La agenda de reforma política ha llegado para quedarse no sólo en Chile, sino que en buena parte de las democracias del mundo. Basta ver las discusiones que están llevando adelante países como España, Colombia o Brasil, pero también dilemas como los que enfrenta México a partir de la vulnerabilidad que enfrenta uno de los pilares de su régimen político, el estado de derecho. Por cierto, esto no es de extrañar, ya hace años el fallecido politólogo Guillermo O’Donnell nos recordaba que, la democratización es un movimiento permanente y una auto pedagogía colectiva.
Nuestro país no escapa a esta discusión, de hecho, hace años se instaló la idea de impulsar una serie de reformas políticas para hacerse cargo de las debilidades de nuestra democracia, especialmente a partir de la constatación de la llamada “crisis de representación”. Así se han impulsado iniciativas cuyo alcance ha sido limitado, pero también políticas de profundo impacto, como la inscripción automática y el voto voluntario que, independiente de los objetivos buscados, implicó profundizar la caída que ya veníamos experimentando en materia de participación electoral en las últimas décadas.
Al tiempo, estamos en plena discusión de la reforma al sistema electoral, que ha encontrado una serie de objeciones dentro de los propios legisladores (cuestión más o menos evidente cuando quienes discuten las reformas son juez y parte de las reformas) y en los próximos días, de acuerdo a lo anunciado por el ejecutivo, iniciaremos el debate sobre el financiamiento de la política y más adelante el de reforma a los partidos. Sin perjuicio de esto, lo avanzado en dos décadas en materia de reforma política, nos permite extraer dos aprendizajes importantes. Lo primero, tener una mirada global es necesario, lo que no significa hacerlo todo a la vez, pero si entender que no hay reforma política que opere en el vacío. Todas, en mayor o menor medida, afectan al conjunto del sistema político, razón por la cual no es posible soslayar esta discusión.
Esto implica, entre otras cosas, no sólo un esfuerzo de agenda, sino que también de jerarquización y de orden en el debate parlamentario, donde el manejo de urgencias desde el Ejecutivo es central. Lo segundo y más importante aún, se hace necesario pensar que toda reforma requiere respeto, atención y cuidado con las instituciones, entendidas estas como las reglas del juego socialmente aceptadas. En tal sentido, un cambio en las reglas del juego democrático requiere que las medidas que se adoptan sean en base al bienestar común, en función de un análisis riguroso sobre sus efectos en el conjunto del sistema y buscando con ello la estabilidad o el balance de poderes (que es, por cierto, algo muy distinto al statu quo).