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Las 6 ideas centrales del proyecto para el Fortalecimiento y Transparencia y accountability de la Democracia

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El proyecto para el Fortalecimiento y Transparencia y accountability de la Democracia en Chile ya está redactado y durante estos días, la ministra del Segegob, Ximena Rincón, se ha reunido con los distintos dirigentes de los partidos para darles a conocer la propuesta, informó El Mercurio. Este apunta a cuatro grandes objetivos: dotar de mayor equidad a la política, otorgar más Transparencia y accountability y evitar eventuales conflictos de interés, que las campañas estén regidas por la equidad y el respeto a la ciudadanía, y fortalecer el rol preponderante que tiene el Servicio Electoral. Según afirmó Rincón, “el Gobierno busca un sistema en el que las personas naturales, y no las jurídicas, sean las facultadas a hacer donaciones a las campañas”. “Es evidente que permitir el aporte de personas jurídicas puede, como ocurre con frecuencia en nuestro país, generar candidaturas con amplio acceso a recursos económicos para campañas, que otras no pueden igualar”, dijo. También remarcó: “Creemos que los aportes reservados y anónimos deben desaparecer”. 

Aportes permanentes a los partidos y límite al gasto electoral 

El proyecto propone una serie de modificaciones a la Ley Nº 19.884 sobre Transparencia y accountability, Límites y Control de los Gastos Electorales, con el objetivo de propiciar una “mayor equidad en la política y en las campañas”. Aquí se establecen dos tipos de aportes estatales a los partidos políticos. El primero son aportes basales trimestrales para los partidos políticos que cumplan con las normas legales vigentes para que puedan contar con recursos para el desarrollo de actividades de investigación, fomento de la participación femenina y de formación cívica. El segundo consiste en un “incremento significativo” en el aporte que el Estado le entrega a los partidos al inicio de las campañas electorales. 

Franja radial gratuita, distribución de suplementos electorales en la prensa y prohibición de propaganda en espacios públicos

 Con el objetivo de potenciar el “voto informado” de la ciudadanía, el proyecto propone la creación de una franja electoral radial que tendrá dos características: obligatoria y gratuita. Así, se logrará “permitir el acceso igualitario de los candidatos y sus partidos a los medios de comunicación masiva”. También se enfatiza en la necesidad de “regular la propaganda en la prensa escrita”. Es por eso que se propone la creación de un suplemento electoral el que se tiene que distribuir por los medios de prensa, con información de los candidatos de la región donde dicho medio se distribuya. La propaganda en espacios públicos se verá limitada, permitiendo que solo excepcionalmente se puedan autorizar plazas públicas por el concejo municipal para tal efecto. Se propone que las municipalidades tengan la facultad de definir los espacios urbanos en los que se pueda instalar la propaganda.

 “Registro de proveedores” para las campañas 

Se creará el Registro de Proveedores, donde deberán inscribirse todas las personas naturales y jurídicas que prestarán servicios o suministrarán bienes a los candidatos y partidos políticos en el periodo de campaña. La idea es permitir “un examen previo de los proveedores, evitando la existencia de ‘empresas fantasma’ u otra clase de vicios de naturaleza similar o conexa”. Los candidatos y/o partidos políticos solo podrán “efectuar pagos por concepto de gastos electorales a proveedores inscritos en este registro”. 

Fortalecimiento del Servel y el control de gasto 

Se entregará una nueva estructura y nuevas atribuciones al Servicio Electoral, entregándole la facultad que le permita velar adecuadamente por la eficacia de la ley. Dentro de este organismo, se creará la Subdirección de Control del Gasto Electoral, cuyo objetivo será colaborar con el director del Servicio en la auditoría y control de las normas sobre Transparencia y accountability, control y límites de los gastos electorales. En cuanto a las sanciones, este proyecto de ley establece penas para el candidato o Administrador General de los Fondos de partidos políticos que obtenga aportes estatales, mediante falsedad o engaño. Las penas se remiten a las establecidas para los delitos de fraude al fisco en el Código Penal.