Faltando muy pocos minutos para el cierre del plazo para la inscripción de listas parlamentarias, los diferentes conglomerados sufrieron con un denominador común: hacer calzar sus plantillas con la ley de cuotas exigidas en el nuevo sistema electoral proporcional. Alrededor de 412 mujeres se presentaron a las grandes coaliciones, superando a las 100 que se postularon en 2013. Todos los conglomerados dicen haber cumplido con el mínimo exigido, es decir, el 40% de candidatas.

Se trata de la principal novedad que trae aparejada la elección de noviembre, junto con el crecimiento del número de diputados (120 a 155) y senadores (38 a 50). Cumplida la presentación de candidaturas -y en base a las listas que los bloques informaron que inscribieron en el Servel y excluyendo a Regionalistas Verdes, Partido de Trabajadores Revolucionarios y UPA-, se nota un primer efecto: la ley de cuotas, que obliga a las coaliciones a no superar el 60% de candidatos de cualquier genero, cuadriplicó el número de candidatas mujeres respecto de 2013. 

"En representación de las grandes coaliciones, es decir, las candidatas al Parlamento crecieron cuatro veces". Esto también tiene un efecto en los candidatos hombres, quienes crecieron en un 40%: en 2013 se presentaron 448 aspirantes, mientras que en la inscripción de ayer aparecieron 541 hombres con intención de conseguir un escaño en el Congreso.

Este debut de la exigencia de cuotas, dicen expertos electorales, generará inexorablemente un impacto futuro: la cantidad de mujeres candidatas debería aumentar gradualmente elección a elección.

Pese a que la renovación es un concepto casi obligado en los actuales discursos políticos, al interior de las colectividades los procesos de cambio no siempre se dan de manera fluida. Fuertes disputas de poder, apuestas que fracasan, fugas y “asesinatos políticos” son parte de lo que enfrentan las diversas tiendas en el proceso que permite la aparición de nuevos liderazgos internos.

La irrupción de Álvaro Elizalde en el PS no ha sido sencilla. El día en que dio su primer discurso como presidente de la colectividad se tomó una de las decisiones políticas más relevantes de los últimos años al apoyar la opción presidencial de Alejandro Guillier por sobre la de Ricardo Lagos, quien un día después declinó su intención de volver a La Moneda. “Todo esto tiene que ver con un intento de tomar el control político y el poder”, explica el Decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la U. Central, Marco Moreno. En la colectividad hay voces que aseguran que Elizalde tras las elecciones de noviembre pagará los costos de esas decisiones.

La renovación parlamentaria de la UDI se ha dado de manera rápida en la última década. Nombres como Jaime Bellolio, Juan Antonio Coloma o María José Hoffman dan cuenta de esto. Sin embargo, dicha renovación no se ha podido dar en los espacios propios del partido. El abultado triunfo de Jacqueline van Rysselbergue sobre Bellolio para asumir la testera de la UDI es una muestra de aquello. Es más, en una entrevista con la revista Capital el diputado aclaró que ha pensado en dejar la UDI. Ernesto Silva también fue el representante de una renovación, pero su estadía como timonel de la colectividad fue breve y renunció al cargo entre duras críticas internas.

El diputado y ex presidente de las juventudes DC, Marcelo Chávez, dice que las juventudes deberían ser “el espacio preferencial para producir el recambio al interior de los partidos, pero esa declaración no termina siendo así en los hechos”.

Por su parte, en el Frente Amplio a pocos meses de intentar transformarse en la tercera fuerza política del país se desató una grave crisis que aún deja esquirlas.

La Comisión de Participación Ciudadana analizó ayer el borrador sobre el informe para primer debate del proyecto del Código de Participación Ciudadana. Héctor Yépez, presidente de la Comisión, señaló que presentará una propuesta diferente al Pleno de la Asamblea Nacional.

