Reformas políticas

La Comisión de Constitución tiene programado sesionar este jueves desde las 9:30 a.m.

El predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso sobre el proyecto de adelanto de elecciones generales, presentado por el Ejecutivo, recomienda que esta iniciativa no sea aprobada. Por lo tanto, plantea su archivo.

El documento de trabajo, al que accedió El Comercio, analiza no solo el proyecto del Gobierno de Martín Vizcarra, sino también otras cinco iniciativas.

Entre las razones expuestas, se señala que los plazos propuestos por el Ejecutivo —proponía los comicios para abril del 2020— para el cronograma electoral de cara a los comicios del 2020 “no corresponden propiamente a un cronograma, cuya formulación se deja en manos de los organismos del sistema electoral…”.

El predictamen indica también que las recientes iniciativas de reforma política promulgadas, y que contienen cambios importantes para la consolidación de las organizaciones políticas, “no pueden ser aplicadas frente a la propuesta de adelanto de elecciones generales planteado en el proyecto” del Ejecutivo.

“¿Acaso la aplicación de la normatividad hoy vigente no tenía como objetivo reforzar la representación acercando a la ciudadanía a las organizaciones políticas, haciéndolas partícipes de su democracia interna, promoviendo la participación femenina, permitiendo la participación de organizaciones políticas sólidas bajos nuevos parámetros de entrada y de salida del sistema político? Resulta por demás contradictorio que se hayan presentado y promulgado reformas que hoy no puedan aplicarse, en desmedro, precisamente, de todo lo que se deseaba alcanzar con ellas”, dice el texto.

En esa línea, la comisión sostiene que la propuesta requiere de una regulación especial y no simplemente la adecuación de plazos y fechas propias de un proceso electoral.

Entre otros argumentos, el predictamen asevera que “la propuesta del Gobierno y sus similares carecen de una adecuada sustentación”.

“…La posición del Gobierno es más cuestionable cuando pretende someter a consulta popular lo que claramente se traduce en una afectación del derecho fundamental a la participación política; o, cuando, pretende utilizar la cuestión de confianza en vulneración al principio de separación de poderes por afectar las competencias exclusivas del Congreso”, también se apunta.

Además, se indica que “los efectos perniciosos y contrarios al interés general de nuestro país, hacen imposible su aprobación sin afectar el compromiso que se tiene con nuestra Patria. Las condiciones actuales no aseguran la aplicación efectiva de las reformas políticas y electorales, que paradójicamente, fueron impulsadas por este mismo Gobierno”.

En otro apartado, la comisión asegura que el Congreso ha estado “plenamente comprometido con la adecuada gestión del Gobierno”.

La Comisión de Constitución tiene programado sesionar este jueves desde las 9:30 a.m.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el proyecto del reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), tras la reciente publicación de leyes de reforma política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alista un nuevo reglamento para la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, con lo que se adecúa a las leyes de reforma política recientemente promulgadas.

Precisamente, el ente electoral publicó el proyecto del nuevo reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), a fin de modificar el vigente. A continuación, algunos puntos claves del texto.

1. Padrón de afiliados para la inscripción.
El proyecto de reglamento contempla que, para inscribirse, los partidos presenten un padrón de afiliados en un número no menor que el 0,1% del total de ciudadanos del padrón aprobado para los últimos comicios nacionales. Así, se elimina el requisito de presentar una relación de adherentes en la solicitud.

2. Cancelación del registro.
Una de las nuevas causales incluye la no participación de la agrupación política en elecciones de alcance nacional o el retiro de todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente. El reglamento del 2017, en base a la legislación anterior, mencionaba la no participación en dos procesos electorales sucesivos.

3. La formación de alianzas.
Siempre adecuándose a las nuevas leyes, el proyecto de reglamento establece que para elecciones generales solo se podrán inscribir alianzas entre partidos políticos. La coalición se cancelará cuando concluya el mandato de las autoridades que hubiesen resultado electas o si uno de los miembros no obtiene representación. Bajo el reglamento del 2017, se cancelan cuando concluye el proceso electoral, salvo que se decida modificar el plazo de vigencia.

