Reformas políticas

La aprobación del Mandato 2 no es impedimento para que las autoridades aspiren a otro cargo en los próximos comicios; así también hay quienes prefieren dedicarse a actividades privadas.

Con la aprobación de la pregunta 2 del referendo del pasado 4 de febrero, 47 alcaldes en Ecuador no podrán buscar una reelección.

La interrogante en su anexo 2 planteó lo siguiente:

“Las autoridades de reelección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan”.

Dos de las 47 autoridades impedidas, acumulan períodos desde 1996, es decir, 5 mandatos. Otras siete llevan 4 elecciones ganadas, ocho más tienen 3  ciclos de mandato; los treinta restantes tienen 2 períodos.

En los comicios seccionales de 2014, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) se registraron 1.195 candidatos y candidatas para participar en las 221 alcaldías que existenen el país.

Según el calendario electoral, la inscripción empezará el 22 de noviembre y terminará el 21 de diciembre próximo; el día del sufragio será el 24 de marzo de 2019.

Javier Vinueza, alcalde de Quijos, es uno de ellos y señala que estar al mando de una ciudad es una gran oportunidad que brinda la ciudadanía para, conjuntamente, llevar adelante proyectos que pemitan cambios positivos al territorio.

Sin embargo, no aspira a participar en las siguientes seccionales para alcanzar alguna otra dignidad en su ciudad, así como en su provincia.  

“Mi decisión fue no participar, porque la ciudadanía nos brinda la confianza para cumplir con un tiempo y promesas; si tuviese que aceptar cualquier otra propuesta, eso hace que tenga que renunciar creo que 6 meses antes, y no pienso que eso sea justo”.

Por ello enfatizó que se dedicará a trabajar en actividades privadas, aunque señaló que estará pendiente de velar que quienes asuman el cargo tomen en cuenta y ejecuten los pedidos de la ciudadanía.

Ignacio Figueroa es alcalde de Pedro Carbo y subdirector de movimiento Alianza PAIS en Guayas, él sostiene que su principal objetivo es cumplir con la administración municipal, pero que una vez que termine su tiempo como alcalde, seguirá activo políticamente, debido a la responsabilidad que tiene con la organización política.

Figueroa afirma que estará en ello “hasta que haya cambios en la directiva”, aunque explicó que, si aparece una oportunidad para candidatizarse en otro cargo, tomaría en cuenta dos variables: “El respaldo del movimiento y de la ciudadanía, y con todo gusto colaboraría”.

Por lo pronto, planifica trabajar en el apoyo a organizaciones sociales y participación ciudadana.

En cambio, Cirilo González, alcalde de Balzar, está decidido a seguir en la administración pública. “Mis aspiraciones son mantener el partido y que se mantenga en el Municipio; por el bien de Balzar, para que continúe la obra pública, voy a ser candidato a concejal”.

Aquello es como una antesala a su meta a largo plazo, pues planifica ser candidato a asambleísta por Guayas en las nacionales de 2021 y volver a su provincia como candidato a prefecto en 2024.

Mientras tanto, confía que su hijo Emilio González, actual vicealcalde, se postule como candidato del partido Fuerza Ecuador y gane las seccionales del próximo año.

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, durante su tercer período anunció que no se iba a candidatizar para una cuarta reelección, pero finalmente lo hizo durante la sesión solemne municipal por los 193 años de Independencia de la ciudad en 2013. “Lo hago por ustedes, porque los quiero, porque lo merecen; lo hago para mantener nuestra independencia, nuestra libertad”.

En la actualidad, ha reiterado que no será candidato para ninguna dignidad, pero también ha señalado que el Partido Social Cristiano tendrá candidato presidencial en 2021. “Hombre o mujer, pero tendremos candidato”, sostuvo Nebot en uno de sus habituales enlaces radiales.

Y precisamente en ese espacio donde informa las actividades del Municipio, el burgomaestre no ha negado si él será aquel aspirante.

Al preguntarle sobre el tema de cómo se ve en 2021, respondió: “Yo me veo haciendo lo mismo que sé hacer: trabajando y sirviendo a la ciudadanía desde cualquier parte”.

