Villalba, presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Baja, dijo que “lastimosamente” el proyecto de modificación de la ley de financiamiento político para establecer controles más estrictos y evitar que el “dinero negro” se utilice en las campañas electorales no tiene el visto bueno de los partidos. Apuntó además, que la mayoría de los legisladores tienen muy en cuenta la postura de la agrupación política a la que pertenecen cuando se trata de un proyecto cuya aprobación tendrá consecuencias político-partidarias.
Indicó que, eventualmente, quedará en esfera de la responsabilidad y la conciencia individual de los legisladores aprobar una ley necesaria actualmente. Agregó que muy pronto ingresaremos en una etapa electoralista que hará más complicado tratar el proyecto en cuestión.
Respecto a la reposición del subsidio electoral estatal que el Senado incluyó anteriormente en el proyecto y que motivó el veto del Poder Ejecutivo, Villalba dijo que el problema que surge es que al no contar con el respaldo del dinero público, se abre la posibilidad de que los partidos o candidatos busquen financiamiento de personas ajenas al proceso electoral.
Señaló que recolectar fondos para la campaña electoral es hoy día una necesidad y, al no contar con ayuda del partido ni del Estado puede llevar a recibir dinero de personas extrañas al ambiente político que luego “pasan la factura” exigiendo ganar licitaciones o recibir favores para beneficio particular en negocios con el dinero público.
Una de las principales novedades del proyecto que modifica la Ley 4743/12 de financiamiento político, presentador por los diputados liberales Amado Florentín, Jorge Ávalos Mariño y Sergio Rojas es que extiende a la interna de los partidos los controles sobre el dinero que se utiliza en las campañas electorales. La normativa obliga a que los partidos deban informar a la Justicia Electoral y a la Contraloría sobre sus gastos de campaña y también el origen de los fondos.