La Asamblea Nacional busca sacudirse del escándalo por el denunciado cobro de ‘diezmos’ a servidores que involucrarían a varios asambleístas.
Se planteará en el Pleno ir a una depuración interna. De darse esto sería la segunda purga en 21 años, luego que en 1997 el Congreso destituyó a 17 diputados involucrados en la llamada Red Peñaranda.
Otro camino es el judicial como lo plantea el asambleísta Fabricio Villamar (CREO), que receptó denuncias de cobros de un porcentaje del sueldo a personal a contrato bajo el manto de “aportes voluntarios”.
Una tercera vía es la reforma a la Ley de Servicio Público presentada por Jorge Yunda (AP), que da estabilidad laboral a los que denuncien estas prácticas en todas las instituciones.
La Asamblea ya aprobó el 6 de septiembre una resolución que para Villamar es tibia, pues en medio de una investigación pide “preservar el buen nombre de los asambleístas y nada se dice de la erradicación de la corrupción, casa adentro”.
Ante ello, hoy pedirá incluir en la agenda del Pleno el tema, y que se integre una comisión que establezca quiénes podrían estar implicados en el cobro de ‘diezmos’, que podría llevar a la destitución de asambleístas.
En las denuncias receptadas por Villamar hay tres exlegisladores: Ángel Vilema, antes AP denunciado por Luis Salgado y José Garzón, proceso que está en la Fiscalía; Vanessa Fajardo (AP) por denuncia de Vicente Torres, y Leandro Cadena (IND), acusado por Viviana de la Cadena, caso judicializado.
En la lista de los actuales asambleístas está Johana Cedeño (AP), denunciada por Vanesa Guerra, y como pruebas se presentaron depósitos y mensajes de WhatsApp en los que se pide que se “pongan al día” y que las contribuciones incluían los décimos, a mas de mensajes donde se solicita la compra de telas y se detallan características y la dirección del almacén.
Andrea Utreras denunció a Karina Arteaga (AP), tiene mensajes de WhatsApp. La asambleísta sostiene que su denunciante trabajó desde el 1 de enero de 2018 por dos meses, que pidió su separación porque no cumplía con sus expectativas laborales, y que ella nunca recibió un centavo; pero se enteró de que alguien pasaba por los despachos exigiendo cobros para el movimiento.
A Norma Vallejo (AP) la acusan Doris Vaca y Carlos Robles, presentaron transferencias bancarias, fotos y chats. Vallejo está dispuesta a que se revisen sus cuentas y asegura que no conoce de una denuncia y si la hay responderá.
El denunciante de María José Carrión (AP) no quiere que se exponga su nombre.
Raúl Auquilla, antes CREO y ahora PSC, es denunciado por Elizabeth Guachilema.
Fernando Flores (CREO), por Becker Miño, esta semana el legislador dará su versión; y Tito Puanchir (PK) es señalado por Martha Campoverde, quien dice que le pidió $ 6 mil como anticipo por un cargo que nunca le dio. Puanchir afirma que la denunciante es su amiga, y que le prestó $ 6 mil, que hay un compromiso de pago y tiene una citación judicial, que hasta ahora le ha pagado $ 4 mil.
Hay otra denuncia contra Sebastián Palacios (SUMA), pero por supuesto tráfico de influencias; el proceso lo presentó en la Fiscalía Washington Añasco. El legislador anuncia acciones judiciales pues asegura que jamás recibió un centavo, y que Añasco le pidió cargos, presiones a las que nunca accedió.
Para Gabriela Rivadeneira (antes AP), se busca show mediático, y recuerda que en 2015 la Contraloría ya realizó un examen general a la Asamblea.
Esteban Bernal (CREO) cree que se debe reforzar el control del área de personal hacia los asesores y auscultar la producción de los asambleístas.
María Mercedes Cuesta (FE) es partidaria de una investigación con la Fiscalía de los tres últimos periodos. Para Henry Cucalón (PSC), lo más lógico es que la Controlaría investigue a todos los legisladores, y sean procesados por la Fiscalía.
Raúl Tello (BIN) también considera que la investigación la haga la Fiscalía y no la Asamblea, para que no actúe como juez y parte, y si hay responsabilidades penales ir a la destitución de los asambleístas.