La reelección presidencial no es un derecho humano y eliminar sus límites hace retroceder una democracia, dijo el lunes 9 de abril el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que cuestionó meses atrás un fallo que permite al presidente boliviano, Evo Morales, buscar un cuarto mandato.

En un video publicado en su cuenta en Twitter, Almagro citó el informe final "inequívoco" sobre el tema que solicitó a una comisión de expertos independientes.

La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, concluyó que "la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes", dijo Almagro.

La reelección "deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto", agregó.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que pidió en octubre pasado la opinión de este panel "por la mala y reiterada práctica regional" de modificar la Constitución para buscar la reelección.

"En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales", apuntó.

Almagro se enfrentó con La Paz por el fallo que permitió la reelección indefinida.

Invocando la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional boliviano avaló la candidatura de Morales por encima de la Constitución de 2009, reformada por el mismo mandatario para reelegirse a un tercer mandato de cinco años, que empezó en 2015.

Si gana los comicios de 2019, Morales, en el poder desde 2006, gobernaría hasta 2025, 19 años consecutivos.

Almagro dijo que la conclusión de la Comisión de Venecia, "no es una opinión política" sino "jurídica" y confirma el criterio planteado por las Misiones de Observación Electoral de la OEA.

"He solicitado que este documento sea distribuido a los Estados Miembros, con la esperanza de que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas", sostuvo.

En Venezuela, Hugo Chávez (1999-2013) logró que se aprobara por referéndum una modificación del mandato presidencial (dos períodos de seis años). En 2009, un referéndum constitucional aprobó la reelección indefinida.

En Nicaragua el congreso dominado por el sandinismo aprobó una reforma similar en 2013, que permitió a Daniel Ortega buscar un cuarto mandato en 2016. En 2011 ya había ganado la reelección con un cuestionado fallo judicial.

En Ecuador, la mayoría oficialista de las Asamblea avaló en 2015 la reelección presidencial indefinida a partir de las elecciones de 2021, pero una consulta popular promovida por el sucesor de Rafael Correa (2007-2017), Lenín Moreno, la eliminó.

La coalición legislativa por la transparencia fiscal que nace este 4 de abril, está conformado por asambleístas de diferentes bancadas y liderada por la Corporación Participación Ciudadana y la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES). 

Esta iniciativa tiene como objetivo crear reformas a través de la Asambla Nacional que fomenten la transparencia fiscal sobre el manejo del presupuesto general del Estado y la cocesión de dominios naturales. 

“Esta iniciativa marca una diferencia en la historia democrática de Ecuador. Es la primera vez que por un tema tan importante como la transparencia, el fortalecimiento de la institucionalidad tiene esa convergencia de miembros de varios partidos y movimientos políticos”, dijo Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. 

Los asambleístas de las nueve bancadas, incluida la presidenta del legislativo ratificaron su compromiso de luchar por conseguir los objetivos planteados en este proyecto.

Este proyecto tiene el apoyo de la embajada de Estados Unidos  y al finalizar este encuentro, los asambleístas firmaron un documento para formalizar la creación de esta coalición legislativa.  

Un proyecto de resolución que será presentado por el magistrado Armando Novoa obligaría a las campañas a informar de manera detalladas los gastos en estrategias digitales y pautas en Facebook, Youtube, Twitter o Instagram.

Como si se tratara de una secuela del escándalo generado en Estados Unidos, por la filtración de datos de Facebook y que fueron utilizados por la firma Cambridge Analytica para inclinar la balanza a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se empezará a estudiar un proyecto de resolución, conocido por El Espectador, que, si bien no evitaría una situación similar en el país, pondría la primera piedra hacia ese fin.

Se trata de una iniciativa del magistrado Armando Novoa, que se viene cocinando desde hace varias semanas y que pretende que las campañas electorales incluyan en los informes financieros, que se entregan al CNE, el detalle de los recursos que han sido destinados a propaganda política en las redes sociales, es decir, que se discrimen el monto de dinero que fue utilizado para la pauta en plataformas como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, entre otras. Además, estos informes también deben incluir los gastos en la contratación de las estrategias de publicidad digital con agencias de publicidad política.

