Senadores lograron destrabar ayer el proyecto de dictamen de la Ley General de Transparencia y accountability, y solventar la mayoría de las preocupaciones de organizaciones, académicos y en general de grupos parlamentarios de oposición. Esta nueva ley general incluirá diversas disposiciones que modificarán la nueva forma de operar de cada una de las entidades que manejen recursos públicos. Los fideicomisos, sindicatos y los partidos políticos serán sujetos directos de esta nueva reglamentación. Los integrantes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, sesionarán hoy jueves a las 09:00 horas, para discutir y, en su caso, aprobar el documento, para que sea llevado al pleno por la tarde para ser aprobado.
De las preocupaciones expresadas por la sociedad civil, una en específico, no avanzó: las “Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos” no serán expuestas a menos que estos determinen darlas a conocer. Se eliminaron las sanciones contra servidores públicos que abrieran información, se incluye la obligación de generarla cuando debiera de existir o si se abrirá como parte de investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos. También se agrega en este nuevo marco normativo que el servidor público está obligado a demostrar que se podría causar un daño si abre la información solicitada (prueba de daño); se incluye la obligación de transparentar los contratos que se celebren en materia de hidrocarburos.
Se incluirá también en esta nueva Ley General de Transparencia y accountability la posibilidad de conocer a los ciudadanos que les hayan sido cancelados o condonados sus créditos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Entre posibles retrocesos se encuentra el hecho de que ahora se podrá cerrar información argumentando inestabilidad económica y financiera y que el Consejero Jurídico de la Presidencia podrá interponer recursos de revisión en la Corte cuando considere que la información debe ser reservada por considerarla de seguridad nacional. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) podrá imponer sanciones aunque no las ejecutaría directamente sino a través de terceros.