4. Otros aspectos importantes.
Entre otras estipulaciones, se crea la figura de la suspensión de la inscripción de un partido si tiene un número de comités en funcionamiento menor que el establecido o si no mantiene la cantidad mínima de afiliados exigida. En tanto, se plantea que el kit electoral ya no se adquiera ante la ONPE, sino ante el JNE. Y con un plazo ya no de dos años, sino de uno para presentar la solicitud de inscripción.

José Tello, especialista en derecho electoral, destaca que si bien “no existe el mandato legal” de que las identidades de los afiliados sean verificadas por Reniec u ONPE, el proyecto incluye la opción de que el primer organismo haga la fiscalización.

Sin embargo, habla de un “vacío legal” en cuanto a la no cancelación del proceso de inscripción en caso de que se advierta fraude con las firmas.

Sobre la nueva figura de la suspensión de la inscripción, resalta: “Evitará que tengamos partidos fantasmas que no cumplan con tener una actividad permanente dentro o fuera de períodos electorales”.

Los legisladores deberán aprobar las reformas máximo hasta diciembre próximo, si quieren que las nuevas reglas electorales entren en vigencia para los próximos comicios presidenciales, que se efectuarán en el 2021.

La Asamblea aún no tiene una fórmula para aprobar el Código de la Democracia. Eso quedó en evidencia este jueves 19 de septiembre de 2019, cuando los legisladores regresaron al pleno, pero suspendieron nuevamente la sesión sin llegar a un consenso.

En la antesala de la reunión, Eliseo Azuero, de la bancada de Acción Democrática Independiente, y Fernando Callejas, de CREO, hablaron sobre las reformas, que a su criterio, eran importantes para mejorar la gobernabilidad y representación política en el país.

Ambos coincidieron en que se debe dar paso a los cambios propuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Electoral. Sin embargo, ese proyecto representa la modificación de, al menos, el 75% de la ley electoral vigente y la propuesta del CNE no pasó por un primer debate, sino que fue directamente al pleno a la espera de la votación.

Esta decisión es el primer bache que deberá superar la reforma electoral. Dentro de la mayoría, conformada por Alianza PAIS, CREO y las bancadas de Integración Nacional y Acción Democrática, aún no hay una posición definida, como ocurrió con el Código Penal.

La legisladora independiente María de Lourdes Cuesta protestó porque las propuestas no fueron discutidas. “Será culpa después de la tan mal vista Asamblea si se genera un mamotreto de la reforma electoral”. En esa misma línea, Roberto Gómez, de CREO, pidió que se cambiara de ponente en la Comisión de Justicia.

Esa decisión afecta directamente a la legisladora de Alianza PAIS, Ximena Peña, quien preside esa mesa legislativa. Ella se mostró molesta con los comentarios vertidos en la reunión y aseguró que en el Parlamento se dicen cosas que dañan la imagen del Legislativo.

Los legisladores deben aprobar esta reforma hasta diciembre próximo, si quieren que las nuevas reglas electores entren en vigencia para las votaciones de 2021.

Algunas de las propuestas de modificación se refieren principalmente al método de asignación de escaños; eliminar las circunscripciones territoriales en Pichincha, Guayas y Manabí; potenciar la participación de la mujer; delinear los requisitos para que las autoridades en funciones participen en las elecciones y el gasto electoral.

Así mismo, la implementación de controles a los aportes que reciben los partidos y movimientos políticos en campaña, para lo cual se plantea la creación de un fiscalizador para cada organización política, quien se encargaría de emitir informes diarios de los ingresos y gastos partidistas.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que en el capítulo sobre justicia electoral del proyecto de reformas que entregaron a la Asamblea, se aclaran vacíos legales y se eliminan contradicciones existentes en la actual normativa. “Esto permitirá una mayor eficiencia en la resolución de los recursos administrativos”, sostuvo.
 

El grupo que preside la congresista Rosa Bartra recibió ayer a tres economistas para que opinen sobre la propuesta del Ejecutivo

La Comisión de Constitución del Congreso sesionó ayer con tres economistas que opinaron sobre las implicancias económicas de adelantar las elecciones generales al 2020, en medio de cuestionamientos por no definir un plazo para tomar una decisión sobre esa propuesta.

Durante la sesión, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, el congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) pidió establecer un plazo para que la comisión elabore el dictamen del proyecto. En esa línea, solicitó no dilatar la decisión “con debates interminables”, pero su propuesta no fue atendida.

