* Esta noticia ha sido publicada originalmente por EL TIEMPO.
Superado escollo jurídico; ahora viene el desafío técnico y el pulso político entre los partidos.
Mediante el decreto 491, expedido este sábado en la noche por el Ministerio de Justicia, el Gobierno habilitó la posibilidad de que haya sesiones virtuales del Congreso.
La norma significa que Senado y Cámara deberán hacer las adecuaciones necesarias para que los congresistas se pueda reunir de manera remota mientras que dura el aislamiento preventivo obligatorio declarado para enfrentar el coronavirus.
De acuerdo con el decreto expedido por el Ejecutivo, esta posibilidad se habilita para "todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público", dentro de las cuales está el Congreso.
En el artículo 12 de la norma dice que estas instancias "podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva".
El presidente del Congreso, Lidio García, celebró la norma y dijo que con ella se superó el escollo jurídico que existía en esta decisión.
"Superada la dificultad jurídica, hoy (este sábado) a través del decreto presidencial 491 del 28 de marzo quedan autorizadas las sesiones del Congreso para deliberar y decidir virtualmente", escribió García en su cuenta de Twitter.
El siguiente paso será afinar los detalles técnicos para que el Senado y la Cámara puedan sesionar de esa forma, algo inédito en la historia de Colombia, pero que, de todas formas, que se ha venido probando en los últimos días.
Adicionalmente habrá que superar la división que hay entre los partidos políticos, algunos de los cuales ha advertido inconvenientes jurídicos en lo que haga el Congreso durante esas sesiones, las cuales, además, no están contempladas en su reglamento.
La decisión presidencial apoyó la petición de varios sectores de oposición, los cuales habían venido insistiendo en que se autorizara esta modalidad para sesionar y para avanzar, entre otros temas, en la revisión de las normas que ha emitido el Gobierno a la luz del estado de emergencia.