Cada vez que se acercan las elecciones de Congreso de la república, senadores y representantes a la Cámara buscan reacomodarse para mantener su curul. Para ello analizan fórmulas para que se legalice “por una sola vez” la posibilidad de cambiarse de partido sin exponerse a la sanción de la doble militancia.
Lo que se busca cuando se presentan este tipo de casos es poder lograr un espacio en la lista del partido o movimiento político que tiene más posibilidad de mantener o aumentar su presencia en el Capitolio, y por esa vía, asegurarse uno de los 268 escaños que ofrece el Senado (102) y la Cámara de representantes (166).
Las elecciones de marzo del próximo año no son la excepción. No son pocos los legisladores actuales que quieren cambiar de partido sin enfrentarse a ningún tipo de sanción. Y la fórmula, esta vez, se buscará a través de la reforma política, un proyecto que hace parte de los acuerdos de paz del gobierno con las Farc.
La sorpresa viene en la ponencia para el tercer debate de este acto legislativo, pues allí se incluyó la posibilidad de conformar listas conjuntas al Congreso entre partidos y movimientos políticos, grandes o pequeños, con la salvedad de que quienes no se sientan identificados ideológicamente con esas coaliciones electorales, podrán pedir aval por una colectividad distinta a la que actualmente militan. Eso, en plata blanca, se conoce como trasfuguismo, o popularmente como ‘voltiarepismo’.
El artículo 2 de la ponencia, que empezará a ser discutido este jueves en la Comisión Primera del Senado, propone que “quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones, salvo que en dicho periodo el partido decida conformar una coalición de listas y el respectivo miembro de la corporación pública por razones ideológicas declare que está en desacuerdo con esta, una vez definida la coalición”.
Los otros temas de la reforma
Claro que la reforma política es más amplia e incluye otros temas, como por ejemplo la posibilidad de aumentar hasta en un 30 por ciento el presupuesto de financiación de las campañas política.
Un inciso del artículo 4 del proyecto dice expresamente que “para las elecciones que se desarrollarán en el año 2018, se aumentará el monto límite de gastos de las campañas electorales en al menos un 30% adicional con respecto al monto establecido para la última campaña de Senado, Cámara de Representantes y Presidente de la República, sin perjuicio del aumento por el IPC”.
Otro tema que se incluyó está relacionado con la obligatoriedad de haber votado para poder acceder a un cargo público o contratar con el Estado. En el artículo 9 se especifica que “el ejercicio del derecho al voto en las elecciones anteriores constituirá un requisito obligatorio para acceder al empleo público o contratar con el Estado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado”.
El debate, como se prevé, no será sencillo, pero es claro que con las modificaciones incluidas hay ‘dulces’ para los sectores más críticos del proyecto y, al mismo tiempo, se mantienen partes esenciales del proyecto que se negociaron en La Habana. Eso sí, el tiempo apremia para su aprobación.
