Un estudio de la fundación Esquel señala que dirigentes, candidatos, militantes de partidos políticos, personal de campaña, así como votantes miembros de la familia o grupos comunitarios, líderes religiosos, medios de comunicación, redes sociales y funcionarios estatales, participan en el círculo de ese tipo de agresión.
El trabajo que desempeñó como asambleísta y luego en la viceprefectura de Loja, motivó a Nívea Vélez para seguir en la política.
A inicios de 2019 decidió ser candidata a la alcaldía de la capital lojana por un movimiento local. Pero apenas se inscribió empezaron los ataques. Ella competía contra nueve postulantes, todos varones.
Las agresiones comenzaron con infundios que se difundían en las redes sociales. Aparecieron fotomontajes con una figura de bruja.
Vélez no los tomaba en cuenta, pero al pasar los días los chistes y burlas se transformaron en insultos e intentos de agresiones cuando iba a los barrios en la campaña. “No confrontaban mis ideas o propuestas sino mi condición femenina. Incluso un día en el mercado me persiguieron para golpearme; tuve que esconderme en una tienda”. Ese recuerdo aún le produce un temor que se revela en su voz.
Vélez no denunció ninguna de esas agresiones. Le dijeron que era algo así como los “gajes del oficio” por haberse atrevido a participar en una contienda electoral. “Imagínese la violencia naturalizada. Caí en esa trampa y no denuncié; ahora me doy cuenta de que fui violentada en todo sentido”.
En las últimas elecciones, el 66% de las candidatas sufrieron agresiones, solo por ser mujeres. Un ambiente de violencia que no solo afecta a ellas sino, también, a su entorno familiar.
Nívea Vélez tiene el apoyo de su esposo y tres hijos, pero la experiencia le dejó secuelas anímicas. “No creo que vuelva a participar en otra elección, mientras no haya un marco legal que respalde a la mujer”, dijo la excandidata que no resultó electa, pero logró el cuarto puesto en la votación de marzo pasado.
Por eso contó que al momento está preparando una propuesta de ley para que se sancione la violencia política. También se considera violentada Mayra Tasipanta, concejal del cantón Mejía, al sur de Quito, quien aseguró que las descalificaciones por ser mujer aún siguen.
La violencia en su caso -considera- vino desde el Cabildo del cantón donde, según dijo, no se le permitió ser vicealcaldesa, aunque le avala la paridad de género. Considera que debía estar en el cargo, puesto que los otros 9 concejales son hombres. Aquello motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo. La institución interpuso un recurso judicial para que se respete el principio de paridad.
En primera instancia un juzgado ordenó que se le entregue el cargo, pero el Cabildo apeló y la Corte Provincial revirtió la resolución. Ese proceso pasó a la Corte Constitucional, donde se pidió una acción extraordinaria de protección. Por ello todavía no hay un fallo definitivo sobre el caso.
La concejala aseguró que durante este proceso fue insultada desde distintos sectores. Mientras que las redes sociales se convirtieron en el lugar de las amenazas en su contra. “Me han dicho de todo, desde prostituta hasta incompetente”.
Afirmó que desconocidos empezaron a seguirla; además, envenenaron a sus perros. “Esto me afectó tanto que consideré renunciar, pero recapacité y enfrentaré a la cultura machista que me quiere relegar”, recalcó la arquitecta de profesión.
La violencia política de género no es nueva, ni tampoco aislada. Un estudio realizado por la fundación Esquel, con el auspicio de ONU Mujeres, concluyó que esto se expresa de manera psicológica, económica y simbólica.
La socióloga Judith Flores, que participó en la elaboración del análisis, dijo que nuestra sociedad se ha acostumbrado a la violencia política, especialmente contra las mujeres. Ellas están más expuestas a las agresiones cuando son candidatas y luego al ejercer los cargos.
Las contiendas políticas aplican mayor coacción a mujeres negras, indígenas o campesinas, solo por el hecho de intervenir en política. Eso repercute también en los niveles de participación. “Cada vez menos mujeres llegan a altos cargos públicos”, señaló la especialista.
El estudio “Violencia política contra las mujeres en Ecuador” señala que este es un problema estructural que atraviesa a los partidos y movimientos políticos.
