Tras el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de que analiza la posibilidad de llamar a una consulta popular, la oposición respalda la idea y pone una lista de temas que se podrían abordar. En cambio, en el movimiento PAIS son más cautos y esperan que el Mandatario defina los contenidos. Sin embargo, fueron enfáticos al señalar que no permitirán el retroceso en derechos.
En el caso de que el Ejecutivo concrete la iniciativa, PAIS también propondrá temas, aunque ayer ningún vocero adelantó cuáles. Moreno, durante su informe semanal del pasado lunes, añadió que el pueblo “deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes que garanticen el control de lo público”.
Alrededor de 15 organizaciones políticas y sociales respaldan, hasta el momento, una posible consulta. Entre sus prioridades está la eliminación de la reelección indefinida y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Con ello, la propuesta de la oposición es dejar sin funciones a las autoridades elegidas a través de concursos de méritos y oposición por parte del CPCCS. En este grupo están el Fiscal General del Estado, los superintendentes, los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Contralor (hoy vacante por el juicio político a Carlos Pólit), entre otros.
Para el constitucionalista Jorge Benavides, antes de hablar de una consulta popular es necesario determinar los contenidos por reformar en la Carta Magna. Por ejemplo, para eliminar la reelección indefinida o quitar el concepto de ‘servicio público’ a la comunicación aplica la consulta, en la que se preguntará por una enmienda constitucional, por iniciativa de Moreno.
Además de la iniciativa del Ejecutivo, es la Corte Constitucional la que determinará finalmente el mecanismo a utilizar. Respecto al pedido de la oposición sobre la posibilidad por medio de consulta de dejar sin funciones a las autoridades de control, Benavides recordó que la Constitución determina los mecanismos de fiscalización, uno de ellos es el juicio político promulgado desde el Poder Legislativo.