Los debates sobre políticas públicas son procesos que requieren un contexto adecuado para desarrollarse. No solo en lo que respecta a la maduración social de ciertas ideas y valores, sino también con relación a los tiempos y momentos que permitan que debates sensibles e importantes gocen de legitimidad, sin quedar atrapados en especulaciones o prisas coyunturales.
Es justamente por esa última razón que 2018 -por su condición de año no electoral en la ciudad de Buenos Aires- es un año propicio para debatir una reforma política profunda. Esta es una deuda pendiente, ya que han pasado 22 años desde la autonomía de la ciudad sin que ella cuente, por ejemplo, con un código electoral. Por ello es importante avanzar en la reforma, porque además se da la particularidad de que están dados los consensos mínimos necesarios para impulsarla y son claros aquellos puntos en los que existen divergencias de opiniones y, por ende, se requiere una profundización del debate para resolver los matices.
Entre las cuestiones de la reforma política de la ciudad en las que existen grandes consensos, sin dudas podemos señalar la paridad de género. Esto no solo porque las leyes de cuotas para el Poder Legislativo han mostrado resultados alentadores en términos de representación concreta y de estímulo posterior al acceso de mujeres a cargos ejecutivos, sino también porque las legislaciones de varias provincias ya han avanzado en este sentido y, a fines de 2017, el Congreso de la Nación también lo ha hecho.
Otro tema que posee amplio consenso es el de la incorporación del debate entre candidatos como una instancia institucional que permita el intercambio en igualdad de condiciones de las diferentes propuestas entre quienes participen del proceso electoral. Si bien los usos y costumbres en la ciudad muestran una rica y sana tradición al respecto, un crecimiento natural es la institucionalización y normalización de ella como una instancia de fortalecimiento democrático en el proceso electoral. Al mismo tiempo, la modificación de la regulación referida al financiamiento de campañas electorales para dotarlo de mayor transparencia no solo representa una demanda social extendida, sino también otro aspecto en el que existe consenso entre los legisladores.
Lo mismo ocurre frente a la necesidad de dotar los procesos electorales de la ciudad de una mayor institucionalidad con relación a quiénes deben ser las autoridades a cargo de gestionar las elecciones. Aunque aquí existen diferentes puntos de vista respecto de cuál es la mejor forma de diseñar las nuevas instituciones electorales.
Algo similar ocurre al analizar el sistema de votación, punto en el que existe un amplio consenso con relación a la necesidad de mejorarlo y reemplazar las boletas partidarias por un mecanismo nuevo, pero, como en el caso anterior, conviven diferentes puntos de vista respecto de cuál es la mejor opción: si la boleta única de papel o la boleta única electrónica.
Este año tenemos la oportunidad de encarar una reforma política sabiendo que existen los consensos para avanzar en ella y, también, la conciencia de que debemos ser capaces de discutir y debatir con responsabilidad aquellos puntos que aún resta zanjar. Ese es el desafío que tenemos por delante si queremos generar las herramientas necesarias para lograr instituciones fuertes e independientes capaces de implementar procesos que sean transparentes y gocen de legitimidad y credibilidad ante la sociedad. Objetivo fundamental no solo para quienes legislamos, sino también para todo sistema político.
Diputada y presidenta de la Comisión de Reforma Política de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.