La comisión lleva cinco sesiones (tres ordinarias y dos extraordinarias) dedicadas a la propuesta del gobierno de Martín Vizcarra.

El primer ministro Salvador del Solar, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, los abogados constitucionalistas Natale Amprimo, Aníbal Quiroga, Carlos Mesía y José Cairo Roldán, los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) fueron convocados en distintas ocasiones.

Además, este miércoles se realizará otra sesión en la que se escuchará la opinión del abogado venezolano Allan Brewer Carias mediante videoconferencia, informó la presidenta de la comisión, Rosa Bartra.

También se tiene en agenda celebrar una sesión extraordinaria con los representantes de la Comisión de Venecia el 23 de setiembre.

El último sábado, el presidente Martín Vizcarra reiteró que espera que el pleno del Congreso decida sobre el adelanto de elecciones este mes. Los congresistas Alberto Quintanilla, Marco Arana (Frente Amplio), Gino Costa (Bancada Liberal) y Jorge Meléndez (PpK) se pronunciaron en la misma línea.

-Impacto económico-
En la sesión de ayer participaron los economistas Carlos Adrianzén, Eugenio D’Medina y Óscar Dancourt.

Adrianzén evitó referirse directamente al adelanto de elecciones, pero aseguró que “los quiebres son dañinos”, mientras que D’ Medina señaló que “el adelanto de elecciones no trae nada bueno para la economía”.

No onstante, Dancourt afirmó que la incertidumbre que generaría el adelanto de elecciones se puede contrarrestrar con políticas fiscales expansivas.

Las Naciones Unidas recomiendan disminuir la brecha de desigualdad en la participación electoral femenina, que siempre está en desventaja, para lo que debería impulsarse la presencia de mujeres como cabeza de listas.

Insultos y descalificaciones reciben las mujeres que participan en política en este país. Pero esos epítetos contra las féminas candidatas no están contemplados como faltas ni tienen sanciones.

Para citar algunos ejemplos: “Está desesperada la peliteñida esta”, “negra, vieja, fea, india, lentejera, rata, asquerosa, ya te billeteo, basura”, escribieron desde varias cuentas en Twitter a mujeres que participaron en las elecciones seccionales de 2019. Esos mensajes atentan contra la apariencia física, o la edad o la raza de las mujeres al tratar de denostarlas.

Según un informe de la Corporación Participación Ciudadana, se registraron 664 expresiones violentas contra 23 mujeres que fueron candidatas en los comicios. El periodo analizado fue del 16 de enero al 3 de marzo de 2019.  

Pero el Código de la Democracia no tipifica estas expresiones escritas como faltas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que entre las reformas a la norma que impulsan está la sanción a la violencia política contra la mujer.

Eso, agregó, conllevará a la suspensión de los derechos políticos hasta un año, una multa de hasta 10 salarios básicos unificados. Incluso la descalificación de candidaturas o la destitución del cargo si ha sido elegido, explicó.

“En aquellos casos en los que derive en delito se sancionará con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, señaló.

Atamaint contó que  los epítetos referidos a la apariencia física o los roles que la sociedad ha asignado tradicionalmente al género femenino empezaron en las primarias internas de los partidos.

Es un tema que necesita reformarse, la ley debe controlar y prevenir este tipo de violencia que busca denigrar la capacidad de las personas exclusivamente por su género, dijo.

La activista de Mujeres de Asfalto Juana Francis Bone opinó que en Ecuador aún se requiere entender la importancia de la participación de la mujer en las organizaciones políticas y sociales. Según ella, “los partidos y movimientos políticos buscan la paridad que exige la ley por obligación, pero no por conciencia”, aseguró.

Para la activista el voto femenino está subestimado en las grandes ciudades y en las más pequeñas aún predomina el machismo, dijo.

Cuestionó que en la política se incluyan parámetros estéticos en base al marketing, lo que ha causado que menos mujeres afros e indígenas participen en proselitismo.

Esa premisa coincide con el informe del Comité de Expertos del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos: “en las pasadas elecciones la presencia de mujeres indígenas y afros fue casi nula”. El comité recomienda que se corrija la normativa para fomentar la participación femenina en la política.

