Comisión comenzó tratamiento del proyecto de reforma constitucional

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11 Junio 2020

* Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO

La Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales inició este miércoles 10 de junio el tratamiento del proyecto de reforma parcial a la Constitución, publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008, planteada por el Comité por la Institucionalización Democrática.

La presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas, señaló que se elaborará un cronograma de comparecencias en el que convocarán a los proponentes de la iniciativa ciudadana y a otros sectores para que den sus observaciones.

El proyecto de reforma parcial a la Constitución propone: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir las facultades de designación a la Función Legislativa, reestructurándola a través de un sistema bicameral (senadores y representantes), que prevea un sistema de designación de autoridades basado en la meritocracia, impugnación ciudadana y veeduría. A su vez, se refuerzan las facultades de fiscalización del legislativo y se instaura un sistema de control interno para sus miembros.

Además, reforma la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia del control público y fortalecer la lucha contra la corrupción. Se precisa que, de esta manera, se elimina a la Fiscalía del control del Consejo de la Judicatura y se le otorga verdadera autonomía institucional.

En el documento de iniciativa ciudadana se precisa que las reformas constitucionales propuestas buscan fortalecer tres principios: la división de poderes, el efectivo control de los actos del poder público y la calidad en la Administración Pública.

También, los parlamentarios avocaron conocimiento de la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, por el cual se indica que los proponentes de la iniciativa ciudadana de reforma constitucional cumplieron las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, es decir, con el 1 % de firmas del padrón electoral exigido para que la Asamblea debata el proyecto.

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