A cuatro días del referéndum que incluye una pregunta sobre el financiamiento de organizaciones políticas, el pleno del Congresoaprobó la incorporación del delito de financiamiento ilícito a partidos en el Código Penal.
El artículo incorporado señala que "el que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo [...] es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años".
Asimismo, agrega: "La pena privativa de libertad es no menos de cinco años ni mayor de quince años y de 120 a 350 días multa si el valor del dinero, bienes, efectos, o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 UIT [S/. 2'075.000].
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, explicó que con esta modificación al Código Penal se está "creando un tipo diferente de lavado de activos con una pena menor". "Han dejado fuera un conjunto de otras infracciones punibles. El pitufeo, por ejemplo", añadió el especialista en temas anticorrupción.
-Coalición express-
La semana pasada se buscó meter este proyecto al debate en el pleno, pero dos bancadas [Peruanos por el Kambio y Alianza para el Progreso] retiraron sus firmas y el pedido perdió peso para ampliar la agenda y el tema pueda ser visto.
Esta semana solo les bastó con las firmas de Fuerza Popular y el Apra para introducir un texto sustitutorio, elaborado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra. Ambas bancadas lograron el mínimo requerido, 66 votos, para su cometido. Esto último gracias a que Fuerza Popular aún no acepta la renuncia de Úrsula Letona, pues con su salida solo alcanzaban 65, uno menos de lo requerido.
Pese a que no apoyaron con sus firmas para introducir el texto sustitutorio en el pleno, la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio votó a favor de la cuestionada modificación.
Fueron tres votaciones para esta modificación: una cuestión previa presentada por el Frente Amplio para que el tema vuelva a comisión, la primera votación sobre el tema de fondo y la exoneración de la segunda votación para la emisión de la autógrafa que será remitida al Poder Ejecutivo.
En la cuestión previa, Fuerza Popular y el Apra votaron en contra, con el apoyo 7 oficialistas [Bruce, Dávila, Guía, Meléndez, Oliva, Sánchez y Violeta]; un miembro de Alianza para el Progreso [Edwin Donayre]; y el no agrupado Pedro Olaechea. Fueron 33 votos a favor, 67 en contra.
En la votación de fondo, la situación fue similar: Fuerza Popular y el Apra votaron a favor en bloque; en Peruanos por el Kambio -salvo Clemente Flores- votaron a favor, junto a votaciones individuales del apepista Edwin Donayre y los no agrupados Pedro Olaechea, Lizbeth Robles, Estelita Bustos y Clayton Galván. Fueron 66 votos a favor, 30 en contra y 6 abstenciones.
Para la última votación, la exoneración, en la bancada oficialista solo una congresista votó a favor: Janet Sánchez. Los votos a favor se redujeron a 56 votos respecto a la votación previa. Esta última votación ocurrió en medio de los reclamos de las bancadas de izquierda.
Mientras el congresista Segundo Tapia, a cargo de la dirección del debate en ausencia del presidente Daniel Salaverry, se filtraron las voces de su colega fujimorista Yeni Vilcatoma y del aprista Mauricio Mulder apurándolo para cerrar la sesión y no ver más temas hasta mañana. Tapia accedió pese a que el relator ya había anunciado que entrarían al debate del dictamen que proponía modificar la Ley del Código al Consumidor.
El Poder Ejecutivo, una vez recibida la autógrafa, tiene 15 días para decidir si promulga u observa esta norma. Fuentes del Ejecutivo indicaron a este Diario que el presidente Martín Vizcarra se pronunciaría sobre el tema el viernes durante la firma del contrato de Chinchero, en Cusco.