Partidos Políticos

El 77,8 % de los brasileños ha dejado de confiar en los partidos políticos, de acuerdo a un estudio académico divulgado hoy por el diario O Estado de Sao Paulo, según el cual ese grado de recelo es el más alto registrado en la historia del país.

El estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnológica (INCT), vinculado al sistema de universidades públicas, y fue publicado cuando el país está a poco más de tres meses de una elección presidencial y con el clima político enrarecido por graves escándalos de corrupción que afectan a casi todos los partidos.

En comparación con un sondeo similar hecho por el mismo INCT en 2014, el porcentaje de personas que ha perdido la confianza en los partidos políticos casi se ha duplicado.

Hace cuatro años, cuando se realizaron las últimas elecciones, un 46,4 % de los brasileños manifestaban desconfianza en la política, en tanto que en 2006 esa tasa llegaba al 36, 7 %.

Los principales motivos de ese recelo, de acuerdo al estudio difundido por O Estado de Sao Paulo, son precisamente la corrupción, la pérdida de representatividad de los partidos y el poco espacio que existe para una participación más directa de los ciudadanos en la política.

"El aumento de la desconfianza era esperado, pero no que fuera de esa magnitud entre 2014 y 2018, que es totalmente distinto a lo que se había detectado en otros sondeos", dijo al periódico el director del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Campinas, Oswaldo Amaral, uno de los coordinadores del estudio.

Según Amaral, el escepticismo en relación a la política es un fenómeno global, pero en Brasil se ha agudizado sobre todo por la creciente corrupción, que en los últimos cuatro años ha salpicado a casi todos los partidos tradicionales del país.

De hecho, se da la paradoja de que, a poco más de tres meses de las elecciones del 7 de octubre, las encuestas sean encabezadas por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril pasado y condenado a doce años por corrupción.

Pese a su situación jurídica, y a que aún responde a otras seis causas penales, Lula ha sido proclamado candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT), que mantiene una ofensiva en todos los frentes judiciales a fin de intentar su excarcelación.

Aún así, Lula está virtualmente inhabilitado, debido a normas electorales que impiden que cualquier persona condenada en segunda instancia, como es su caso, postule a cualquier cargo electivo.

Los 45 votos que aprobaron la modificación del proyecto de ley de paridad democrática, con base en la propuesta del diputado colorado cartista Bernardo Villalba (Concepción), se repartieron entre mayoría de colorados, siete liberales y uno de la diputada Olga Ferreira (independiente).

Los diputados que votaron por la versión sancionada en el Senado fueron las coloradas Cynthia Tarragó (Capital) y Del Pilar Medina (Central) y el liberal Víctor Ríos (Ñeembucú), quienes se ratificaron, y se sumó la colorada Fabiola Oviedo (Capital). 

Se abstuvieron los liberales Esmérita Sánchez (Caaguazú), Salustiano Salinas (Central) y el imputado Pedro Duré (Cordillera), y el encuentrista Ricardo González (Central). 

Ley de “paridad sin paridad”

Entre las modificaciones introducidas a pedido del diputado Villalba, fue excluida la parte que establecía la igualdad en un 50% entre varones y mujeres, parte fundamental de la propuesta, y también dejaron fuera la alternancia. 

Dichos artículos fueron reemplazados por campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para “eliminar las actitudes discriminativas” (ver info). Con estos cambios, los diputados evitaron la sanción ficta de la norma, la cual se cumplía el 14 de junio y, ahora, vuelve a la Cámara Alta. Los senadores deberán analizar si aprueban los cambios o se ratifican en la decisión inicial, que requiere de 23 votos. 

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que preside Roy Ventura (Fuerza Popular), definirá este martes el futuro de la iniciativa legislativa del congresista Mauricio Mulder que plantea prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados.

La sesión está programada para las 9 a.m. en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Ventura realizará un informe sobre la información acopiada y lo analizado sobre la iniciativa, así como en cuanto a las observaciones del Ejecutivo.

“Los miembros de la comisión decidirán por votación si es que se va por la insistencia, se archiva o se modifica el proyecto. Esperamos que se defina mañana”, comentó Ventura a El Comercio. Una vez emitido el dictamen, este se pondrá en conocimiento de la Junta de Portavoces para determinar su debate en el pleno.

