Hasta el próximo 28 de febrero los colombianos tendrán la posibilidad de hacer comentarios, observaciones y propuestas al proyecto de Decreto presentado por el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que busca crear una política pública para garantizar el cumplimiento de derechos de la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e intersexuales (LGBTI).
La idea es conformar una Comisión Intersectorial para integrar las estrategias adelantadas desde los Ministerios del Interior, Trabajo, Defensa, Educación, y Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Nacional de Planeación, y la Superintendencia Nacional de Salud, para sacar adelante programas que velen por el cumplimiento y respeto de los derechos de la comunidad LGTBI. Dicha comisión, señala el artículo 5 del proyecto, tendría como invitados permanentes a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, tendrá entre sus funciones establecer un protocolo integral de atención, protección, investigación y seguimiento para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad y crear un sistema de recolección de información sobre vulneraciones a los derechos humanos en los que se documenten casos de violaciones físicas o psicológicas.
En cuanto a los trámites legales para el cambio de sexo, el texto señala que la Superintendencia de Notariado y Registro, los notarios, y funcionarios encargados del registro civil de las personas “darán aplicación inmediata, sin dilación alguna, no podrán aducir la necesidad de instrucciones o conceptos jurídicos adicionales a lo dispuesto en la letra del Decreto 1227 de 2015, en el cual se establece al posibilidad de cambio de sexo asignado en el registro civil de las personas previo otorgamiento de una escritura pública por parte de las personas autodefinidas en su identidad sexual”.