Son dos las exigencias que pide la ley para asegurar la existencia de un partido político en Chile: haber obtenido al menos el 3% de los votos en la reciente elección de diputados o tres parlamentarios.

En caso de no cumplirlas, el artículo 8º transitorio de la Ley 20.914 sobre fortalecimiento de las colectividades es bastante claro al señalar que se "disolverán en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, según corresponda. No obstante, si un partido político incurriere en esta hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de tres parlamentarios en al menos dos regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal".

"De 26 tiendas políticas 15 serán disueltos al no alcanzar los mencionados requisitos"

Los partidos afectados son: PRO, Poder, Amplitud, Igualdad, Unión Patriótica, Liberal, PAIS, TODOS, Democracia Regional Patagónica, MAS, PRI, Ecologista Verde, Trabajadores Revolucionarios e IC.

De esta forma, desaparecería por completo el pacto Sumemos (Ciudadanos) y 4 de los 6 partidos del Frente Amplio desaparecerían.

"Uno de los efectos que produce la elección va a ser la disolución de partidos políticos. Son resultados preliminares los que hoy existen, los que fehacientemente calificará posteriormente el Tricel", sostiene al respecto el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría.

Reaparecen las coaliciones:

Sin embargo, existen alternativas para que los partidos puedan seguir existiendo. Una de ellas, es que se fusionen. Para ello, las colectividades deben citar a sus consejos generales y redactar un acuerdo que contenga los nombres de los partidos a fusionar y sus principios, tal como si se estuviera constituyendo una colectividad

Los Partidos del Frente Ciudadano por México, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano (MC), informaron al Instituto Nacional Electoral (INE) los tres acuerdos aprobados este fin de semana por sus respectivos órganos de dirección: ir en coalición electoral en 2018 y las bases del Programa de Gobierno y Plataforma Electoral que impulsarán para buscar la presidencia.

Tras concretada la segunda etapa en el camino de integrar una coalición electoral total para 2018 debe comenzar la tercera ase, que es definir odas las candidaturas para contener juntos.

"Estamos listos a partir de hoy para iniciar con la tercera etapa que nos autoimpusimos, vamos por la etapa electoral. Nos vamos a convertir en una coalición y nuestra tarea tampoco es sencilla: vamos a definir el método a través del cual vamos a designar a nuestros candidatos, particularmente a la Presidencia, una tarea laboriosa. Tenemos que buscar 3 mil 406 candidaturas en las que tendremos que ponernos de acuerdo. Estamos listos", expuso Barrales.

Los tres ejes de la plataforma y ofertas de campaña serán: la entrega de una "renta básica universal"para todos los mexicanos, una política de seguridad pública que sea integral y basada en la prevención del delito y las adicciones, no en la violencia, y la muerte civil a funcionarios o empresas que incurran en actos de corrupción.

Una carrera contra el tiempo comenzará desde este lunes la Cámara de Representantes luego de que se radique el texto para debatir y votar, en último debate, el proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, el cual todavía tiene más de una papa caliente por resolver.

A estas alturas de la implementación del acuerdo de paz, nadie duda de la trascendencia de esta norma, la cual busca fijar las reglas para que excombatientes y militares y civiles que así lo quieran cuenten la verdad de sus delitos y reciban una pena por sus faltas. El proyecto, según el presidente Juan Manuel Santos, “es la columna vertebral del proceso de paz”.

Su aprobación es tan crítica que Rodrigo Londoño, candidato presidencial de Farc, le pidió una cita “personal y urgente” a Santos para analizar el proyecto.El miércoles pasado la iniciativa terminó su paso por el Senado, y ahora le corresponde a la Cámara votar más de 150 artículos que componen este reglamento.

Pero para ello se deben superar, al menos, tres polémicas: las nuevas inhabilidades para magistrados de la JEP, la participación política de los exguerrilleros y qué pasará con los culpables de delitos sexuales contra menores. Todo esto antes del 30 de noviembre.

Ese día termina el procedimiento especial con el cual el Congreso ha implementado el acuerdo de paz, y lo que ese día no haya tenido la bendición de los congresistas sencillamente se hundirá.
 