En un tema que cobra relevancia, entre otras cosas, porque el debate en las redes sociales en cada vez más álgido y en él se incluyen diferentes variantes que urgen ser controladas por las autoridades electorales, esto es, la contratación de influenciadores para las campañas políticas, el uso de miles de cuentas falsas para lograr mayor visibilidad, campañas de ataque y defensa en redes sociales o la generación de noticias falsas a través de portales que fungen como medios de comunicación, pero que obedecen a intereses partidarios.

Según Novoa, una de las regulaciones de las que se puede echar mano hoy para regular la propaganda política y proteger los derechos de los electores tiene que ver con la ley de protección de datos, que apunta a proteger la intimidad de los usuarios en las distintas actividades que tienen cierto control por parte del Estado. Aunque el objetivo de fondo del proyecto de resolución todavía está muy lejos de evitar una manipulación de datos de los usuarios de redes sociales similar a la ocurrido en Estados Unidos, al menos le permitirá a la autoridad electoral tener los primeros acercamientos a la información sobre los recursos que son utilizados para hacer la campaña digital.

El proyecto de resolución, que consta de cinco artículos, también busca crear un grupo de trabajo de seguimiento a campañas presidenciales en las plataformas digitales, que estará vinculado a la oficina de prensa del CNE. Este equipo estaría integrado por cinco personas que tengan conocimiento relacionado con periodismo y ciencias políticas.

Entre sus funciones estará la identificación de los espacios digitales en las redes sociales, páginas web, blogs y otros tipos de portales que tengan una actividad relacionada con las candidaturas presidenciales. Seguidamente, presentarían un informe semanal a la Sala Plena del CNE con la discriminación de las URL que tengan contenidos de propaganda política y en las que se advierta el “uso de dichos canales con fines de divulgación y promoción de sus campañas electorales, el costo de los mismos y la identificación de actividades que puedan poner en riesgo las garantías electorales”. Este equipo también apoyaría al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas para el examen de gastos e ingresos en las campañas, en lo referente al mundo digital.

“La regulación actual protege la honra y la intimidad de las personas, pero nadie protege a los electores que van a votar. Aunque el CNE no puede entrar, mediante un acto administrativo, a establecer restricciones en materia de contenidos que circulan en las redes, sí puede expedir unas normas para obligar a que haya transparencia en las fuentes de financiación de los mensajes de las campañas”, comenta Novoa.

El magistrado advierte, como ha contado en ocasiones anteriores El Espectador, que, por lo general, el trabajo de contratación de servicios para la propaganda en redes sociales no es hecho directamente por las campañas electorales, sino que es un trabajo que queda a cargo de terceros, como agencias de mercadeo digital o asesores externos. Esta práctica es la que no permite que las campañas registren de forma precisa en qué tipo de propaganda se invirtieron los recursos. “El escándalo de Cambridge Analytics demuestra que hubo decisiones muy poderosas, de gente que tenía una bolsa de recursos grande para jugar a una desinformación de los electores a través de la manipulación”, señala el magistrado.

Ahora, la resolución tendría otro alcance importante y es el de restringir la propaganda electoral en redes sociales, tal como sucedes en los medios tradicionales, como la radio, la televisión o la prensa, para el día de los comicios. En el parágrafo del artículo cuarto del borrador de la resolución se señala que “el día de las elecciones, los candidatos y sus campañas no podrán directa o indirectamente, utilizar plataformas digitales, ni las redes sociales, para adelantar ningún tipo de propaganda electoral, ni promocionar campañas, ni promover su respaldo en las urnas. De la misma forma, tampoco se podrá adelantar propaganda electoral a través de mensajes de texto y/o llamadas telefónicas”.

De ser aprobada esta resolución, las campañas presidenciales actuales deberán reportar estos gastos en los informes desde el 27 de febrero pasado, es decir, desde los tres meses antes de que se surta la primera vuelta presidencial, determinada para el próximo 27 de mayo. Según Novoa, ya hay ejemplos en la región para el control de la propaganda electoral en redes sociales, la veda de divulgación de esta e, incluso, intentos por hacer frente a las noticias falsas.

