La Comisión Especial de Partidos Políticos del Senado elaboró un borrador en el que reiteró su propuesta de prohibir la publicidad electoral como forma de igualar las posibilidades económicas de las colectividades, y sugirió que el dinero de esos partidos ingresen al sistema de inclusión financiera.
Esa es "la única manera", se sostiene en el documento, de generar "una garantía de trazabilidad de las finanzas de cualquier organización política".
La propuesta supone que las transacciones que involucren a los partidos –ya sean donaciones, pagos de sueldos u otros gastos– se realicen a través del sistema bancario.
La comisión ha recibido a la Corte Electoral y a distintos politólogos para recoger opiniones sobre la mejor forma de regular el funcionamiento de los partidos y, particularmente, de la forma en que financian sus campañas políticas.
El grupo de trabajo quiere vigilar el financiamiento que proviene de empresas privadas puesto que, sostiene, puede prestarse para actividades ilícitas.
"Las campañas políticas son cada vez más caras y el subsidio público no es suficiente. Entonces, como en Uruguay las campañas cuestan todo lo que los partidos puedan recaudar y más también, se tiene que acudir al financiamiento privado para poder soportar las campañas", dice el documento de la comisión parlamentaria.
En ese sentido, sostiene que "la intensa agenda electoral exige un creciente gasto a las agrupaciones políticas, por lo que el financiamiento debe hacerse adoptando procedimientos transparentes y cristalinos que fortalezcan la calidad democrática de nuestro país".
"La falta de transparencia en el financiamiento de la política y el impacto desmesurado del dinero en las campañas electorales representa un problema central para la calidad y el funcionamiento de la democracia", se insiste desde la comisión.
Proponen "transitar un camino de una nueva generación de reformas, con modificaciones simples, comprensibles y sobretodo aplicables a la realidad".
Sostienen que de lo manifestado por parte de los invitados de la comisión "muchas de las fallas del sistema se evidencian en la etapa de implementación y aplicación de la ley".
"Hay cuestiones que no se resuelven legislando, sino que son de mera implementación y voluntad política. Se trata de poder brindar transparencia, incidiendo lo menos posible en la competencia política, es decir, distorsionando lo menos posible el caudal electoral o las preferencias que ya de por sí tienen los partidos y los candidatos en el electorado", señalan desde la comisión.
En cuanto a las propuestas para mejorar el sistema de financiación de partidos, se estima que durante la campaña electoral "se debería anotar los gastos realizados por cada partido, los que luego deberán estar reflejados en la declaración de gastos que se presenta en la declaración jurada".
"De otra manera, esto no pasa de un mero contralor formal, y no le permitirá a Uruguay avanzar a nivel internacional como un país que posee los contralores más serios. Lo más racional sería tener una auditoría permanente del funcionamiento del sistema. Se debe saber de dónde vienen los ingresos pero también en qué se gastan", dice el escrito.
Para ello se sugiere que "la revisión y auditoría se extienda al año electoral y que se amplíe a los municipios.
Se considera positivo que esta tarea la realicen en forma conjunta el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.
Límites
Asimismo, se propone imponer a los partidos políticos "la elaboración de un balance anual que tenga la intervención de un auditor externo, que a posteriori de ello sea presentado dentro de los primeros 60 días del año en curso ante el Tribunal de Cuentas para ser visado y que dentro de los 30 días siguientes sea presentado ante la Corte Electoral para que dicho órgano haga los controles selectivos".
El documento sugiere establecer un tope directo a los gastos de campaña, que pueda contribuir a mejorar la igualdad en la competencia y que restrinja la necesidad de adquirir fondos desde el sector privado.