El debate que existe actualmene en Chile con relación al aporte de las empresas y privados al financiamiento de los partidos políticos y las campañas también se ha dado en otros países. Según un reporte de la organización canadiense Idea, de 180 naciones que fueron estudiadas, todas tienen alguna forma de regulación respecto al uso de dinero en la política, como la prohibición de donaciones provenientes de determinadas fuentes o la limitación del gasto en el financiamiento público.
Así, una muestra de la preocupación que genera este tema es lo ocurrido en Sudán del Sur, ya que apenas seis meses después de su independencia en 2011 se aprobó una ley de partidos políticos, con varias cláusulas sobre la contabilidad de las colectividades y una nueva legislación sobre este tema fue aprobada por el Consejo de Transición Nacional Libio cinco meses después de que se derrocara al régimen de Muamar Gaddafi (1969-2011).
De acuerdo al estudio de la Ocde sobre el tema, que fue divulgado el año pasado, de la totalidad de países miembros sólo Suiza carece de algún tipo de financiamiento público, o sea, proveniente del Estado, a campañas y/o colectividades. Del informe se desprendió, además, que de los 34 países miembro, 15 -entre los que están Reino Unido, Alemania y Japón- mantienen aportes públicos regulares a las colectividades durante todo el año. En tanto, países como España, Francia y México entregan dinero permanente a los partidos políticos y, además, hacen aportes extras en tiempos de campaña. Chile, Estados Unidos y Australia sólo mantienen mecanismos de financiamiento en épocas electorales.
El debate que existe actualmene en Chile con relación al aporte de las empresas y privados al financiamiento de los partidos políticos y las campañas también se ha dado en otros países. Según un reporte de la organización canadiense Idea, de 180 naciones que fueron estudiadas, todas tienen alguna forma de regulación respecto al uso de dinero en la política, como la prohibición de donaciones provenientes de determinadas fuentes o la limitación del gasto en el financiamiento público.