Aunque consideran que hace falta mucho por hacer, varios grupos de la sociedad civil coinciden en que a cinco años de haber sido aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) esta ha tenido avances sustanciales en su aplicación y ha permitido destapar a funcionarios públicos y hasta exmandatarios ligados a casos de supuesta corrupción, muchos de los cuales están en tribunales de justicia procesados por presunto enriquecimiento ilícito.
“Ha sido muy importante el reconocimiento que en su momento le dio la Sala de lo Constitucional al señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental, eso prácticamente es lo que ha protegido y blindado el acceso a la información pública ante algunos obstáculos que se han ido presentando en el camino”, apuntó Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades. Además, la implementación de la citada ley ha permitido que cada vez más la ciudadanía se vaya empoderando al hacer uso con mayor frecuencia de esta herramienta que permite fiscalizar el poder.