Dirigentes de los partidos y movimientos que se identifican con la centroizquierda coinciden en que la crisis de Alianza País (AP) ha abierto una oportunidad política. Durante más de una década, el movimiento se impuso como referente de esa tendencia, con 11 victorias electorales. En la actualidad al menos 11 organizaciones esperan que se debilite lo suficiente para poder tomarse ese espacio. 
Las organizaciones nacionales que tienen registro de inscripción electoral, y de esa tendencia, son: Centro Democrático (CD), Unidad Popular (UP), Avanza, Izquierda Democrática (ID), Partido Socialista (PS), Fuerza Compromiso Social (FCS), Justicia Social (JS) y Pachakutik (PK).

Entre las que todavía deben legalizarse ante el Consejo Nacional Electoral están: Democracia Sí (DS), Amazonía Vive (AV) y Fuerza Rural (FR).

Los resultados de las estrategias de cada una se evidenciarán en el 2019. Ese año, está previsto que se desarrollen las elecciones para elegir alcaldes, prefectos, concejales y representantes de los gobiernos parroquiales. Wilma Andrade, directora nacional de la ID, explica que a su organización le interesa principalmente las alcaldías y prefecturas de la Sierra centro y norte. La lista 12 tuvo los mejores resultados históricos de votación en esos territorios.

Wilma Andrade, directora nacional de la ID, explica que a su organización le interesa principalmente las alcaldías y prefecturas de la Sierra centro y norte. La lista 12 tuvo los mejores resultados históricos de votación en esos territorios. La ID levanta informes con base en las necesidades y problemas de las principales ciudades.

El urbanista Fernando Carrión lidera el equipo que está a cargo de la tarea. Con los datos, y dependiendo de lo que se requiera en cada zona, se designará a los candidatos.

En la Costa, Centro Democrático apuesta a arrebatarle la Alcaldía de Guayaquil al Partido Social Cristiano (PSC). Un objetivo que AP no pudo alcanzar en 10 años. La principal opción es Jimmy Jairala, actual prefecto del Guayas.

En las últimas elecciones, la ID, Unidad Popular, Pachakutik, Democracia Sí y Centro Democrático se unieron en un primer intento de tener un candidato de la tendencia. 

El 15 de noviembre de 2017, los líderes de esa coalición se reencontraron en la Casa de la Cultura, a propósito de la convención nacional de Democracia Sí, de Gustavo Larrea. Para él, todo el movimiento que se está dando alrededor de la organización no tiene como fin tomarse el espacio que puede dejar el oficialismo. Más bien -agregó- se busca ampliar la plataforma de apoyo al gobierno de Lenín Moreno. 
 

Cada vez que se acercan las elecciones de Congreso de la república, senadores y representantes a la Cámara buscan reacomodarse para mantener su curul. Para ello analizan fórmulas para que se legalice “por una sola vez” la posibilidad de cambiarse de partido sin exponerse a la sanción de la doble militancia.

Lo que se busca cuando se presentan este tipo de casos es poder lograr un espacio en la lista del partido o movimiento político que tiene más posibilidad de mantener o aumentar su presencia en el Capitolio, y por esa vía, asegurarse uno de los 268 escaños que ofrece el Senado (102) y la Cámara de representantes (166).   

Las elecciones de marzo del próximo año no son la excepción. No son pocos los legisladores actuales que quieren cambiar de partido sin enfrentarse a ningún tipo de sanción. Y la fórmula, esta vez, se buscará a través de la reforma política, un proyecto que hace parte de los acuerdos de paz del gobierno con las Farc.

La sorpresa viene en la ponencia para el tercer debate de este acto legislativo, pues allí se incluyó la posibilidad de conformar listas conjuntas al Congreso entre partidos y movimientos políticos, grandes o pequeños, con la salvedad de que quienes no se sientan identificados ideológicamente con esas coaliciones electorales, podrán pedir aval por una colectividad distinta a la que actualmente militan. Eso, en plata blanca, se conoce como trasfuguismo, o popularmente como ‘voltiarepismo’.  

El artículo 2 de la ponencia, que empezará a ser discutido este jueves en la Comisión Primera del Senado, propone que “quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones, salvo que en dicho periodo el partido decida conformar una coalición de listas y el respectivo miembro de la corporación pública por razones ideológicas declare que está en desacuerdo con esta, una vez definida la coalición”.

