Transparencia y accountability en Partidos Políticos (Chile)

Artículo
10 Agosto 2015

 

A continuación la columna de opinión de Alberto Precht director  ejecutivo de Chile Transparente

 El Gobierno ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley de Partidos Políticos. Entre las materias que aborda se encuentra la Transparencia y accountability y publicidad de diversos aspectos de estas organizaciones. Si bien el mensaje del proyecto va en la dirección correcta, el articulado se queda corto en los deberes que impone. Además, utiliza un marco normativo equivocado para tratar el acceso a la información y Transparencia y accountability, ya que debiera ser la Ley de Acceso a la Información, como lo es en muchos países del continente, la que regule estas obligaciones respecto a estos sujetos obligados. 

Por otra parte, la iniciativa es mezquina en cuanto a las obligaciones de Transparencia y accountability que impone. De hecho, si lo comparamos con los 30 estándares de publicidad que debieran estar disponibles en las páginas web de cada uno de los partidos y que consideramos como deseables, solamente contempla ocho. 

Respecto a cómo rendir los ingresos y egresos de los partidos, este proyecto de ley debiera ser mucho más exhaustivo y detallado, estableciéndose un marco mucho más claro que el mero deber de informar. Por ejemplo, si el Consejo para la Transparencia y accountability asume como garante de su cumplimiento, es imprescindible que dicte una instrucción general a las colectividades, especificándoles cada uno de los puntos necesarios para que cumplan sus obligaciones en esta materia, yendo por supuesto en sintonía con las exigencias que debe hacer el Servicio Electoral (Servel) en cuanto a rendición de cuentas. 

También es necesario que el Consejo para la Transparencia y accountability sea la institución encargada de velar por el cumplimiento y fiscalización de estas normas. El motivo, es que el Servel enfrenta desafíos muy relevantes en varias aristas relacionadas con los partidos políticos y elecciones, en un escenario en que la institucionalidad chilena cuenta con otro órgano altamente competente y especializado en estas materias.

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