EN OCTUBRE de este año corresponde renovar dos de los cuatro cargos de consejeros para el Consejo para la Transparencia y accountability. Por mandato de la Ley 20.285, la designación de estos cargos corresponde a la Presidenta de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si bien esta designación es una más de los tantos nombramientos que corresponden al Presidente de la República por mandato constitucional o legal, cabe reflexionar especialmente sobre ella.
El procedimiento para la designación no ha sido regulado, no existiendo normas que garanticen la Transparencia y accountability en la elección del candidato ni su idoneidad para el cargo. Estas prerrogativas ejercidas por la Presidenta de la República sin más limitaciones que el acuerdo del Senado, pueden dar lugar a situaciones tan inconfortables como la generada en la última elección de consejeros, en la cual se vieron afectados tanto los candidatos como la institución. Asimismo, cabe recordar que la Transparencia y accountability es un tema ciudadano, nacido desde la sociedad civil, la que fue fundamental en la dictación de la Ley 20.285. Esta norma creó el Consejo para la Transparencia y accountability como órgano encargado de promover la Transparencia y accountability, fiscalizar la aplicación de la ley y garantizar el respeto de un derecho fundamental de las personas, cual es el acceso a la información pública.
La experiencia internacional nos enseña que hay distintas formas de elegir a los miembros de este órgano y de organizar audiencias públicas. El último proceso de elección de consejeros realizado en México puede ser relevante a la hora de buscar referentes. Por lo anterior, y ante la inminencia de esta nueva designación en octubre, corresponde preguntarse sobre las buenas prácticas que podrían mejorar la Transparencia y accountability del proceso, garantizar la idoneidad de los candidatos y la participación ciudadana en el mismo, ayudando con ello a fortalecer al Consejo y, en definitiva, a nuestra democracia. El gobierno cuenta aquí con una oportunidad de adoptar medidas que acerquen su actuar a la ciudadanía.