Son 9 líderes provinciales en el país los que pueden presentar su candidatura en las elecciones seccionales de 2019. El mandato popular abolió la posibilidad de postularse indefinidamente.

Con la aprobación del 64,20% en la pregunta 2 del referéndum del pasado 4 de febrero se eliminó la posibilidad de que una persona se postule indefinidamente a un mismo cargo de elección.

La interrogante planteó en su anexo 2 que “las autoridades de reelección popular podrán reelegirse por una sola vez,  consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan”.

En el país se elige a 23 prefectos, uno por cada provincia, excepto Galápagos, ya que con la nueva Constitución de 2008 se estableció en el artículo 258 que la región Insular estará conformada por un Consejo de Gobierno Especial.

De acuerdo al calendario aprobadopor el Consejo Nacional Electoral (CNE) las elecciones seccionales se efectuarán el domingo 24 de marzo de 2019. La inscripción de candidaturas iniciará del 22 de noviembre y durará hasta el 21 de diciembre.

En estos comicios se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, integrantes de las juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En el caso de las 23 autoridades de los gobiernos provinciales, 14 no podrán candidatizarse. Pero sí lo pueden hacer para otra dignidad.

Uno de los impedidos es el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, quien señala que eso no es impedimento para seguir con el servicio a la comunidad. Señala que si bien en un inicio su movimiento, Centro Demócrático, propuso su nombre como candidato a la alcaldía de Guayaquil, aún no es algo concreto.

“Hay una marcada simpatía de los ciudadanos, estas son cosas que me mueven a mirar la alcaldía como opción, pero también tengo la obligación de mantener vigente mi movimiento”.

El prefecto de Santa Elena, Patricio Cisneros, señala que aún no ha tomado una decisión sobre una posible candidatura y analiza variables.

“La alternativa política es una viceprefectura, porque fui el más votado del país con el 85%, otra posibilidad es la alcaldía de La Libertad”, considera el funcionario.

El movimiento Libertad Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, al que pertenece, tiene su  principal bastión en ese cantón.

Cisneros espera que las autoridades competentes pongan en marcha el mecanismo para la vigencia de la pregunta 2 del referéndum.

Ambas autoridades, reconocen que si desean participar en las seccionales de marzo próximo, deben tomar dentro de un corto plazo la decisión y presentar sus respectivas candidaturas.

Existen también autoridades que piensan todo lo contrario; incluso hay a quienes no les llama la atención volverse a candidatizar.

Uno de ellos es el prefecto de Tungurahua, Fernando Naranjo Lalama, quien acumula cuatro periodos en el cargo. Él  expresó que al terminar su trabajo se dedicará a su familia.

En el caso de Santiago Correa Padrón, titular de Cañar, señala que es muy pronto para tomar una decisión. Expone además que por el momento está “enfocado al 100% en terminar proyectos importantes en su gestión y en nada más”.

De acuerdo con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) en las viceprefecturas existen tres autoridades que no pueden ser candidatos para una reelección en las próximas elecciones.

Se trata de Marlene Chimbo, Marcela Costales y Elvira Canales representantes de Napo, Santa Elena y Pichincha, respectivamente.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, en los comicios de 2014 se presentaron 116 postulantes a prefectos y  viceprefectos. Esas autoridades fueron posesionadas el 14 de mayo del mismo año. En ese proceso, se elegirá a 5.663 dignidades y se mantendrá la alternabilidad de género. 

El proyecto de ley 605 para reorganizar los circuitos electorales en las elecciones de 2019, presentado el pasado 20 de febrero por los magistrados del Tribunal Electoral (TE) de Panamá ante la Asamblea Nacional,  fue rechazado este martes por la Comisión de Gobierno del ente legislador.

Este proyecto conserva la existencia de los 39 circuitos electorales, 26 uninominales y 13 plurinominales, por lo que solo cuatro circuitos se verían afectados. Los correspondientes al área metropolitana.

La medida buscaba que en la provincia de Panamá Oeste, cuatro circuitos que pertenecían a la provincia de Panamá pasen a formar una nueva provincia, lo que obliga a darle a los circuitos una nueva numeración que es el número 13.