Los otros temas de la reforma

Claro que la reforma política es más amplia e incluye otros temas, como por ejemplo la posibilidad de aumentar hasta en un 30 por ciento el presupuesto de financiación de las campañas política.

Un inciso del artículo 4 del proyecto dice expresamente que “para las elecciones que se desarrollarán en el año 2018, se aumentará el monto límite de gastos de las campañas electorales en al menos un 30% adicional con respecto al monto establecido para la última campaña de Senado, Cámara de Representantes y Presidente de la República, sin perjuicio del aumento por el IPC”.

Otro tema que se incluyó está relacionado con la obligatoriedad de haber votado para poder acceder a un cargo público o contratar con el Estado. En el artículo 9 se especifica que “el ejercicio del derecho al voto en las elecciones anteriores constituirá un requisito obligatorio para acceder al empleo público o contratar con el Estado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado”.

El debate, como se prevé, no será sencillo, pero es claro que con las modificaciones incluidas hay ‘dulces’ para los sectores más críticos del proyecto y, al mismo tiempo, se mantienen partes esenciales del proyecto que se negociaron en La Habana. Eso sí, el tiempo apremia para su aprobación.

Parte del contenido de la consulta popular se fustigó y, al mismo tiempo, se defendió en dos escenarios simultáneos; uno tuvo un tinte más político y el otro fue judicial. El primero se instaló en los alrededores de la Corte Constitucional (CC). Un cordón policial dividió a los simpatizantes y los detractores del Gobierno, en la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito. Sus gritos por el sí y por el no a la consulta se robaron la atención de los transeúntes y choferes que circularon por el lugar ayer, 15 de noviembre de 2017, por la mañana.

El otro escenario se levantó en el cuarto piso de la Corte. Ahí se desarrolló la primera audiencia sobre cinco de las siete preguntas de la consulta. 43 personas se habían inscrito para participar, pero finalmente llegaron 37. La mayoría defendió la tesis ‘correísta’.

Es decir, que las preguntas sobre la reelección indefinida y el cese de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) son inconstitucionales y que atentaban contra los derechos. Lo repitieron, acudiendo incluso a los mismos términos, las figuras del oficialismo como los asambleístas de Alianza País Gabriela Rivadeneira, Verónica Arias, Carlos Viteri Gualinga, Soledad Buendía, Pamela Aguirre y Fernando Cordero. El último llegó como titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Sumaron en total 23 intervenciones en contra de la iniciativa gubernamental.
 

Se habló de las otras tres preguntas de la consulta que el ala ‘correísta’ no trató durante la audiencia. Del Gobierno también estuvieron cinco asesores. La Corte sirvió como otro espacio para medir fuerzas entre uno y otro bando, al igual que los alrededores de ese organismo de Justicia.

Los bandos que se apostaron en la avenida 12 de Octubre no contaban con más de 50 personas, cada uno. Se distinguieron por las grandes banderas que llevaron y por los roces que hubo entre ellos. La Policía intervino para evitar enfrentamientos.

El respaldo que tuvo el presidente Lenín Moreno en la audiencia fue principalmente de grupos políticos por fuera de Alianza País, como la propia Unidad Popular. Y hubo cinco intervenciones que resaltaron la importancia de las preguntas para recuperar la institucionalidad. Ahí se cuenta la de Diego Guarderas, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República.
 

La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló este martes en la noche, con algunos cambios, el Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

La Sala Plena estudió una ponencia que presentó el magistrado Luis Guillermo Guerrero y estableció algunos ajustes a esa reforma constitucional que toca temas trascendentales como las sanciones que se impondrán a las personas que sean juzgadas en la JEP, la responsabilidad de altos mandos militares y la participación en política de las Farc.

La Corte avaló la participación política de las Farc, tal y como está en el Acto Legislativo, es decir, que la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará a los sancionados para participar en política, pero introdujo un cambio para condicionarla al cumplimiento de los requisitos de verdad y reparación.

Esto quiere decir que los integrantes de las Farc podrán inscribirse para las elecciones del 2018 tanto para la Presidencia de la República como para el Congreso.
Sobre el tema de la responsabilidad de mando de los altos mandos militares que fija esa reforma y que ha sido cuestionado severamente por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por ser supuestamente contraria al derecho internacional, la Corte dejó la reforma como está.

