En los últimos años, el rol del dinero en la política se ha vuelto un tema de interés alrededor del mundo. Lo que una vez fue descartado como una preocupación sin importancia de algunos individuos de espíritu cívico, ha crecido hasta convertirse en un crescendo de protestas públicas por escándalos políticos y prácticas corruptas que han sido descubiertas a lo largo y ancho del planeta.
En respuesta a esto, muchos países han decidido hacer reformas legislativas en esta vía y han contado con muy buena aceptación, dado que estas son fundamentales para lograr el desarrollo de un sistema de financiamiento de partidos que inspire confianza. Sin embargo, también queda claro que incluso estando detallada y bien balanceada, la legislación no es suficiente a menos que cuente con mecanismos fuertes de monitoreo e implementación.
Pese a que hay algunas similitudes en las regulaciones, el panorama político varía entre los países, el enfoque de cada uno es influenciado por las prácticas que han sido establecidas desde tiempos previos y su exposición a escándalos u otros temas relacionados con financiamiento político.
En países donde existen sistemas no regulados de financiación pública o privada, los partidos se han acostumbrado a elaborar métodos “creativos” y en ocasiones inapropiados de financiamiento. Con ese contexto e historia, no es difícil para los partidos romper los patrones de corrupción, incluso cuando ya se ha instituido un sistema de financiamiento previamente.
El alcance de las regulaciones relacionadas con financiación política y sus métodos de implementación dependen de los pormenores del marco legislativo y de los poderes de vigilancia e investigación. Las regulaciones que son débiles, resultan imposibles de cumplir y debilitan aún más la confianza pública. De igual manera, cuando las regulaciones son excesivamente fuertes, son imposibles de cumplir y obligan a los partidos y candidatos muchas veces a eludirlas.
Con miras a lograr un balance entre las regulaciones ambivalentes y las detalladas, los compromisos alcanzados con frecuencia inciden en el nivel de implementación, que en la práctica es el componente más importante de cualquier regulación sobre financiamiento político. Independientemente de las razones para tomar acción en esta área y las diversas aproximaciones que pueda tener, el objetivo principal es universal: crear un sistema político más transparente y de rendición de cuentas libre de influencias inapropiadas.
Entonces, ¿Cómo deberían ser algunas de estas regulaciones? Pareciera que las regulaciones deberían procurar lograr un sistema que no solo preserve las oportunidades para que todos los ciudadanos puedan participar equitativamente, sino también permitir suficientes recursos para una competencia sostenible entre partidos políticos, tanto en actividades electorales como representativas.
En adición a esto, el financiamiento debería: aplicarse de forma proporcional para quienes gobiernan, la oposición y partidos emergentes o recién establecidos; reducir los candidatos, partidos políticos y funcionarios elegidos por la influencia desproporcionada de grandes donantes; y ciudadanos libres que no estén presionados por los partidos para dar apoyo financiero.
Para lograr estas metas, las mediciones más comunes para regular la financiación política están bien documentadas y muchas de ellas están siendo aplicadas con resultados mixtos alrededor del mundo. Esto incluye financiamiento público, acceso gratuito a los medios, límites en los gastos, regulación a las contribuciones divulgación y presentación de informes sobre ingresos, gastos y donaciones.
Los partidos políticos son gran parte del problema cuando se trata de temas de financiamiento y por esto deben convertirse en parte de la solución. Los partidos han actuado lentamente en el desarrollo de las soluciones, es por esto que una ciudadanía informada y activa se convierte en una influencia importante para la movilización de la opinión pública, para que partidos políticos y sus líderes rindan cuentas.