Como se recuerda, la iniciativa de Mulder, que data de noviembre del 2017, fue aprobada el 28 de febrero por la Comisión Permanente y exonerada de segunda votación por la Junta de Portavoces. Posteriormente, el 21 de marzo, el Poder Ejecutivo —durante la gestión de PPK— observó la autógrafa de la ley. 

Además, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también presentó otro proyecto denominado ley de comunicación gubernamental. Este no se abordará mañana, fue derivado no solo a la Comisión de Transportes, sino también a la de Fiscalización. 

—Posiciones desde las bancadas—
Mauricio Mulder ratificó este lunes su posición a favor de que la propuesta se apruebe por insistencia e incluso sea vista este jueves en el pleno del Parlamento. 

Sin embargo, miembros de la comisión de distintas bancadas consultados por este Diario se expresaron en contra de que la propuesta se apruebe tal como está por insistencia y consideraron que deberían realizarse modificaciones.

Karla Schaefer, una de los 9 miembros de Fuerza Popular en la comisión, consideró que la publicidad estatal se debe regular para que el uso de recursos se sincere, pero que se debe aprobar una modificación a la iniciativa de Mulder que permita al Estado hacer campañas de temas específicos.

“Mulder cierra todas posibilidades. Sí considero que para promover a nuestro país en el extranjero se debe dejar abierta esa posibilidad, para campañas médicas, de educación, lucha contra la violencia”, señaló.

Desde Nuevo Perú, Richard Arce señaló que no está de acuerdo con la insistencia y consideró que es “imposible” que se pueda difundir la información estatal solo en redes sociales e Internet, como también plantea Mulder, pues la cobertura a comparación de los medios de comunicación masiva es distinta. En esa línea, consideró que la propuesta bloquea el derecho a la información de las personas e instó a dejar de lado “intereses político-partidarios” en el debate.

“Inclusive se presta a la presunción de que pueda haber una especie de ajuste de cuentas de parte del fujimorismo frente a prensa que es crítica. […] Que se modifique creo que es lo más viable. Se necesita un proyecto de ley que racionalice la distribución en función de la cobertura de cada medio de comunicación. Pero de ahí a que se pueda perjudicar a algunos medios que no están acordes a los intereses del fujimorismo, y que para esto se está sirviendo del Apra, realmente deja mucho que desear”, dijo a este Diario.

Por su parte, Edmundo del Águila (Acción Popular) manifestó no estar a favor de la insistencia, mas sí de una modificación. “Ningún extremo nunca es bueno. Pasar de una situación de libre disponibilidad de las autoridades de poder contratar y muchas veces malgastar el dinero público no es bueno. Pero también con pasar al otro extremo de poder restringir, nos privamos de situaciones favorables, como por ejemplo el incremento de turistas delos últimos años. Eso ha sido parte de la inversión del Estado en países de afuera”, sostuvo.

A su turno, Jorge Castro (Frente Amplio) consideró que el presupuesto asignado a publicidad del Estado debe limitarse bajo prioridades, pero no eliminarse. “No es que se pueda eliminar, se trata de ponerle límites en relación al presupuesto de la República […] Estoy de acuerdo con que se apruebe el proyecto, pero no en los términos en que se indica, sino que haya modificaciones de tal manera que el gasto sea mejor administrado”, refirió.

Desde Peruanos por el Kambio también se ha cuestionado el proyecto. Por ejemplo, el vocero Gilbert Violeta lo calificó anteriormente de una “ley mordaza” contra el Ejecutivo, contra el Gobierno” y sostuvo que es inconstitucional.

Mucho se habla en la actualidad de la transformación digital, pero siempre desde un enfoque corporativo, a nivel de la empresa privada. Sin duda, es vital este esfuerzo por mejorar el ambiente organizacional, adoptar los avances de la tecnología para ofrecer mayores servicios y así favorecer a los usuarios. Es un trabajo que ya está respondiendo muy bien en ciertas compañías y serán las que marcarán la pauta frente al resto.

Pero ¿Qué podemos decir de los partidos políticos? Lamentablemente, la desafección y la falta de credibilidad hacia los partidos políticos por parte de la ciudadanía cada vez es mayor en el Perú, con una cifra alarmante de casi 80% de desconfianza. Esto sumado a la carencia de liderazgos y a la poca capacidad que éstos tienen para reformarse aprovechando la revolución digital. Queremos partidos políticos del siglo XXI con prácticas y actitudes acordes a los tiempos modernos.

