Uno de los principales compromisos de campaña de la socialista Michelle Bachelet para llegar por segunda vez a la presidencia de Chile en marzo de 2014 fue una nueva Constitución. Pese a que para la inmensa mayoría de la población el debate resulta incomprensible por su complejidad, el cambio de la Carta Magna redactada por el régimen de Augusto Pinochet en 1980 se transformó en una demanda ciudadana y en una bandera de lucha de movimientos y partidos que fue acogida por la socialista como candidata y presidenta. El martes, después de meses de intenso debate, la mandataria informó de los detalles del proceso a través de un canal de televisión.
“La actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía [...] Ha llegado el momento de cambiarla. Chile necesita una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular”, señaló durante una intervención de casi ocho minutos.
La principal sorpresa del anuncio es que no habrá una nueva Constitución antes de que en marzo de 2018 acabe el periodo de Bachelet, que cuenta con mayoría en ambas cámaras. Aunque la presidenta señaló que “el proceso de elaboración de una nueva Carta Magna ya está en marcha”, y detalló exhaustivamente cada una de las etapas, serán las autoridades parlamentarias elegidas a fines de 2017 las que deberán elegir el mecanismo entre cuatro opciones: la formación de una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la convocatoria a una Asamblea Constituyente; y la convocatoria a un plebiscito por parte del Congreso, para que sea la ciudadanía la que elija entre las anteriores alternativas.