El predictamen del proyecto de ley que se debatirá este viernes, y que propone la tipificación del delito de financiamiento ilegal de los partidos, incluye severas penas que van hasta los ocho años de cárcel para quien reciba aportes ilícitos para las campañas de las organizaciones políticas. También comprende multas para las agrupaciones.
Se trata de tres proyectos presentados por Nuevo Perú, APP y Peruanos por el Kambio. El de esta última organización plantea reprimir hasta con cinco años de prisión a los tesoreros y administradores de campaña que reciban donaciones provenientes de fuentes prohibidas.
Inicialmente, el debate del predictamen estaba previsto para ayer, pero se acordó discutirlo este viernes con la participación de penalistas y especialistas que serán invitados para escuchar sus sugerencias.
Marisa Glave, de Nuevo Perú, dijo que ha pedido que las personas jurídicas (partidos políticos) también “deben asumir responsabilidades por los actos que ocurren en su nombre”. En ese sentido, planteó que las sanciones también se impongan a las organizaciones políticas cuando se registren financiamientos de fuente ilegal.
La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, miembro de la comisión, indicó a El Comercio que, si bien el financiamiento ilegal es visto actualmente en el campo del lavado de activos, es un gran avance tipificar directamente los aportes de origen ilícito.
“Eso ayudará a transparentar el financiamiento”, dijo tras señalar que es muy probable que apoye la propuesta, pues “estoy de acuerdo con todo aquello que sancione ingresos irregulares”.
Yonhy Lescano, de Acción Popular, adelantó que no apoyará el predictamen pese a que lo considera bueno. “De nada servirá si antes no se modifica la ley electoral y se define cuáles son los financiamientos que deben ser prohibidos. Solo después de eso se podrá tipificar el delito”, explicó.