En este artículo deseo dar algunas pautas para poder implementar una transformación digital desde los partidos políticos en diversas áreas donde la tecnología podrá servir como una gran herramienta. Para ello, me atrevo a identificar las 6M que deben tener en cuenta en toda reforma de esta naturaleza, éstas son:

1. Mindset. Como punto de partida hay que considerar que todo cambio proviene de las personas. Cambiar el mindset, significa modificar el conjunto de actitudes y conductas que ya pueden estar establecidas o comportamientos convencionalmente adquiridos. En este caso, es necesario desde los partidos políticos romper moldes de antaño y ser capaces de adoptar, de la manera más eficiente, los inputs propios de la modernidad, en este caso la tecnología. En este punto lo más importante es la voluntad para emprender el cambio.

2. Militancia. La era digital nos ofrece herramientas que facilitan la membresía de los partidos políticos, incorporar a nuevos integrantes, reclutar jóvenes, la posibilidad de formar parte de una comunidad con intereses comunes a pesar de la distancia, la geografía y las barreras culturales. Internet nos ayuda justamente a lograr mayor inclusión, pensando en aquellas personas que tradicionalmente se han visto desfavorecidas. Y esto será mayor en la medida que la brecha digital en el Perú disminuya.

3. Mítines. Los partidos deben estar en capacidad de convocar gente, es decir atraer masas. Hoy los mítines pueden ser en las grandes plazas, pero también hay espacio en línea para convocar a miles de personas simultáneamente, con la seguridad de que estas mismas personas puedan compartirlo con la potencia, rapidez y alcance que ofrecen las diversas plataformas online. El efecto será superior.

4. Movilización. Esto es equivalente a mover masas. Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información son el mejor aliado para generar cambios de tipo social y/o políticos, porque son el mejor canal para llevar el mensaje y replicarlos. Además, ellos facilitan exponencialmente la forma como transportar el sentimiento ciudadano. Hemos visto muchos casos en el Perú y el mundo para impulsar iniciativas ciudadanas, derogar o promover leyes y medidas constitucionales, entre otros.

5. Mensaje. Posiblemente este punto es el más importante. Con ello me refiero a la forma cómo el mensaje puede llegar más rápido con audiencias segmentadas. Simplemente, habrá que definir cuál es la plataforma más adecuada en la web 2.0 para comunicar, según el contenido y acorde al resultado que se espera. Vemos grupos en Facebook, blogs especializados, canales de vídeos, entre otros. De otro lado, las reglas de campaña deben ser evitar las noticias falsas, la agresión, la hostilidad y cualquier conducta negativa que ofenda al contendor y subestime al usuario.

6. Mecanismos de colaboración. Me refiero a la capacidad de poder crear puentes con la ciudadanía, en este caso los partidarios, quienes pueden contribuir en la elaboración de propuestas políticas, identificando las necesidades y prioridades de su comunidad, aportando en el debate y en construcción de ideas. Los procesos de co-creación deben ser considerados en el ámbito político, porque legitima a la autoridad y genera una base partidaria más sólida y empoderada. Esto, además, fomenta el clima de confianza y la transparencia que tanto se requiere en la vida política.

Los partidos políticos son la piedra angular de la democracia. La pluralidad de los mismos y el surgimiento de nuevos liderazgos son importantes para refrescar la política nacional. Pero también es importante la adhesión y la confianza ciudadana y ésta debe ser fortalecida, a diferencia de lo que viene pasando en el Perú. Por tal razón, hay que iniciar el cambio, partiendo de la voluntad por romper viejos paradigmas y adaptar esta transformación a los tiempos de la digitalización.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la inscripción del movimiento Democracia Sí con 225.713 firmas válidas. Le corresponderá el número 20 del registro electoral.

La vicepresidenta del organismo, Ana Marcela Paredes, indicó que la agrupación cumple con todas las disposiciones y requisitos legales. “En el marco del cumplimiento del Código de la Democracia una nueva organización política se integra a la vida política nacional”.

El movimiento Democracia Sí es liderado por el exministro Gustavo Larrea.

El director de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, recordó que todas las agrupaciones políticas que participaron en las elecciones generales pasadas y que desean ser beneficiarias del subsidio electoral deben indefectiblemente presentar sus rendiciones de ingresos y gastos de campaña electoral hasta este viernes, a las 19.00, en el marco del cumplimiento de la Ley 4743/12 que regula el financiamiento político.