Para el asambleísta es crucial que las elecciones de las autoridades de control, así como los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejerzan su trabajo de manera independiente a la labor de algún movimiento político. Precisó que para aprobar este proyecto serán necesarios los votos a favor de la bancada de Alianza PAIS, para definir “si quieren cambiar la forma de selección de las nuevas autoridades de control y la conformación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana o, continuar con la misma práctica  del ratón cuidando al queso que ha ocasionado que funcionarios públicos, como es el caso del excontralor Carlos Pólit, estén involucrados en actos de corrupción”.
El asambleísta insistió que será la mayoría oficialista en la Función Legislativa, la que determinará si “son aprobadas las leyes que requiere el país”.

Johana Cedeño, asambleísta por Alianza PAIS y quien propuso el nuevo Código en un alcance remitido el 20 de abril pasado, dejó  fuera la propuesta de la disolución de las organizaciones sociales. Este tema contempla a que se conozca de manera oficial y bajo registro a todas las organizaciones que ejercen dentro del país.

Mientras  la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso discute y consenso para  reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos a su interés, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja la propia,  que busca fortalecer a las organizaciones políticas.

Los magistrados del TSE se proponen articular un proyecto de ley corta, que no abarque muchos temas sino los más importantes. La mayoría de cambios ya habían sido discutidos, aunque fueron descartados en la reforma electoral aprobada el año pasado. Los jueces electorales pretenden incluir en el proyecto de nuevo el tema de la paridad, el cual no fue aprobado por los diputados pero que el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad. Además buscan aumentar el presupuesto del TSEpara lograr mayor independencia.

La sala legislativa ya cuenta con un tercer borrador  de una propuesta de reforma electoral, la que ha puesto en descubierto la intención de los diputados de ejercer control sobre el ente electoral y lograr a la vez más beneficios para las organizaciones políticas, los magistrados del TSE mantienen la postura de rechazar lo expuesto en el borrador 3, al considerar que le resta independencia a ese alto órgano y   viola algunos preceptos constitucionales.

El presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, Óscar Argueta, indicó que lo presentado en el borrador de reformas a la Ley Electoral no está del todo asegurado ya que los diputados llevan el posicionamiento de los magistrados del TSE y el documento debe ser discutido en las bancadas y comités ejecutivos de los partidos que representan.

Esta semana arrancan las comisiones ordinarias del Congreso de la República , y la primera en instalarse hoy será la de Educación, Juventud y Deporte, que será presidida por la parlamentaria de Fuerza Popular (FP) Paloma Noceda. Además de esta, también se instalarán otras siete. Entre las que destacan están Presupuesto, que será liderada por la también legisladora fujimorista Karina Beteta; Relaciones Exteriores, que estará dirigida por la ex presidenta del Congreso Luz Salgado.

Mañana se establecerán otras 10 comisiones ordinarias como Defensa, que estará guiada por el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén; Constitución, liderada por la parlamentaria de FP Úrsula Letona, y otras. En tanto, el miércoles se instalarán las últimas cinco. Se cuentan entre estas Fiscalización, que dirigirá el fujimorista Rolando Reátegui; y la de Economía, de la que estará a cargo el oficialista Carlos Bruce.

Por otra parte también se instalará la Comisión de Etica, allí se tomaran los temas mas controvertidos de la coyuntura nacional y de esta manera lograr reducir los indices de corrupción y mala gobernabilidad. En diálogo con Perú21, la también fujimorista Milagros Salazar informó que este lunes solo se abocarán a instalar la comisión, y que todavía no se tomará una decisión acerca de los casos que están en Ética. “Solo se revisarán”, indicó. 

