Reformas políticas

De 245 solicitudes de revocatoria de mandato, a 370 autoridades electas a escala nacional, que se tramitó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), solo una prosperó y se realizará en noviembre de este año. 

Ante esta situación, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, abrió la posibilidad de revisar los requisitos para la habilitación de un proceso revocatorio por iniciativa ciudadana. 

Acción de inconstitucionalidad contra 'Ley Mordaza', presentada por un grupo de parlamentarios, fue aceptada a trámite por el Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad contra la 'Ley Mordaza', que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, presentada por la bancada de Peruanos por el Kambio, junto a otros legisladores.

La demanda fue suscrita por 33 parlamentarios de diferentes agrupaciones, como Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y varios de los no agrupados. La demanda sostuvo que la Ley N°30793, de autoría del aprista Mauricio Mulder,“contraviene diversos derechos consagrados en nuestra Constitución Política, así como la Convención Americana de Derechos Humanos”.

"Admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más del veinticinco por ciento del número legal de congresistas de la República contra la Ley 30793, ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano; y correr traslado de la misma al Congreso de la República para que se apersone el proceso y la conteste desde dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución”, señala la Resolución del Tribunal Constitucional.

Cabe señalar que el Ejecutivo también presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de la ley aprobada por insistencia en el Congreso que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

En su momento, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, fue quien presentó ante el Tribunal Constitucional el documento que señala que la Ley N° 30793-planteada por Mauricio Mulder- “contraviene de forma directa y manifiesta la Constitución”, así como la Convención Americana de Derechos Humanos.

El organismo extendió el plazo hasta el 26 de junio para que organizaciones sociales entreguen las listas de los postulantes para el banco de elegibles a la Comisión Técnica de Selección.

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST) extendió el plazo para la presentación de postulantes a veedores y comisionados hasta el martes 26 de junio, a las 17:00.

El secretario del organismo, Darwin Seraquive, indicó que la decisión se tomó por pedido de delegados de organizaciones sociales que manifestaron su interés de participar en el proceso, pero argumentaron que necesitaban más tiempo para completar los documentos que necesitan adjuntar.

El funcionario aclaró que hasta el momento han recibido listas de 38 grupos a nivel nacional, que auspician un total de 33 postulantes a comisionados y 24 veedores.

Las postulaciones las podrán efectuar las organizaciones de trabajadores, empresariales, de la academia, de colegios de profesionales, de organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica o de hecho, que deben acreditar al menos cinco años de existencia.

Una vez agotado el plazo el Consejo revisará la documentación y escogerá para el banco de elegibles a 16 ciudadanos que tendrán el rango de veedores y 32 comisionados, tomando en cuenta que la entidad debe efectuar 16 concursos de méritos.

Según la autoridad a elegir el CPCCST recurrirá al banco, de manera que se integren a las comisiones técnicas de selección (CTS), que encaminarán los procesos de designación.

Las CTS para selección por concurso estarán integradas por al menos cinco personas: un veedor, dos comisionados y dos delegados del pleno.

En cambio las CTS que actuarán en la designación por ternas, estarán conformadas por cuatro personas: tres delegados designados por el pleno y un veedor ciudadano.

Estas comisiones elaborarán los informes sobre los candidatos que se presenten mediante concursos públicos o ternas enviadas por el Ejecutivo. El análisis será revisado por los miembros del Consejo, quienes luego decidirán a quién nombrarán como autoridad.

Cada organización presentará dos postulantes a veedores y tres a comisionados, tomando en cuenta la paridad y alternancia de género.

Los formularios de inscripción y formatos de los documentos habilitantes están disponibles en el sitio web: www.cpccs.gob.ec. Otra comisión técnica verificará el cumplimiento y hará el informe de admisibilidad en ocho días para presentarlo al pleno.