En esta nueva provincia se elegirían nueve diputados.

El director de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdéz, explicó que se registraron movimientos poblacionales, por lo que este proyecto de ley promovía la adecuación de los circuitos a estas migraciones.

Valdez especificó que los circuitos electorales son calculados con base en una población de 35 mil electores.

Al presentarse la propuesta, el ex magistrado del TE, Guillermo Márquez Amado, había declarado que este “no es el momento oportuno para  tratar este tipo de temas inherentes al proceso electoral, porque no se mira ni se atiende en base a consideraciones objetivas, sino en función de intereses”.

Asimismo consideró sensata esta propuesta, debido a que, por mandato constitucional se establece que determinado número de pobladores deben poseer representación proporcional en la AN.

El documento también buscaba incrementar un escaño para el circuito 8-10 en Tocumen y reducía una curul en el circuito 8-7 y 8-8.

El jefe de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), señaló tras el rechazo de este proyecto que para el 2019 regirá la ley vigente.

Pese a esto, advirtió que los resultados de las elecciones en estos circuitos, al no haberse aprobado este proyecto, podrían ser demandados de inconstitucionales ante la Corte Suprema de Justicia.

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Las elecciones serán en marzo de 2019.

98 votos a favor marcaron el final de la ruta para acordar las nuevas reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS).

Aunque hubo 25 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto que ahora tendrá que ser remitido al Ejecutivo para su aprobación o veto.

Casi 7 horas fueron usadas para la sesión del pleno que tuvo la intervención de 16 asambleístas. Posteriormente la comisión ocasional tomó casi dos horas de receso para receptar las observaciones de sus compañeros legisladores.

Casi 7 horas fueron usadas para la sesión del pleno que tuvo la intervención de 16 asambleístas. Posteriormente la comisión ocasional tomó casi dos horas de receso para receptar las observaciones de sus compañeros legisladores.

¿Cómo se escogerá a los consejeros?

El principal debate de la ley se centró en el mecanismo para calificar a los candidatos a consejeros. Originalmente el Ejecutivo planteó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizara un concurso de méritos y oposición para definir una lista final de candidatos.

No habría un límite de inscritos pero tras el concurso el CNE definiría los nombres de 28 candidatos.

Este punto fue cuestionado por la oposición que no quería que el CNE organizara el concurso ni designara a los candidatos.

El debate giró en torno a ese punto. Que “en las papeletas estén los mejores hombres y mujeres”, dijo el socialcristiano César Rohón.

Dentro del texto se incluyó que además de los requisitos básicos (ser ecuatoriano, tener más de 18 años de edad y demostrar un manejo adecuado de fondos públicos), los aspirantes deben poseer un título de tercer nivel; acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción o prestigio que evidencie su compromiso con el país.

Además quienes aspiren a  a ser consejeros no podrán ser afiliados o adherentes a partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años.

Los miembros del CNE, Tribunal Contencioso Electoral, jueces, ministros, miembros del servicio exterior y personal jerárquico superior del sector público tampoco podrán participar a menos que hayan renunciado 30 meses antes de la inscripción de su candidatura.

Aquellos ciudadanos que sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes en segundo grado de consanguinidad o cuarto de afinidad del Presidente, Vicepresidente, asambleístas, prefectos y alcaldes tampoco podrán participar. Tampoco aquellos que tengan obligaciones con el SRI y el Seguro Social o los que mantengan bienes en paraísos fiscales.

Todos los requisitos serán verificados por el CNE, que también tendrá que convocar y promocionar a los candidatos y desarrollar los comicios.

Las obligaciones que tendrá el CNE también quedaron estipuladas en el texto final.

El organismo elaborará una papeleta con tres listas -una de mujeres, la segunda de hombres y otra de pueblos y nacionalidades y migrantes-. El orden de los candidatos fue discutido en el pleno y la comisión acogió la propuesta de Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática.

En lugar de ser en orden alfabético, como promocionó la Comisión, será un sorteo el que definirá el orden. Además el proceso deberá estar vigilado por una veeduría nacional y una internacional. El voto popular definirá a tres hombres, tres mujeres y un representante de pueblos y nacionalidades.

