El organismo elaboró un informe sobre el proceso constituyente y aborda la propuesta que deberá presentar la Presidenta Bachelet.
Durante el segundo semestre, la Presidenta Michelle Bachelet deberá presentarle al Congreso un proyecto de nueva Constitución, texto que se elaborará tomando en cuenta, al menos en parte, los resultados de los encuentros ciudadanos del proceso constituyente impulsado por el gobierno. Pero la duda que se instaló entre algunos integrantes del Consejo de Observadores y en sectores de oficialismo fue si sólo se incluirán algunos aspectos que las personas expusieron o si realmente se destacarán los objetivos y prioridades expresados por quienes participaron de los encuentros a lo largo de todo el país.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) elaboró un informe respecto de la etapa participativa del proceso constituyente. Esto, a solicitud de La Moneda, cuyo objetivo fue que esa entidad evaluara el proceso e identificara las lecciones aprendidas y los procedimientos de participación ciudadana en el diseño y aplicación de políticas públicas. “Los ciudadanos de los países de la Ocde demandan constantemente ser informados sobre la manera en la que sus opiniones son tomadas en cuenta; el proceso constituyente chileno es un caso concreto”, se lee en un subtítulo del documento, que contiene 36 páginas escritas en inglés.
Entre otros aspectos del informe planteó que el proceso constituyente chileno cumplió los estándares de la Ocde en relación con la participación ciudadana, y que es el que ha contado con una mayor participación si se compara con otros países que integran ese organismo. En la página 24 del documento se incluye una tabla en la que si bien se establece que participó el 1,13% de la población chilena, que equivale a 204.402 personas, eso sitúa a nuestro país en el primer lugar.
Además, el texto destaca la “transparencia” en la información que entregó el gobierno durante el proceso. Y agrega que el modelo utilizado en Chile sirve como marco analítico para la implementación de mecanismos de consulta ciudadana en otros países de la Ocde.