Y ocurrió por fin, después de un año de espera la Presidenta de la República se pronunció sobre una de sus reformas más relevantes, el procedimiento que se impulsaría para desarrollar el cambio a la Constitución. Ello en medio de un clima complejo no sólo por la acelerada baja en la aprobación de la gestión del Gobierno, sino que también por el desprestigio generalizado del mundo político salpicado, cual mas cual menos, por escándalos de corrupción.
En tal sentido, la decisión fue audaz e inteligente, porque independiente que el cambio a la constitución y la asamblea constituyente tiene amplios niveles de apoyo, tal como muestra la reciente encuesta de Chile 21 que sitúa el cambio a la constitución con 78% de apoyo y la alternativa de asamblea constituyente con un 69% de las preferencias, lo cierto es que falta mucho todavía en términos de educación ciudadana, promover la corresponsabilidad en el debate y darle densidad al proceso mismo que podría implicar, entre otras cosas, dinamizar nuestro alicaído ambiente político nacional y las alternativas de proyecto disponible.
En por esta razón que la apuesta fue acertada por varias razones y constituyen una buena noticia.
Primero, porque puso el énfasis en el proceso y con ello me refiero a la dinámica político y social que se debe gatillar para llegar a puerto, independiente del mecanismo e incluso de los contenidos, porque en ello se juega la legitimidad social que requiere el resultado.
Segundo, porque habría sido difícil para el gobierno impulsar con fuerza una alternativa de cambio a la constitución ahora, con bajos niveles de apoyo ciudadano y con un desorden inusitado en su coalición particularmente dividido en estas materias.
Tercero, porque si bien el debate constitucional es de máxima importancia, no hay que olvidar que en la actualidad se discuten paquetes de reformas clave para cumplir la promesa de romper la desigualdad, como son la reforma laboral, la educacional y la de probidad y Transparencia y accountability, todas ellas con impacto significativo en el combate a la desigualdad social, cultural y política.