La Asamblea ecuatoriana tenia previsto volver a la agenda legislativa, sin embargo con la entrega de Carlos Pareja Yannu­zzelli, la fiscalización y el control político se suman a la lista de prioridades. Además, se da en momentos en que el distanciamiento entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente, Jorge Glas, tras la revelación de casos de corrupción tiene un eco en el Legislativo.
Los bloques de Alianza País se reunirán para definir una hoja de ruta, este lunes 14 de agosto. El oficialismo aprovechará esta cita para zanjar las diferencias internas luego de la crisis política que tiene AP en el poder Ejecutivo y en el interior de la organización. 
Mientras que el movimiento opositor, que representa la segunda fuerza política en la actual composición del Legislativo, establecerá el camino para alcanzar las cinco medidas que adoptaron para combatir la corrupción. Algunas de dichas medidas son  la convocatoria al fiscal general Carlos Baca Mancheno al Pleno, para que informe sobre el avance de las investigaciones en el caso Odebrecht. Y exigir al Consejo de la Legislatura que reconsidere el archivo al pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas.

Para mañana el Pleno está convocado temprano, a las 06:00, y tendrá dos sesiones en el día. En una se tratará el Protocolo de Nagoya y en la otra se debatirá por segunda ocasión el proyecto de reformas al artículo 58 de la Ley de Servicio Público (Losep), y las reformas al Código de Trabajo. Estos tres temas constituyen las prioridades para las Comisiones de Relaciones Internacionales y de los Derechos de los Trabajadores. 
También leyes para implementar un acuerdo por el empleo, la producción, la inversión y el bienestar; y otras como la Ley de Responsabilidad nacional para la lucha contra el microtráfico y la Ley anticorrupción y de transparencia. 

La Asamblea cumple hoy 93 días de haberse posesionado, el pasado 14 de mayo. Antes del receso se priorizaron temas de fiscalización y control político, como el juicio al excontralor Carlos Pólit. Ahora también se intentará avanzar con lo legislativo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó al Congreso anteponer el debate y la aprobación de la reforma electoral para poder garantizar el respeto a la voluntad popular en los próximas votaciones a nivel nacional. Víctor Ticona Postigo, titular de JNE hizo especial énfasis en que el Parlamento considere el proyecto de ley de Código Electoral que presentaron en abril pasado para llevar a cabo el debate de la reforma.

Entre las principales propuestas, están las de considerar unificar y sistematizar las normas electorales, optimizar la justicia electora, establecer un cronograma adecuado y fortalecer los partidos políticos.

 El proyecto del JNE también prohíbe los aportes de empresas públicas o privadas a organizaciones políticas para evitar que se puedan supeditar a intereses económicos una vez las agrupaciones lleguen a ser parte del Estado con principal prioridad de mantener un margen de transparencia en la gobernabilidad del país. 

El JNE solicitó que el Congreso debata estos y otros aspectos, y reiteró su disposición a trabajar en conjunto para llevar a cabo esta reforma electoral.

La última batalla que había dado un proyecto para castigar el ausentismo de los parlamentarios en el Congreso fue el 24 de mayo pasado. Ese día, con una votación de 60 contra uno, la plenaria del Senado dejó que avanzara la iniciativa que buscaba establecer mecanismos paragarantizar la asistencia de los congresistas, aplicando sanciones a quienes no cumplieran con esa obligación.

Sin embargo, esa decisión no fue suficiente, pues ante la victoria quedaban condiciones adversas en el camino: faltaba un mes para que terminara la legislatura y se debían surtir dos debates en la Cámara. Todo eso, a pesar de que había sido presentado dos años antes. Al final el proyecto terminó hundiéndose.

El senador Alfredo Ramos, del Centro Democrático y uno de los autores de la iniciativa, hizo la promesa de volver a presentarlo en la nueva legislatura. Y ayer la cumplió al radicar no uno, sino dos iniciativas que buscan hacer modificaciones en las corporaciones legislativas. La primera, como estaba cantado, buscará endurecer las sanciones a los parlamentarios que no asistan a sesiones y debates, así como a los funcionarios que, citados a estos, tampoco se hagan presentes. La propuesta es una sanción económica que consiste en el descuento salarial y, adicionalmente, el pago de un SMLMV.

Para ponerle orden al ausentismo, un tema problemático que ha conllevado al aplazamiento de votaciones de proyectos importantes, el control de asistencia deberá ser ejercido por los presidentes de Senado y Cámara, quienes tendrán que enviar un informe mensual sobre ausentismo al Consejo de Estado.

