Una innovación en Bolivia es la democracia intercultural: reconocimiento pleno a la existencia del otro, diferente; igualdad jerárquica en su tratamiento, no se admite una relación de inferiorización o subordinación al otro ni de dominación; y una relación entre los distintos que sea de complementariedad o convivencia.
La democracia electoral requiere organizaciones políticas sostenibles, institucionalizadas y con ciertas capacidades para competir y ejercer el poder. En el complejo contexto boliviano, caracterizado por múltiples fracturas socioeconómicas y culturales, los partidos se convierten en portadores de una visión política y un proyecto de país que trasciende las particularidades (sociológica, identitaria, territorial o sectorial propia de la representación social), y tienen la capacidad de trazar esas múltiples dimensiones de la realidad en un horizonte político común, ésa es la cualidad que las distingue. En el libro Partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Para una democracia intercultural (Órgano Electoral Plurinacional, 2014) se enfatiza algunos ejes analíticos sobre el desempeño de los partidos en 30 años de democracia en Bolivia, mediante una cuidadosa revisión hemerográfica y documental, además de entrevistas con actores y especialistas.
El primer eje es la democracia interna. Al respecto, en los años 80 y principios de los 90 se revelaba la carencia de una verdadera práctica democrática al interior de las organizaciones, el predominio de una cultura fuertemente elitista, la apropiación de los partidos por parte de los liderazgos y entornos de poder, así como la arbitrariedad en el manejo de las candidaturas y cargos políticos; lo cual, sin duda, repercutió en la crisis de credibilidad no solo en los partidos sino en el sistema democrático.
FORMAL. Los partidos compartían una serie de rasgos comunes: una estructura formal en cuya cúspide se encuentran los congresos o asambleas, pero en realidad son las instancias ejecutivas alrededor del liderazgo las que centralizan las decisiones; coaliciones dominantes portadoras de recursos de poder y de control de las zonas de incertidumbre, que constituyen jefaturas prácticamente insustituibles.
Otro rasgo constatado en la investigación es la gran distancia entre los estatutos aprobados y presentados al Órgano Electoral y la práctica cotidiana de la organización; en ocasiones, estas normas son utilizadas a conveniencia por las dirigencias para mantenerse en el poder. En realidad, el Organismo Electoral no se llegó a involucrar directamente en los procesos de elecciones internas ni para candidatos, ni para renovación de dirigentes, a pesar del mandato claro que establecía la ley. De ahí que se requiere trabajar en diversos sentidos: por una parte, fortaleciendo las capacidades institucionales y de autoridad del Órgano Electoral para reglamentar y hacer cumplir las normas a los partidos; por otra, en las propias organizaciones, generando interacciones recíprocas más fluidas entre dirigentes y bases, y entre organizaciones y ciudadanía para ejercer un control desde arriba y desde abajo, buscando equilibrios de poder internos; y, por último, trabajar en la construcción social de una cultura política democrática en los distintos niveles de interacción social.
Otro eje crítico es el financiamiento a la política. La política partidaria requiere contar con recursos económicos para su funcionamiento, destinados a tareas necesarias como la consolidación institucional de las organizaciones políticas, una infraestructura mínima de funcionamiento, la formación de liderazgos y de la militancia, la sostenibilidad de la organización, la recreación de los vínculos con la sociedad, la democratización interna, entre otras; así como para competir en un mercado electoral cada vez más amplio y complejo.
En las casi dos primeras décadas de ejercicio de la democracia, los partidos financiaban de manera privada sus actividades políticas. Los problemas eran, por una parte, las fuentes de financiamiento ante una necesidad cada vez más creciente de recursos y, por otra, una legislación electoral muy laxa y poco precisa en relación con los partidos, que impedía una regulación y fiscalización adecuadas. Los riesgos del financiamiento privado eran varios; los principales, que el partido quedaba capturado por la empresa que había aportado y la falta de Transparencia y accountability en el manejo de fondos. Dirigentes políticos coincidían en la necesidad de fiscalizar los orígenes y manejos financieros de los partidos por varias razones; entre ellas, evitar las grandes inequidades en los aportes a la actividad política de los distintos partidos, pues mientras unos recibían importantes sumas provenientes de sectores empresariales solventes o donantes anónimos, otros apenas contaban con aportes de militantes o candidatos. Esta situación fue negativamente percibida por la población, que fortaleció su visión ya negativa que había ido acumulando sobre los partidos políticos.