Este año, el TSJE cuenta con un nuevo sistema de control de gastos denominado Sinafip (Sistema Nacional de Financiamiento Político), que posee un software para que los partidos y movimientos políticos puedan realizar la carga de los detalles de gastos e ingresos de campaña, así como toda la documentación que respalde dichas declaraciones.

El TSJE emitió una resolución por la que reglamentó la mencionada ley, donde detalla el procedimiento que deben realizar las agrupaciones, así como la posibilidad de no cobrar en caso de incumplimiento, o cobrar menos en el caso de cumplimiento parcial y no total de lo que exige la legislación.

“El balance, los recibos de gastos, ingresos y egresos se deben presentar en tiempo y forma hasta cuarenta días posteriores a las elecciones, como lo exige la Ley 4743 Que Regula el Financiamiento Político... La Unidad Técnica de la Comisión de Financiamiento Político llevará a cabo la revisión de los balances presentados, se envían también a la Contraloría General de la República, para, posterior a ello, con las observaciones que nos indiquen realizar las aclaraciones pertinentes con los referentes de las agrupaciones políticas, y recién allí realizar los desembolsos”, manifestó Rossel.

LA LEY. El artículo 276 de la citada legislación señala que el Estado subsidiará a los grupos políticos sus gastos electorales con el equivalente del 15% del jornal mínimo vigente por cada voto válido obtenido para el Congreso Nacional, e igual porcentaje por cada voto para las juntas departamentales o municipales.

Señala además que el importe será entregado íntegramente una vez aprobada la rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades.

Las agrupaciones que deseen participar en las elecciones de 2019 tienen hasta agosto para presentar el registro de sus adherentes y militantes. El organismo revisa firmas presentadas.

El 24 de agosto del presente año termina el plazo para que las organizaciones políticas presenten las firmas con el fin de ser reconocidas como tal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De ahí la autoridad electoral tiene un mes para el proceso de validación de firmas. Es decir, el 24 de septiembre se conocerá cuántas tiendas políticas nuevas son reconocidas por el organismo electoral.

Actualmente existen 125 agrupaciones involucradas en este proceso. Tres son de carácter nacional, 20 de índole provincial, 98 cantonales y cuatro parroquiales.

El Movimiento Diversidad Unida es una organización de carácter nacional que está tras este reconocimiento. Su representante legal, Fanny Campos, detalla que el martes 29 de mayo, el CNE revisará desde las 08:30, las 280.000 firmas presentadas, número mayor al que les solicitaron (197.000).

“Nosotros entregamos hace más de dos meses las firmas, y presentamos más porque por lo general hay gente que firma en otro lado y el sistema verifica eso, pero igual nuestra meta es llegar a las 500.000 y en dos semanas vamos a dar el tercer monto de firmas”.

La aspiración del Movimiento Diversidad Unida es participar en las seccionales de 2019 y también en las presidenciales de 2021. Por ello, Campos señala que trabajan en la definición de posibles cuadros y en el proceso de alianzas y acuerdos con otras organizaciones políticas.

La agrupación provincial Renovación Guayas también está en busca del reconocimiento del CNE. Alcides Gómez, integrante de la misma, detalla que el organismo electoral ya está revisando desde el pasado miércoles las más de 110.000 firmas presentadas.

Un número mayor a lo solicitado pues le pidieron 90.000. Sin embargo, su mirada está puesta más en las elecciones de 2021.

“No sabremos si directamente tendremos tiempo para participar como movimiento propio en 2019, porque estamos en pleno proceso de aprobación. Si la alcanzamos y otros movimientos ven en nosotros la posibilidad de participar en conjunto seriamente, no creo que haya inconveniente, aunque debemos analizarlo puertas adentro”, comentó Gómez.

Definición de sedes

En cambio, el Movimiento Humanista Inclusión Ciudadana recién inicia este proceso de reconocimiento por el CNE, según lo explica su director, Carlos Mendoza.

“Es un movimiento de hecho, en donde nosotros estamos conversando con las bases y realizando los estatutos. Esperemos que el CNE, en 60 días, nos dé la clave y así comenzar a recoger firmas con miras a los comicios de 2021”.

Mendoza indica que actualmente definen temas como la ubicación de sus sedes, reuniones con sus 200 líderes y simpatizantes en toda la provincia del Guayas.

Ellos buscan ser una organización política nacional.

Aunque el proceso de entrega y verificación de firmas es un servicio permanente del organismo electoral, el Código de la Democracia establece que las organizaciones políticas que deseen presentar candidaturas deberán estar inscritas al menos seis meses antes del día de los comicios, es decir, deben contar con personería jurídica.