Los alcaldes distritales de Cieneguilla, El Agustino, San Juan de Miraflores, Pachacámac, Santa Anita y Pueblo Libre solicitaron inscribir sus candidaturas pese a la vigencia de la Ley 30305 –promulgada en el 2015–, que prohíbe la reelección inmediata. Serán los jurados electorales especiales (JEE) los que decidirán si aplican esa norma, mientras que las autoridades esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a la acción de inconstitucionalidad contra esa disposición, admitida a trámite el pasado 8 de junio.

En mayo de este año, El Comercio advirtió que siete autoridades edilicias evaluaban tentar la reelección. El único que desistió en el camino fue el burgomaestre de San Miguel, Eduardo Bless, quien llegó a figurar en la lista de precandidatos publicada por Perú Patria Segura, el partido político de Renzo Reggiardo.

Ante la posibilidad de que su candidatura a la reelección no fuera admitida, Bless prefirió postular como teniente alcalde en la lista del movimiento local San Miguel Me Gusta, con el que su actual regidor Juan José Guevara postula para sucederlo en el sillón municipal.
Bless no es el único que ha optado por postular como teniente alcalde, el regidor que reemplaza al alcalde cuando, por ejemplo, este viaja. En Puente Piedra, el actual burgomaestre, Milton Jiménez Salazar, va como número 1 en la lista de regidores, pero lo que más llama la atención es que su hijo Marlon Jiménez Mogollón postula a sucederlo. 
Situación similar se da también con las esposas de los actuales alcaldes, como ocurre en los distritos de Breña y San Borja.

—A la espera—

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicaron que los JEE tienen un plazo de tres días hábiles –dependiendo de la carga procesal– para resolver si aceptan las candidaturas de los reeleccionistas. Son dos los escenarios posibles: 1) si aplican la ley y prohíben la candidatura, el alcalde puede apelar y el caso se eleva al pleno del JNE; y 2) no se aplica la prohibición y se ingresa al período de tachas, en el que cualquier ciudadano podría presentar un recurso en base a la misma Ley 30305.

“Los JEE son autónomos, por lo que tendrían opiniones distintas sobre la aplicación de la norma”, añadieron las fuentes del JNE.
La otra vía de solución a este conflicto es el Tribunal Constitucional. El pasado 11 de junio, el presidente de este órgano, Ernesto Blume, explicó que ya se notificó a la parte demandada [el Congreso] y se está a la espera de una respuesta. Según estimó Blume, el proceso puede tomar unos 70 días hábiles.

El ex presidente del TC Ernesto Álvarez, quien elaboró un informe para la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) sobre este tema, calificó a la Ley 30305 como una de “dudosa constitucionalidad”. “El JNE no declara la inconstitucionalidad en general de la ley, porque sigue vigente, pero sí la declara inaplicable”, señaló.

Distinta es la opinión del constitucionalista Aníbal Quiroga. “Que ellos [los alcaldes] hayan sido elegidos cuando se permitía la reelección, no significa que tengan derecho a postular otra vez, no es un derecho adquirido”, indicó a El Comercio.

Desde una óptica de la gestión pública, el politólogo Mauricio Zavaleta afirmó que la reelección no tiene que ser vista necesariamente como negativa. “Lo importante sería poder establecer algunos límites, por ejemplo, no poder tener más de tres reelecciones. Sí creo importante que los políticos tengan períodos largos, porque gobernar es complicado”, dijo.

Otro aspecto que se desprende de las candidaturas inscritas es que algunos alcaldes, ante el impedimento de reelegirse, decidieron cambiar de jurisdicción. Guido Iñigo deja Villa El Salvador para postular por Villa María del Triunfo, y Francis Allison deja Magdalena para tentar la alcaldía provincial de Cañete. En el Callao, cinco de los seis ex Chim Pum postulan con otras tiendas a distintas jurisdicciones.

Desde hoy rige la ley que prohíbe al Estado contratar publicidad en medios privados. Tras su publicación en el diario oficial “El Peruano”, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros inició un análisis jurídico para medir el impacto que tendrá en las campañas de ministerios y organismos públicos descentralizados, de acuerdo con el Plan Estratégico Publicitario 2018, que se publicó en febrero último.