Los nuevos consejeros serán escogidos en las próximas elecciones seccionales que, se prevé, sean en marzo de 2019.

Una vez que se conozcan los nombres de los 7 consejeros principales y los 7 alternos serían posesionados el 14 de mayo de 2019 y durarán en su cargo 4 años.  

El CPCCS tendrá entre sus atribuciones el designar a las más altas autoridades del Estado como el Fiscal, Contralor, Procurador, Superintendentes, entre otros.

El próximo Consejo tendrá un periodo de 4 años y será escogido mediante voto popular, directo y secreto.

Mediante votación, el pleno de la Asamblea Nacional decidió esta noche que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) permanente serán designados mediante elección popular.

El Legislativo aprobó en segundo debate con 98 votos afirmativos y 25 abstenciones el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley CPCCS. Este documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su veto.

Los consejeros deberán ser electos por voto popular, directo y secreto, conforme lo ordenado por el pueblo ecuatoriano tras la consulta popular del pasado 4 de febrero. Sus funciones durarán cuatro años.

Según el texto aprobado, la elección será de carácter nacional. El ciudadano podrá distribuir sus siete votos de la siguiente manera: tres de la lista de hombres, tres de la lista de mujeres y uno de la lista de candidatos de las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior, para garantizar los principios de paridad e interculturalidad. 

Con 84 votos afirmativos, 2 negativos y 21 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional eligió a la asambleísta Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional, este 14 de marzo del 2018. En el momento de la elección había 107 asambleístas presentes. De inmediato, Cabezas se dirigió a la cabecera de la Asamblea, y fue posesionada oficialmente como Presidenta de la Legislatura, por el segundo vicepresidente Carlos Bergmann, quien dirigía la Sesión del Pleno No. 505, y ocupó la silla presidencial. Según la titular del Legislativo, en su nuevo cargo enfrentará tareas "delicadas y difíciles", debido a las situaciones en las que fue escogida como Presidenta. Considera que "el país sigue a la expectativa y ansía que se enfrenten los graves hechos de corrupción". También destacó que es importante reformar la acción legislativa para trabajar "a través del diálogo multipartidista" y establecer una agenda legislativa. "Menos confrontación, más diálogo y resultados”, señaló. La Presidenta se refirió a la necesidad de trabajar en proyectos como las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, las leyes derivadas del cumplimiento de la consulta popular, e impulsar leyes referentes al trabajo, la educación, la mujer y la salud. "Manos a la obra", finalizó Cabezas, quien es economista de profesión. Y a continuación suspendió la sesión, quedan dos puntos quedaron pendientes. 

El pleno de la Asamblea Nacional conoció ayer el informe para el primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El informe fue preparado por la Comisión Consulta 2018, presidida por Daniel Mendoza, de PAIS.

Este grupo trabaja en la normativa legal que tuvo como origen el pronunciamiento ciudadano en la consulta y referéndum del pasado 4 de febrero, referente a la elección -en marzo del 2019- de los miembros del Consejo de Participación mediante el voto popular.

La mesa llegó a tres acuerdos, como el rol que tendrá el Consejo Nacional Electoral (CNE); las inhabilidades y prohibiciones para los candidatos al CPCCS.

El proyecto de la mesa no incluyó la propuesta del presidente Lenín Moreno, para que -únicamente- puedan ser candidatos quienes sean seleccionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de un concurso.    

En reemplazo, los legisladores decidieron que los candidatos superen una fase de verificación de requisitos, a cargo del mismo CNE.

La propuesta garantiza la representación igualitaria de hombres y mujeres de manera secuencial, así como la inclusión de candidatos provenientes de pueblos y nacionalidades del país.

Se incluyó que el proceso de selección esté acompañado de dos veedurías: internacional y académica. La Comisión propuso que solo podrán postularse quienes hayan dejado sus cargos públicos al menos 30 meses previo a la convocatoria.

Tampoco podrán ser candidatos quienes sean cónyuges, casados o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los miembros del organismo electoral, asambleístas u otras autoridades públicas.

El pleno retoma hoy el primer debate.