La Sala Plena también avaló un ajuste a la JEP que se disponía en la ponencia sobre los terceros que tendrían que ir a esa justicia por participación en delitos cometidos en el marco del conflicto. La Corte señaló que los terceros podrán ser llamados a comparecer a la JEP, pero deben aceptar voluntariamente someterse a su jurisdicción

José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, convocó a la sesión No. 484 del Pleno, para este martes a las 11h00, en la que se abordarán diversos temas como la pregunta No. 3 de la consulta popular, y la reivindicación de las luchas populares.

La pregunta propuesta y que está en análisis de la Corte Constitucional, es: ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación, así como dar por terminado el periodo de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades..., pudiendo anticipar la terminación de sus periodos?

El análisis de la tercera pregunta fue propuesta por el asambleísta oficialista, Pabel Muñoz, quien sugiere “requerir a la Corte Constitucional que, en el análisis para la emisión del dictamen de constitucionalidad respecto de la propuesta de referéndum y consulta popular cuide que no se vulneren la voz y participación ciudadana en la selección de las consejeras y consejeros que conformarían el Consejo de Participación Ciudadana de transición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la Constitución". 

Con relativa tranquilidad, y mayorías por parte del Gobierno, la Plenaria de la Cámara de Representantes le dio este jueves la 'bendición' final al proyecto que crea 16 curules adicionales en esa corporación, las cuales se otorgarán a las organizaciones sociales y las víctimas del conflicto.

La idea del proyecto, que reforma de manera transitoria la Constitución, es que durante ocho años, contados a partir del 2018, haya 16 circunscripciones especiales de paz, que estarán ubicadas en las zonas más afectadas por la violencia.

Según quedó aprobado, a estos 16 escaños en la Cámara solo se podrán postular candidatos provenientes de organizaciones sociales y víctimas del conflicto que hagan parte de estas zonas.
De esta manera se cerró la puerta para que ni los partidos políticos que ya tengan representación en el Legislativo ni la agrupación política de la desmovilizada guerrilla de las Farc puedan participar por estas curules transitorias.

Entre los puntos polémicos que fueron finalmente avalados por la Cámara se encuentra el que excluye de la votación de estas circunscripciones a las cabeceras municipales de las zonas más golpeadas por el conflicto.

Por ejemplo, en municipios como San Vicente del Caguán o Bojayá, que fueron muy afectados por el conflicto y hacen parte de estas circunscripciones, los habitantes del casco urbano no podrán votar por los candidatos a estas curules transitorias, sólo lo podrán hacer los pobladores de la zona rural de esos territorios.

La financiación de las campañas de los candidatos que se presenten a estas curules “será preponderantemente estatal”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los .criterios para el registro de las candidaturas, que enfatiza las fórmulas que garanticen la paridad de género y la cuota indígena.

El PRI, Partido Verde, PRD, Encuentro Social, PAN, PT y Morena apuntaron que la autoridad electoral rebasó sus facultades con el acuerdo en el que, acusaron, establecieron criterios que van más allá de lo que establece la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El INE estableció que la totalidad de las solicitudes de registro de candidatos al Congreso –cuyas fórmulas deben estar integradas por personas del mismo género– se debe alternar con las fórmulas entre hombres y mujeres y en el caso específico del Senado, se precisa que las listas de representación proporcional serán encabezadas por una fórmula de mujeres. Además, las senadurías para el principio de mayoría relativa deberán observar el principio de paridad vertical y horizontal, por lo que la primera fórmula que presenten deberá ser de género distinto a la segunda y de la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, 50 por ciento deberá estar encabezada por hombres y 50 por mujeres. 

El acuerdo aprobado por el Consejo General fijó que para la Cámara de Diputados, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género.

Respecto a las candidaturas indígenas, el INE determinó que los partidos o coaliciones deberán postular, como acción afirmativa, fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en al menos 12 de los 28 distritos electorales con población indígena, con una cuota de 50 por ciento para hombres y 50 para mujeres.

Los consejeros electorales defendieron la propuesta e incluso Adriana Favela planteó que como los partidos todavía no emiten las convocatorias para la selección de sus candidatos, es posible que incorporen los criterios.