* Esta noticia ha sido publicada originalmente por CLARÍN.
La Legislatura de Mendoza sesionó a través de una plataforma digital. Todos los diputados y senadores estuvieron conectados desde sus casas y votaron de manera digital.
La necesidad de que las instituciones funcionen frente a la emergencia por el Coronavirus, llevó a la Legislatura de Mendoza a instrumentar un sistema de sesión por video conferencia. Hubo plena asistencia de diputados y senadores, que votaron desde sus casas, y aprobaron de modo remoto la ley de emergencia social.
“El 4 de abril será un día histórico para Mendoza. Hemos publicado en el Boletín Oficial la primera ley por sistema digital del país”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi (UCR). Contó que la iniciativa surgió en una charla con el vicegobernador Mario Abed para que las instituciones sigan funcionando en un “momento crítico” y, de inmediato, obtuvo el aval de todos los bloques legislativos.
El número de la ley es 9220, al pie de la publicación oficial, se lee “dada en sesiones en línea de la Honorable Legislatura”. Es la norma que ratificó los decretos del gobernador Rodolfo Suarez declarando la emergencia sanitaria, económica, social, administrativa y financiera de la provincia cuyana.
Cuando el 20 de marzo se resolvió el aislamiento social, preventivo y obligatoria para todo el país, la Legislatura mendocina buscó el mecanismo para seguir funcionando y aprobando leyes. “Estamos en el periodo extraordinario de sesiones, donde solo se pueden tratar las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo. Y, de todos modos, queremos funcionar a pleno con la discusión en comisiones de los proyectos que tienen estado parlamentario”, explica Lombardi.
La plataforma utilizada fue Zoom, en su versión premium. En las sesiones de Diputados y el Senado, los legisladores se conectaron desde las computadoras de sus casas, en los distintos municipios, los más lejanos a 400 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Las autoridades de las cámaras estuvieron en la Legislatura. La asistencia de los 48 diputados y 38 senadores, fue perfecta. Todos votaron: “En el chat la A significa un voto afirmativo y la N, uno negativo”, dice el jefe de Diputados. Otra opción de voto utilizado fue pedir a cada legislador que levante la mano. Así el apoyo o rechazo a la norma queda expuesto en el video grupal y grabado.
En la inédita sesión digital también participaron los taquígrafos, quienes por reglamento deben dejar documentada el debate y la votación.
“Esperamos que también el Congreso nacional sesione de manera on line para tratar los proyectos de emergencia y afrontar esta crisis sanitaria y que no sea solo el presidente (Alberto Fernández) quien toma las decisiones”, alertó la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Mailé Rodriguez. En cuanto al funcionamiento legislativo en Mendoza, propone que se habilite en el reglamento interno que todos los proyectos y no solo los del Ejecutivo, puedan discutirse: “Estamos pidiendo medidas de protección a trabajadoras y trabajadores de la salud, prohibición de despidos, la creación de una canasta saludable para población asistida en comedores y otros temas prioritarios, que nos gustaría que se consideren”, explicó la legisladora del FIT.
Desde el Partido Demócrata, Guillermo Mosso, destacó que la modalidad de teleconferencia, única ámbitos legislativos del país, permite que en caso de urgencia y, más allá de la geolocalización de los diputados, se pueda continuar tomando decisiones. “Celebro esta experiencia pionera y espero que otras instituciones, como la Justicia, puedan sumarse para avanzar en la digitalización de trámites y procedimientos”, agregó.
El puntapié de las sesiones digitales en Mendoza fue la última semana de marzo, con la adhesión al decreto 434 que estipuló un tope salarial de 50 mil pesos para los funcionarios de la administración central. Luego, se sumaron al recorte de parte de sus salarios dos tercios de los jueces y legisladores mendocinos. En Latinoamérica, el 20 de marzo, el Senado de Brasil aprobó en teleconferencia el “estado de calamidad” para liberar recursos por la pandemia del Coronavirus, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre.