México tiene una de las mejores leyes de acceso a la información, pero es uno de los países con mayor percepción de corrupción; eso demuestra que “algo no está funcionando”, porque “no es posible hablar de gobierno abierto si no hay justicia social, equidad y redistribución del poder”. Así lo advierte el investigador de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Álvaro Ramírez, quien realiza el reporte de los avances de los 66 países que integran la Alianza para el Gobierno Abierto que será presentado en diciembre próximo.
El reto para un país como México que mantiene altos índices de corrupción, es cómo avanzar “de la narrativa tecnológica a una agenda con una voluntad política de derechos humanos”, aseguró el experto luego de presentar avances de su estudio, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante una sesión de la Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto. México fue sede de este encuentro internacional que reunió a representantes de 66 naciones para consensuar la agenda de los próximos dos años en los temas centrales de la Alianza: Rendición de cuentas, tecnología e innovación, participación ciudadana y Transparencia y accountability. Alejandra Lagunes, coordinadora de Estrategia Digital Nacional, aseguró que México avanzó en los compromisos adoptados en 2011, cuando el país se unió a la Alianza.
Sin embargo, los expertos, como el co-presidente de la Alianza por el Gobierno Abierto, Alejandro González, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señalan que el avance de los gobiernos debe verse traducido en una mejor calidad de vida para la población. Es decir, una democracia fortalecida, ciudadanos con pleno ejercicio de derechos e, incluso, el avance llevaría a combatir la desigualdad en América Latina, donde existen 71 millones de personas en situación de pobreza. “Muchos países pueden estar en un proceso de simulación. Hay un desafío de voluntad político y creer que esta es una manera para garantizar un Estado de Derecho sino para cambiar la calidad de vida y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, aseguró Álvaro Ramírez, de la Cepal. Estas consideraciones coinciden con el segundo Mecanismo de Revisión Independiente de 2013-2015, realizado por investigadores de Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática (CCS CIESAS), donde evaluó los avances del gobierno mexicano en sus 26 compromisos.
El reporte presenta los avances conseguidos hasta abril de 2015 en las nueve áreas: competitividad y crecimiento económico; justicia y seguridad; política social y educativa; ejercicio presupuestal e infraestructura y obra pública. De acuerdo con la investigadora del CIESAS, Almudena Ocejo, el gobierno mexicano cumplió con los 26 compromisos, pero estarán registrados en la versión final del Mecanismo de Revisión Independiente, que se publicará en febrero de 2016. Estos son los compromisos y el análisis de su impacto y avance registrado en el primer reporte del Mecanismo de Revisión Independiente de 2013-2015.