La segunda iniciativa es un acto legislativo que intentará reducir el número de congresistas de 268 a 197 (74 senadores y 123 representantes), sin cambios en cuanto a las minorías en las cámaras congresionales, a través de la modificación de los artículos 171 y 176 de la Constitución. Según explicó el mismo Ramos, la idea es darle mayor escrutabilidad al Congreso y ahorrar cerca de $110.00 millones anuales en el presupuesto de funcionamiento de la corporación. Esta propuesta hace la distribución de las curules, teniendo en cuenta la reforma de equilibrio de poderes. 

Para los partidos minoritarios,  alternativos y de oposición presentarán en la Cámara de Representantes un acuerdo político en el que fijan cuáles son, para ellos, los puntos más importantes de la reforma política y electoral y como algunos hay que resaltar para promover una participación igualitaria y mayor en la politica, y otros por el contrario van en contra de la integración y el derecho de las minorias participar en la política. 

Los voceros de los partidos minoritarios acordaron que impulsarán cinco temas: la posibilidad de presentarse en coaliciones en elecciones de corporaciones públicas, fortalecer la financiación pública y los controles a las campañas electorales, la adquisición progresiva de derechos de las agrupaciones políticas, reforma de la arquitectura institucional de las entidades involucradas, y promoción y profundización de la participación electoral.

Sobre el tema de las coaliciones, los partidos minoritarios proponen que estas solo sean posibles cuando los partidos que las conformen sumen el 15 % de los votos válidos. Además, que se regirán por un programa interno y que solo funcionarán como bancada de acuerdo a lo acordado. Por último, que las coaliciones “permitan que se conserven las personerías jurídicas y autonomía de cada uno de los partidos que la compongan”.

Pero en el documento también exponen varios temas en los que no están de acuerdo. Es el caso de: las limitaciones a las pérdidas de investidura, la posibilidad de que congresistas puedan trabajar en el ejecutivo, la participación del presidente en la conformación en el Consejo Electoral Colombiano (CEC), la facultad de la Procuraduría de limitar los derechos políticos y la contradicción entre el acto de reincorporación política de las Farc y el artículo 3 de la reforma política. 

El documento señala que hay una contradicción entre “el acto legislativo para la reincorporación política de las Farc y el articulo 3 del proyecto de reforma política”, pues este contempla varias sanciones administrativas a los partidos que avalen a personas condenadas en el país o en el extranjero. Para ello proponen, entonces, un parágrafo que exima de esta situación al movimiento político que surja de la guerrilla.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el órgano encargado de realizar el concurso entre funcionarios públicos para designar las autoridades de control. En la actualidad es el encargado de escoger el Consejo Nacional Elector (CNE) y el Contralor General del Estado. 

El proceso incluye la participación ciudadana a través de las veedurías. La aprobación del reglamento para el concurso del CNE se realizó el pasado 5 de julio. 

En el reglamento que regirá para el concurso, que está publicado en la página web del Consejo de Participación. En él se contemplan los requisitos tanto para la conformación de la Comisión Ciudadana, así como para los consejeros. González aclaró que no existe un número fijo para las veedurías por eso detalló que es importante ser parte de los procesos, porque la Constitución faculta a todos los ciudadanos a ser parte activa.

Para quienes quieran representar a una entidad deben presentar una acreditación por parte del organismo con una carta de auspicio. Entre las prohibiciones para ser veedor están: ser servidor público bajo cualquier modalidad o tener contratos en las instituciones a las que pertenezca la autoridad a designarse, en este caso, del CNE; y, aquellos que sean parte de más de una veeduría a un proceso de designación.  

Respecto al Contralor General de la Nación, aún no se tiene la notificación para iniciar el concurso, sin embargo las condiciones mínimas son: no tener dinero en paraísos fiscales, ni el postulante ni su conjugue.