Desde hoy rige la ley que prohíbe al Estado contratar publicidad en medios privados. Tras su publicación en el diario oficial “El Peruano”, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros inició un análisis jurídico para medir el impacto que tendrá en las campañas de ministerios y organismos públicos descentralizados, de acuerdo con el Plan Estratégico Publicitario 2018, que se publicó en febrero último.
Fuentes del Ejecutivo comentaron a El Comercio que “se quedarán en el aire” campañas multisectoriales como la del bicentenario, otra sobre igualdad entre hombres y mujeres y una tercera sobre valores. La segunda es prioritaria teniendo en cuenta el alto índice de casos de violencia contra la mujer.
Hasta ayer, la PCM elaboraba un consolidado de la información que el Estado dejará de comunicar a la población.
De acuerdo con información recogida de los ministerios por este Diario, entre las campañas publicitarias oficiales afectadas se encuentran las jornadas de vacunación, de prevención contra el friaje y las heladas, los simulacros nacionales de sismos y las convocatorias a los simulacros nacionales [ver gráfico].
El presidente Martín Vizcarra anunció ayer en Twitter que esta semana el Ejecutivo presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la norma, a la cual volvió a calificar de “ley mordaza”.
Agregó que se evaluarán otras medidas para evitar que “se afecte la obligación del Ejecutivo de comunicar las acciones y servicios” que brinda a la población.
El primer ministro César Villanueva adelantó el viernes que entre los caminos por considerar está la presentación de un proyecto de ley al Congreso para regular mejor la publicidad oficial.
—“Se evaluará”—
El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, cuestionó ayer al presidente del Consejo de Ministros por haber dicho que la ley de publicidad iba a inmovilizar las acciones del gobierno en 95%. Sin embargo, en entrevista a este Diario, Villanueva se refería a que se afectará en ese porcentaje la capacidad de informar a la población sobre actividades y campañas.
Salaverry también expresó que “ninguna ley está escrita en piedra” y más adelante se hará un seguimiento a la norma “para saber si es efectiva o si requiere hacer una corrección”.
El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, estimó que hoy deben tener redactada la demanda ante el TC que promueve su bancada y que el viernes la podrían presentar. Violeta comentó que había sostenido conversaciones con legisladores que votaron en contra de la medida en el pleno y con aquellos que no participaron en el debate para que se sumen.
De acuerdo a ley, se requieren 33 firmas de legisladores para proceder con la demanda. Legisladores como Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, indicaron a este Diario que podrían apoyar la acción de inconstitucionalidad.
Quienes no se pronunciaron en esa línea fueron Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso). El primero consideró que la iniciativa de Mulder es inconveniente, “pero no es inconstitucional”. En tanto, Espinoza, quien es periodista de formación, opinó que la norma puede afectar la comunicación del Estado en temas de vacunación, pero no la libertad de expresión.