Fuentes del Ejecutivo comentaron a El Comercio que “se quedarán en el aire” campañas multisectoriales como la del bicentenario, otra sobre igualdad entre hombres y mujeres y una tercera sobre valores. La segunda es prioritaria teniendo en cuenta el alto índice de casos de violencia contra la mujer.

Hasta ayer, la PCM elaboraba un consolidado de la información que el Estado dejará de comunicar a la población.

De acuerdo con información recogida de los ministerios por este Diario, entre las campañas publicitarias oficiales afectadas se encuentran las jornadas de vacunación, de prevención contra el friaje y las heladas, los simulacros nacionales de sismos y las convocatorias a los simulacros nacionales [ver gráfico].

El presidente Martín Vizcarra anunció ayer en Twitter que esta semana el Ejecutivo presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la norma, a la cual volvió a calificar de “ley mordaza”.

Agregó que se evaluarán otras medidas para evitar que “se afecte la obligación del Ejecutivo de comunicar las acciones y servicios” que brinda a la población.

El primer ministro César Villanueva adelantó el viernes que entre los caminos por considerar está la presentación de un proyecto de ley al Congreso para regular mejor la publicidad oficial.

—“Se evaluará”—
El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, cuestionó ayer al presidente del Consejo de Ministros por haber dicho que la ley de publicidad iba a inmovilizar las acciones del gobierno en 95%. Sin embargo, en entrevista a este Diario, Villanueva se refería a que se afectará en ese porcentaje la capacidad de informar a la población sobre actividades y campañas.

Salaverry también expresó que “ninguna ley está escrita en piedra” y más adelante se hará un seguimiento a la norma “para saber si es efectiva o si requiere hacer una corrección”.

El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, estimó que hoy deben tener redactada la demanda ante el TC que promueve su bancada y que el viernes la podrían presentar. Violeta comentó que había sostenido conversaciones con legisladores que votaron en contra de la medida en el pleno y con aquellos que no participaron en el debate para que se sumen.

De acuerdo a ley, se requieren 33 firmas de legisladores para proceder con la demanda. Legisladores como Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, indicaron a este Diario que podrían apoyar la acción de inconstitucionalidad.

Quienes no se pronunciaron en esa línea fueron Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso). El primero consideró que la iniciativa de Mulder es inconveniente, “pero no es inconstitucional”. En tanto, Espinoza, quien es periodista de formación, opinó que la norma puede afectar la comunicación del Estado en temas de vacunación, pero no la libertad de expresión.

El Congreso de la República publicó este lunes la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, ello luego de que fuera aprobada por insistencia el pasado jueves por el pleno. La iniciativa fue promovida por el legislador Mauricio Mulder (Apra), tercer vicepresidente de la Mesa Directiva. 

La Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano (Ley N° 30793) señala que la infracción al precepto señalado será considerado delito de malversación.

Sin embargo, contempla excepciones en casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia y las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales una vez convocadas las elecciones.

En esos casos, queda prohibido consignar nombres o imágenes que identifiquen a alguna autoridad, funcionario o servidor público; acordar precios superiores a las tarifas comerciales del medio; contratar con medios que no cuenten con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores o que mantengan deudas tributarias exigibles en cobranza coactiva.

En tanto, contempla que todas las entidades públicas y empresas del Estado podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación estatales a tarifa de costo.

Asimismo, establece que las entidades públicas deberán suscribir cuentas en las principales aplicaciones de redes sociales. En especial, precisa la norma, en aquellas que tengan mayor difusión y número de usuarios, consignando en ellas sus comunicados, avisos y demás temas de difusión social.

Finalmente, las entidades públicas deberán publicar los contratos de publicidad y los criterios de selección en su respectivo sitio web institucional en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a su suscripción. 

La ley lleva las firmas de Luis Galarreta y Mario Mantilla, congresistas de Fuerza Popular que, respectivamente, ocupan el cargo de presidente y primer vicepresidente del Congreso de la República. 

