En su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra mencionó el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales como uno de los cuatro temas que busca someter a referéndum.
Aunque el Ejecutivo aún no detalla en qué consistirá la propuesta, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, adelantó en una entrevista publicada ayer por este Diario que “definitivamente tiene que haber financiamiento privado” y que lo que se busca es “transparentar de mejor manera los recursos privados”.
Los cambios legales más recientes sobre el tema datan de noviembre del 2017, cuando la Ley 30689 modificó la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).
Expertos consultados por El Comercio, sin embargo, resaltaron la complejidad de someter a referéndum el tema.
Para Fernando Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el financiamiento privado no requeriría modificación constitucional, sino cambios a la Ley de Organizaciones Políticas. “No creo que exista algo que merezca incorporarse a la Constitución sobre ese tema. En lo que ya más o menos hay acuerdo está incluido en la ley”, manifestó.
Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, consideró que el referéndum sobre el tema es posible, pero “depende de la claridad con que se formulen las preguntas y de la labor de información y difusión que se haga”.
Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, recordó que la Constitución de 1993 fue una norma general que también se sometió a referéndum. Asimismo, advirtió que la ley de publicidad estatal será un problema para que el gobierno difunda su posición a la ciudadanía. “Esto demuestra cómo el prohibir a rajatabla la publicidad en medios tiene una serie de consecuencias”, señaló.
Aun así, sea por vía constitucional o una modificación de leyes ya existentes, advirtieron que hay puntos pendientes de regulación.
1. Financiamiento público en campañas electorales.
Tuesta sostuvo que un asunto pendiente por evaluar es la entrega de dinero público para los partidos en campaña electoral, además del que se otorga desde el 2017 a agrupaciones con representación congresal.
“El partido reduce así sustantivamente la necesidad de extender la mano. El privado está en una situación de ventaja, lo va a condicionar. Nadie entrega dinero por gusto”, dijo. Távara apuntó que se tendría que definir si la medida se aplicaría a todas las campañas, pues los comicios generales representan los mayores gastos.
2. Sanciones penales por recepción de dinero ilegal.
Esto no solo se aplicaría para las campañas electorales, sino también para el funcionamiento normal de los partidos. En ese sentido, Távara planteó que el Código Penal tipifique el delito de financiamiento ilegal.
Para un mejor control, explicó, “debería involucrar tanto a aquel que entrega más dinero de lo permitido o de una fuente de procedencia ilegal, pero también al partido que recibe dinero de procedencia ilegal o por encima de lo permitido”. Entre las sanciones, sugirió la exclusión del partido del registro de organizaciones políticas o sanciones penales que pueden llevar incluso a la cárcel a aquel dirigente que recibe dinero de fuente prohibida.
Medina recordó que hay proyectos de ley presentados al respecto.
3. Topes a los gastos de campaña electoral.
Según Távara, si bien hay topes para lo que una persona puede aportar, también deberían establecerse para los gastos.
“En los últimos períodos electorales, el costo de las campañas se triplicó. Pero la calidad de la representación política no mejoró. Entonces, no es que a mayor gasto en campaña, mejores autoridades”, manifestó.
Para Medina, la medida es discutible. “Tiene la ventaja de fomentar la equidad, pero no es fácil de controlar”, dijo advirtiendo sobre posibles excesos.
4. Incrementar la franja electoral en campañas.
Tuesta planteó esto al advertir que la gran parte del dinero de las campañas electorales se va en publicidad en medios de comunicación, principalmente la televisión. Con esta medida, indicó, se ayudaría a cubrir los gastos que ocasiona hacer política, nuevamente para reducir la dependencia del dinero privado.
Medina propuso establecer un registro de proveedores de servicios de campaña, como medios de comunicación y publicidad, para que la verificación sea más eficaz. Ello, agregó, permitiría una mejor capacidad para contrastar los informes partidarios. Para él, hay que “repensar la franja electoral. La actual no es útil, es muy poco efectiva y costosa. Cuesta aproximadamente US$10 millones. Y la relación costo-beneficio es muy baja”.