora hoy solo son un puñado de fiscales informáticos que hasta han quedado en un segundo plano dado que el TSE a través de una serie de actos administrativos los ha excluido con el argumento de contar con instrumentos de control más eficientes.
Sin embargo, algunos estudios han confirmado que la seguridad del sistema deja mucho que desear y que se vulnera el carácter secreto del voto debido a que se podría acceder y asociar la secuencia del voto con la carga y selección de las preferencias. El caso venezolano es bien distinto, aquí la autoridad electoral no cuenta con prestigio de ningún tipo; el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha actuado de modo abierto a favor del oficialismo al punto de transformarse en un apéndice del mismo.