De acuerdo a la Constitución, una ley "es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte".

Los 45 votos que aprobaron la modificación del proyecto de ley de paridad democrática, con base en la propuesta del diputado colorado cartista Bernardo Villalba (Concepción), se repartieron entre mayoría de colorados, siete liberales y uno de la diputada Olga Ferreira (independiente).

Los diputados que votaron por la versión sancionada en el Senado fueron las coloradas Cynthia Tarragó (Capital) y Del Pilar Medina (Central) y el liberal Víctor Ríos (Ñeembucú), quienes se ratificaron, y se sumó la colorada Fabiola Oviedo (Capital). 

Se abstuvieron los liberales Esmérita Sánchez (Caaguazú), Salustiano Salinas (Central) y el imputado Pedro Duré (Cordillera), y el encuentrista Ricardo González (Central). 

Ley de “paridad sin paridad”

Entre las modificaciones introducidas a pedido del diputado Villalba, fue excluida la parte que establecía la igualdad en un 50% entre varones y mujeres, parte fundamental de la propuesta, y también dejaron fuera la alternancia. 

Dichos artículos fueron reemplazados por campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para “eliminar las actitudes discriminativas” (ver info). Con estos cambios, los diputados evitaron la sanción ficta de la norma, la cual se cumplía el 14 de junio y, ahora, vuelve a la Cámara Alta. Los senadores deberán analizar si aprueban los cambios o se ratifican en la decisión inicial, que requiere de 23 votos. 

La Cámara de Diputados tratará hoy en sesión extraordinaria, a las 14:30, el proyecto de ley de paridad democrática, que ya cuenta con aprobación del Senado. De acuerdo a los sondeos, la mayoría de los colorados y algunos liberales votarían por el rechazo. De ser así, volverá al Senado.

El proyecto de ley de paridad democrática, que generó un fuerte debate, se volverá a tratar, luego de que el pasado miércoles la sesión quedase sin quórum por el retiro de los diputados de la oposición y de algunas diputadas coloradas que están a favor. El motivo del retiro fue evitar el rechazo.

Si la Cámara de Diputados no se pronuncia esta semana, el proyecto tendría sanción automática e iría al Ejecutivo en los términos en que aprobó el Senado. Si Diputados rechaza, vuelve al Senado.

El proyecto establece una paridad obligatoria de 50/50 entre varones y mujeres en cuanto a los cargos electivos, como también en las instituciones del Estado. Los diputados que se oponen al proyecto, como los colorados Bernardo Villalba (cartista) y el acusado por estafa José María Ibáñez (Añetete), argumentaron que la normativa es inconstitucional y que, en realidad, no permite la equidad para los cargos electivos, porque tropezaría con el sistema D’Hondt, entre otras cosas, además de imponer cargos por género y no por idoneidad.

En su exposición de la semana pasada, Ibáñez incluso vinculó la propuesta a sectores que pretenden impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización del aborto, sin mostrar evidencias más que un video cuyo origen se desconoce.

Sin embargo, se mostraron a favor de la normativa Rocío Casco (Avancemos País), Víctor Ríos (PLRA), Pastor Vera Bejarano (PLRA), Édgar Acosta (PLRA), Antonio Buzarquis (PLRA), el imputado Carlos Portillo (PLRA), Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), así como las coloradas Del Pilar Medina y Cynthia Tarragó, quienes manifestaron que es necesario permitir que más mujeres puedan ocupar espacios de poder y toma de decisiones.

En la sesión de hoy se espera nuevamente la presencia de grupos antagónicos, del que está a favor y de que se manifiesta en contra el proyecto, que ya protagonizaron discusiones furibundas el miércoles pasado.

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que preside Roy Ventura (Fuerza Popular), definirá este martes el futuro de la iniciativa legislativa del congresista Mauricio Mulder que plantea prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados.