En las seccionales de 2019 se elegirán 5.670 autoridades, incluidos los 14 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De acuerdo al CNE, en todo el país están habilitados 165 partidos y movimientos políticos para participar en las elecciones de 2019, de los cuales 18 son nacionales, 47 provinciales, 86 cantonales y 14 parroquiales.

Seccionales

El día de los comicios

Los 13’425.896 electores recibirán cinco papeletas en la zona urbana y seis en la rural para escoger a 23 prefectos, 23 viceprefectos, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 221 alcaldes y 4.084 vocales de juntas parroquiales.

24 de marzo de 2019. Día de elecciones que incluirá votar por 14  integrantes del CPCCS.

El presupuesto destinado

Era de $ 141’979.491, pero se redujo el mes pasado a $ 119’748.897,47, en cumplimiento al Decreto de austeridad.

La ONPE no ha podido ejecutar ninguna sanción impuesta desde el 2010. Partidos con multas vigentes por S/2,5 millones participarán en elecciones. 

El jueves pasado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) impuso su vigésima sanción a un partido político. Mediante una resolución, la jefatura del ente electoral decidió multar a Restauración Nacional con S/96.487,5 por no presentar su información financiera del 2016 en el plazo fijado.

Con ese monto, las seis multas impuestas por la ONPE desde el 2010 superan los S/3,7 millones. Las sanciones restantes están vinculadas a la pérdida del financiamiento público para las organizaciones políticas.

Hasta hoy, sin embargo, ni unas ni otras han podido ser ejecutadas.

—Revés económico—
Desde las elecciones municipales y regionales del 2010, la ONPEenfrenta un camino accidentado para el cobro de las sanciones económicas.

El último revés lo experimentó en la campaña electoral del 2016. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó tres multas impuestas a Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio y Alianza para el Progreso por entrega de dádivas. En total, ascendían a casi S/1,2 millones.

Las multas hoy vigentes alcanzan los S/2,5 millones, y están distribuidas entre Alianza para el Progreso, Perú Posible (hoy sin inscripción) y Restauración Nacional. Esos partidos no han cancelado siquiera una parte de las deudas.

“Perseguir el pago se vuelve más difícil por una razón: no tenemos facultades coactivas. Solo podemos acudir a la vía judicial a través de nuestra procuraduría”, argumenta el gerente de supervisión de fondos partidarios, Julberth Medina.

A diferencia del JNE, la ONPE no está facultada para realizar embargos. Y, aun cuando tuviese dicha potestad, enfrentaría un mismo obstáculo: las agrupaciones no poseen bienes embargables. 
“Es fácil decir que la ONPE no cobra, pero el JNE tampoco ha cobrado deuda alguna impuesta por los jurados especiales. Si no se establece la obligatoriedad de que los partidos acrediten solvencia, no habrá qué embargar”, advierte el ex secretario general del JNE Roque Bravo.

—Pérdida ficticia—
Ejecutar sanciones de financiamiento público directo tampoco ha sido una vía de escape para la ONPE.

Entre el 2010 y el 2015, el ente electoral dictó 14 sanciones de este tipo. Durante ese plazo, el Estado no otorgó el financiamiento público establecido en la ley.

“Los funcionarios probablemente se sonrojaban al firmar una sanción que –sabían– no iba a tener ningún efecto. No tenían otra opción”, comenta el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara.
El financiamiento público directo empezó a entregarse a mediados del año pasado. Apenas meses después, en octubre, el Congreso aprobó eliminar la pérdida del mismo como una de las posibles sanciones impuestas por la ONPE. Con ello, 12 sanciones pendientes de este tipo quedaron automáticamente sin efecto.

“El Congreso limita las facultades de control de la ONPE y flexibiliza las responsabilidades de los partidos. No establecen hasta ahora una forma efectiva de cobro. Saben que no pagarán y no les pasará nada”, agrega Távara.

Alianza para el Progreso y Restauración Nacional, por ejemplo, participarán en las próximas elecciones municipales y regionales. Lo harán sin ningún impedimento legal de por medio, pese a tener multas impagas.

“Así el JNE sepa que la situación existe, no puede crear una ley. Le corresponde al Congreso”, dice Bravo.

Esa norma, en el marco de la reforma electoral, es por ahora una deuda pendiente.