La Comisión Constitución de la Cámara de Diputados continúa analizando el proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos. Las inhabilidades para ejercer el derecho a la militancia, la entrega de competencias a los tribunales en materia de asuntos internos de los partidos y el estatuto de afiliación, fueron los aspectos centrales abordados en la última sesión.
En medio de la polémica suscitada entre el senador Ignacio Walker y el economista y asesor presidencial, Eduardo Engel, la Comisión Constitución de la cámara baja, aprobó una serie de observaciones al proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.
En su última sesión que contó con la presencia del ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, los diputados aprobaron por nueve votos contra dos, un listado de inhabilidades que restringen la militancia. En este sentido, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco los jueces y secretarios de los Tribunales de Justicia; los ministros, relatores, secretarios y fiscales de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, los fiscales del Ministerio Público, el Defensor Nacional y el Contralor General de la República entre otras autoridades.
Nicolás Eyzaguirre, afirmó que resulta fundamental entender la militancia como un derecho y ser lo menos restrictivo posible en esta materia. Pese a eso, advirtió: “Nos parece que todos los que en función del monopolio del uso de la fuerza, porten armas a nombre de la sociedad y aquellos que deben, de alguna forma, fiscalizar la política, incluyendo al Contralor, a los funcionarios superiores de los Tribunales y el Ministerio Público correspondería la incompatibilidad”.
Estatuto de afiliación
El proyecto de ley contempla un estatuto de afiliados, que consagra, entre otras cosas, el derecho de las personas a la afiliación a un partido político al que tenga afinidad y garantiza que el rechazo a su inclusión o su expulsión, no sea ilegal o arbitraria.