La sesión está programada para las 9 a.m. en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Ventura realizará un informe sobre la información acopiada y lo analizado sobre la iniciativa, así como en cuanto a las observaciones del Ejecutivo.

“Los miembros de la comisión decidirán por votación si es que se va por la insistencia, se archiva o se modifica el proyecto. Esperamos que se defina mañana”, comentó Ventura a El Comercio. Una vez emitido el dictamen, este se pondrá en conocimiento de la Junta de Portavoces para determinar su debate en el pleno.

Como se recuerda, la iniciativa de Mulder, que data de noviembre del 2017, fue aprobada el 28 de febrero por la Comisión Permanente y exonerada de segunda votación por la Junta de Portavoces. Posteriormente, el 21 de marzo, el Poder Ejecutivo —durante la gestión de PPK— observó la autógrafa de la ley. 

Además, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también presentó otro proyecto denominado ley de comunicación gubernamental. Este no se abordará mañana, fue derivado no solo a la Comisión de Transportes, sino también a la de Fiscalización. 

—Posiciones desde las bancadas—
Mauricio Mulder ratificó este lunes su posición a favor de que la propuesta se apruebe por insistencia e incluso sea vista este jueves en el pleno del Parlamento. 

Sin embargo, miembros de la comisión de distintas bancadas consultados por este Diario se expresaron en contra de que la propuesta se apruebe tal como está por insistencia y consideraron que deberían realizarse modificaciones.

Karla Schaefer, una de los 9 miembros de Fuerza Popular en la comisión, consideró que la publicidad estatal se debe regular para que el uso de recursos se sincere, pero que se debe aprobar una modificación a la iniciativa de Mulder que permita al Estado hacer campañas de temas específicos.

“Mulder cierra todas posibilidades. Sí considero que para promover a nuestro país en el extranjero se debe dejar abierta esa posibilidad, para campañas médicas, de educación, lucha contra la violencia”, señaló.

Desde Nuevo Perú, Richard Arce señaló que no está de acuerdo con la insistencia y consideró que es “imposible” que se pueda difundir la información estatal solo en redes sociales e Internet, como también plantea Mulder, pues la cobertura a comparación de los medios de comunicación masiva es distinta. En esa línea, consideró que la propuesta bloquea el derecho a la información de las personas e instó a dejar de lado “intereses político-partidarios” en el debate.

“Inclusive se presta a la presunción de que pueda haber una especie de ajuste de cuentas de parte del fujimorismo frente a prensa que es crítica. […] Que se modifique creo que es lo más viable. Se necesita un proyecto de ley que racionalice la distribución en función de la cobertura de cada medio de comunicación. Pero de ahí a que se pueda perjudicar a algunos medios que no están acordes a los intereses del fujimorismo, y que para esto se está sirviendo del Apra, realmente deja mucho que desear”, dijo a este Diario.

Por su parte, Edmundo del Águila (Acción Popular) manifestó no estar a favor de la insistencia, mas sí de una modificación. “Ningún extremo nunca es bueno. Pasar de una situación de libre disponibilidad de las autoridades de poder contratar y muchas veces malgastar el dinero público no es bueno. Pero también con pasar al otro extremo de poder restringir, nos privamos de situaciones favorables, como por ejemplo el incremento de turistas delos últimos años. Eso ha sido parte de la inversión del Estado en países de afuera”, sostuvo.

A su turno, Jorge Castro (Frente Amplio) consideró que el presupuesto asignado a publicidad del Estado debe limitarse bajo prioridades, pero no eliminarse. “No es que se pueda eliminar, se trata de ponerle límites en relación al presupuesto de la República […] Estoy de acuerdo con que se apruebe el proyecto, pero no en los términos en que se indica, sino que haya modificaciones de tal manera que el gasto sea mejor administrado”, refirió.

Desde Peruanos por el Kambio también se ha cuestionado el proyecto. Por ejemplo, el vocero Gilbert Violeta lo calificó anteriormente de una “ley mordaza” contra el Ejecutivo, contra el Gobierno” y sostuvo que es inconstitucional.