La Asamblea Legislativa y otras entidades de carácter nacional y subnacional carecen de un reglamento específico para atender los hechos de violencia y acoso político; esto dificulta la atención integral de esos casos.
La representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, explicó a La Razón que a excepción del Concejo Municipal de La Paz, ninguna entidad pública cuenta con ese instrumento legal para atender y resolver las denuncias, en el marco de lo que señala la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
“Ninguna institución pública ha dado cumplimiento a ley, ni siquiera la Asamblea Legislativa, por eso es que varias de las situaciones que estamos viendo de acoso y violencia política no tienen a dónde llegar”, explicó.