De la misma manera, se encuentra en las redes sociales y medios de comunicación la comunidad, así como la familia de aquellas que participan en espacios políticos. Esto se complementa con marcos jurídicos ambiguos, poco claros o inexistentes para garantizar que la violencia se elimine. Tampoco hay espacios para visibilizarla, denunciarla o erradicarla.
La violencia política es cualquier disrupción en el normal flujo de las relaciones que se han constituido para organizar el poder estatal. “La disputa, al ser enfocada en el ámbito de las relaciones de poder, afecta por igual a las autoridades de elección popular o las nombradas por el propio Gobierno”, considera el jurista Esteban Ron.
Bajo esta concepción, se puede ver que la violencia de género en el ámbito político es más visible y una problemática mundial. Cree que, en ese sentido, lo que se puede hacer es adoptar buenas prácticas electorales para que no se propugne ni divulguen estas acciones.
Para el caso de autoridades designadas, es un poco más complejo. El propio hecho del ejercicio de su cargo supone la exposición. Sin embargo, de manera preventiva, se puede crear una conciencia de respeto.
Una lucha constitucional
Aún está muy distante el derecho constitucional a una participación igualitaria en la política con paridad de género en el país. Daniela Garcés, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, explicó por qué no se cumple esta garantía. Ella sostuvo que en los espacios de participación política, como el gabinete ministerial, la Asamblea y los cargos de elección popular, se evidencia “la falta de representatividad de las mujeres”.
La catedrática pone como ejemplo el gabinete ministerial que, a su criterio, aún está distante de garantizar la paridad de género. En mayo de 2017, ocho mujeres estaban a cargo de una cartera de Estado; es decir, el 35%.
A noviembre de 2019, tras 30 meses de gestión, el gabinete tiene cuatro mujeres como ministras, correspondiente a 24% del total de ministerios. “Sin embargo, esta paridad tiende a mejorar en los cargos subministeriales”.
En cuanto a la conformación de la Asamblea, el 62% es de hombres. “No existe una variación significativa en relación a la Asamblea 2013”, aseveró la profesora.
En cuanto a la paridad de género en cargos de elección popular en las últimas elecciones (2017), considerando alcaldías y prefecturas, la situación es aún peor. De las 221 alcaldías a escala nacional, mujeres alcaldesas hay 18, dos más que en las elecciones pasadas. Es decir que, para 2019, tan solo 8% de las alcaldías es liderado por una mujer. La situación no cambia en las prefecturas, en las que los hombres se encuentran a la cabeza del 83% de los gobiernos provinciales.
Esta situación hizo reflexionar a las autoridades electorales. El Consejo Nacional presentó una propuesta para incentivar la participación de las mujeres en las reformas al Código de la Democracia.
Actualmente, la Asamblea está preparando el informe de las reformas. Los legisladores escucharon los pedidos para impulsar la participación y sancionar la violencia. Sin embargo, el tema de la violencia política no fue considerado en el informe que irá a votación al pleno.
Dayana León, experta en género y democracia, puntualizó que no se debería poner pausas a las demandas de las mujeres, que son integrales en el acceso y representación con justicia e igualdad de oportunidades.
León dijo que los requerimientos en el ámbito electoral apuntan a tres aspectos: el primero es un riguroso seguimiento a procesos de elecciones internas de los partidos, para garantizar la paridad de género, y para identificar y sancionar la violencia política en estas organizaciones. Una segunda instancia es la seguridad jurídica para las mujeres. Van a cumplirse dos años de la Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde se tipifica la violencia política, pero es necesario armonizar su concepto con todos los cuerpos legales. Finalmente, fortalecer el rol de instituciones, como el Tribunal Contencioso Electoral, para que exista una entidad que resuelva los casos de violencia política.
Para la experta, las reformas deben potenciar las herramientas “para sancionar a quienes promuevan y ejerzan acciones orientadas a la deslegitimación de candidatas, autoridades, lideresas y mujeres en las fases preelectoral, electoral y poselectoral”. Además, a quienes promuevan o cometan actos de discriminación u odio contra mujeres y personas LGBTI, en todo el ciclo electoral.
La violencia política sí se analiza en la nueva Reforma del Código Electoral, cuya votación se prevé sea el jueves 28 de noviembre.