RESUMEN EJECUTIVO
En la medida que las mujeres han ido ganando terreno en el camino hacia la equidad, han alcanzado logros históricos en la vida política. En los últimos 20 años, el porcentaje de mujeres participando en distintos parlamentos a nivel global prácticamente se ha duplicado, y las mujeres cada vez más están asumiendo puestos de poder como activistas de sociedad civil, o liderando partidos políticos, consejos locales y alcaldías, o en puestos como ministras, primeras ministras y presidentes. Están en todo su derecho – y su plena y equitativa participación representa un beneficio para sus comunidades y para sus países, resultando en ganancias reales para la democracia. Entre estas ganancias se incluye una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos, una mayor cooperación en las distintas estructuras de partidos y etnias y una paz más sostenible.
Sin embargo, cada vez son más los informes alrededor del mundo – de activistas, políticos, periodistas y académicos – que indican que en la medida que las mujeres dan un paso hacia adelante para reclamar su derecho de participar en la política, son enfrentadas por actos que van desde del abuso psicológico al físico o incluso hasta la agresión sexual. Este contragolpe se está dando por una serie de rEn línea con la definición aportada por un cuerpo cada vez más grande de convenciones de derecho nacional e internacional que rigen la violencia en contra de la mujer de forma más amplia, esta forma de violencia se da en privado y en espacios públicos protegidos, y no está restringida a actos de daño físico. De hecho, incluye una gama de actos perpetrados de forma personal y cada vez más, en-línea, diseñados para controlar, limitar o prevenir una plena y equitativa participación política de la mujer.
Toda violencia en contra de las mujeres es inaceptable y debe cesar. Aunque la violencia de género en la esfera política históricamente ha sido invisible y ha permanecido sin registro contabilizado, no es un fenómeno nuevo: el 25 de noviembre, el día dedicado a nivel mundial a la eliminación de la violencia en contra de la mujer, se conmemora el asesinato de las Hermanas Mirabal en 1960 a causa de su activismo político, ejecutado por parte del Régimen Trujillo en la República Dominicana. Esta violencia plantea desafíos en general para todas las comunidades, gobiernos y sociedades. Este fenómeno no se limita a un país, región o credo, más bien hablamos de una realidad que existe en todas partes del mundo. El impacto que sufren las mujeres por la violencia varía dependiendo de sus contextos y antecedentes, pero la evidencia que demuestra su impacto sigue creciendo. Este atropello no sólo debe cesar, sino que también debería ser una preocupación para todos aquellos que se dedican a promover sociedades democráticas sólidas e incluyentes.
Con demasiada frecuencia, a las mujeres se les dice que el abuso, el acoso e incluso la agresión son elementos naturales que vienen como parte de la arena política y que dichas situaciones representan “el precio de hacer política”, pero no debería ser así. A las mujeres se les advierte en contra de hablar cuando son vistas como pasivos y no como activos; guardan silencio por el simple hecho de evitar el riesgo de ser etiquetadas como colegas poco confiables. Dichos actos no serían tolerados en otros contextos y están explícitamente prohibidos en el contexto de todo marco legal o código de conducta laboral. El mismo escrutinio debería aplicarse a la experiencia de las mujeres al participar en el sector político, tema que debería ser liderado a través del ejemplo en la defensa de la democracia, la equidad de género y los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Si bien la naturaleza y el impacto de esta violencia variarán según los diferentes contextos políticos y socioculturales, existen tres efectos esenciales que se derivan de dicha violencia. Primero y ante todo, al igual que con todos los tipos de violencia en contra de la mujer, es un abuso contra los derechos humanos, y en línea con las definiciones internacionalmente aceptadas de la violencia en contra de las mujeres, incorpora la agresión física y sexual, así como el abuso psicológico a través del acoso y discriminación persistente. En segundo lugar, dichos actos que intimidan, deslegitimizan o excluyen a la mujer como actores políticos no solamente afectan a las mujeres objeto de dichos actos: a través de estos se envía un mensaje a la sociedad, haciendo ver que las mujeres como grupo no deberían de participar en la política. Estos actos sirven para silenciar no solamente a las mujeres que son víctimas, sino también para obstaculizar las aspiraciones de otras mujeres interesadas en participar en política, particularmente a las jóvenes. De esta manera, al evitar que las mujeres por el hecho de ser mujeres participen de la gobernanza de sus países, directamente o a través de sus representantes electos, a través de la violencia se permite una continuada negación de los derechos civiles y políticos de la mujer. En tercer lugar, la violencia en contra de las mujeres políticamente activas representa un desafío para la integridad de la práctica democrática y de la cultura. No todas las voces de todos los ciudadanos son escuchadas, los votantes no pueden elegir candidatos que representen a toda la comunidad y a los ciudadanos se les puede negar la efectiva representación por la cual votaron, por tanto la política paga un precio, es decir, tiene un costo, y ese costo se ve reflejado en los beneficios de la gobernanza democrática sustentable, con una atención receptiva y ágil de la población, que sólo puede darse cuando el espacio político es incluyente.
En la medida que la concientización acerca de este fenómeno compartido se ha ido incrementando, una mayor cantidad de actores alrededor del mundo está desarrollando estrategias para combatir dicha violencia. El Llamado a la Acción aquí propuesto se basa en ese ímpetu, unificando esos esfuerzos en una plataforma común para dar inicio a una conservación global más amplia acerca de la situación actual de este fenómeno, cómo luce, por qué merece una atención global y cuáles son las soluciones que están surgiendo. Las oportunidades para la acción propuestas en la segunda parte de este documento detallan los pasos que podrían tomarse para combatir este flagelo por parte de distintos actores a nivel global, nacional y local. El objetivo es ayudar a promover ambientes políticos que impulsen la participación de las mujeres en todos los aspectos de la política democrática – como líderes civiles, votantes, miembros de partidos políticos, candidatas, representantes electas y funcionarias designadas – con su propias voces y conciencia, sin miedo a la violencia o a amenazas de represalias, lo cual vendría a beneficiar a todos.