Desde que partió la Ley de Transparencia y accountability, las solicitudes de información pública han llegado a cerca de 300 mil, según la autoridad.
A seis años de la promulgación de la Ley 20.285, que regula el principio de Transparencia y accountability de la función pública y el acceso a la información de los organismos del Estado, la directora del Consejo para la Transparencia y accountability, Vivianne Blanlot, asegura que la ciudadanía se encuentra en una fase de mayor empoderamiento para validar este derecho, aunque todavía existen algunas barreras por parte de las instituciones.
¿La ciudadanía está exigiendo más Transparencia y accountability de las instituciones desde la implementación de la Ley?
Sí, la gente exige más. Existe un aumento del conocimiento y hay un aumento de la conciencia de que es un derecho el exigir información.
¿A qué atribuye el fenómeno?
Primero, tenemos muchos reclamos por Transparencia y accountability activa, es decir, hay mucha gente que reclama porque en la página del organismo donde debiera estar la información permanentemente, no está. Eso es una demostración de que ellos esperan que esto esté y lo consideran un derecho. En segundo lugar, nuestros reclamos han aumentado significativamente. Cuando ingresé al consejo, teníamos entre 100 y 150 reclamos mensuales, hoy día tenemos del orden de 300 al mes.
¿Cómo evalúa usted la respuesta por parte de los organismos del Estado a la ciudadanía? ¿Son más proclives a atender esta demanda?
Se da mejor satisfacción ahora que hace cuatro años, pero todavía tenemos una cantidad importante de reclamos (...). En estos, nos damos cuenta que muchos organismos no entienden bien cuál es la información que deben considerar necesariamente pública y cuál puede ser reservada. Generalmente, los reclamos terminan en que nosotros acogemos la petición del ciudadano y eso muestra que los órganos públicos perciben que hay una necesidad mayor de reserva. Sin embargo, los organismos públicos han ido aprendiendo.