Desde 1924, la mujer ecuatoriana participó en los procesos democráticos del país. Antes de ese año el derecho al voto era solo de los hombres. Sin embargo, abrir el camino para la participación plena de la mujer no ha sido fácil.

En las últimas elecciones seccionales se inscribieron 80.281 candidaturas, de las cuales 39.447 eran mujeres y 40.834 hombres.

No obstante, la integración de las distintas listas no consideró la paridad en la titularidad de los cargos. Por ejemplo, para las alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Loja, el CNE recibió 68 postulaciones, de ellas 59 de hombres y solo 9 de mujeres. Esto significó que el 87% de los candidatos para dirigir los municipios de esas ciudades del país sean hombres, y apenas el 13% mujeres.

La representante de ONU Mujeres Nydia Pesantes detalló recomendaciones  para disminuir esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en la política. Por ejemplo: tomar en cuenta el sistema de listas abiertas porque eso permitirá que los votantes organicen sus opciones. También las mujeres deben encabezar las listas de las organizaciones políticas.

En Ecuador las mujeres son más del 50% de la población y la cifra va en aumento, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC). Sin embargo, en términos electorales las féminas siguen desventaja frente a sus contendores masculinos.

La Asamblea tiene previsto arrancar la discusión de la norma electoral. Hay criterios divididos por el sistema usado para este debate.

El cambio al Código de la Democracia será integral. A la Asamblea llegaron 11 propuestas para modificar por lo menos el 75% de sus artículos. El debate será largo y afrontará críticas y correrá contra el tiempo para evitar el candado constitucional que empezará en febrero del 2020.

Uno de los principales cuestionamientos es la decisión de incluir las propuestas sin que pasen por el filtro de la Comisión de Justicia, como ocurre en el Parlamento.

Para lograrlo, el presidente de la Asamblea, César Litardo, convocó a la continuación de un debate que quedó suspendido en enero de 2018. En ese mes de septiembre, la Asamblea se preparaba para aprobar un texto hecho por la Comisión de Justicia, pero sin la dimensión de los cambios ahora propuestos.

El legislador del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) e integrante de la Comisión de Justicia, Henry Cucalón, dijo que no es ilegal incluir los nuevos textos en el debate, pero pide una discusión profunda de los cambios nuevos.

Para la independiente Lourdes Cuesta, no se trata de un problema superficial. Lo óptimo es que los proyectos sean conocidos previamente por la Comisión de Justicia. “Es el cambio del 75% de la ley”.

Marcela Aguiñaga, legisladora de Revolución Ciudadana y expresidenta de esta mesa, reconoció que al pasar por la Comisión no se cumplirá con el propósito de aprobar la ley antes del candado constitucional.

Litardo calificó la reforma al Código de la Democracia como una prioridad. Por eso se prevé que hoy jueves 12 de septiembre de 2019, antes del debate, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, presente la propuesta en la Asamblea.

Ese proyecto será medular en la discusión de los asambleístas. La propuesta nació de las mesas por la democracia que impulsó el Gobierno, con las autoridades, académicos y profesionales.

Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Electoral, participó en los encuentros. Según él, hay temas fundamentales, como la eliminación de las divisiones territoriales en las elecciones o suprimir el método D’Hondt. Esa reforma es clave para el país y la misión del Legislativo es enmendar los errores y los abusos que existen con la actual ley.
 

Maniobras. Con la excusa de que se quiere esperar a lo que diga la Comisión de Venecia, que no es vinculante, el dictamen del grupo que lidera Rosa Bartra está todavía lejos de conocerse.

A pesar de lo apretado del calendario, la Comisión de Constitución, que lidera Rosa Bartra (Fuerza Popular), se tomaría todo lo que resta del mes de setiembre e incluso octubre antes de emitir un dictamen sobre el proyecto de adelanto de elecciones para el 2020.

El lunes 23 se realizará una sesión extraordinaria con los delegados de la Comisión de Venecia, luego del pedido de opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones realizado por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Después, viene la semana de representación, que se extenderá hasta el viernes 27, que es cuando los legisladores regresan a sus respectivas regiones. Así, lo más probable es que Constitución no se reúna durante esos días.

Gino Costa (Bancada Liberal) advirtió que la intención es esperar a que la Comisión de Venecia haga conocer su posición sobre el caso peruano. Se sabe que eso ocurriría entre el 11 y el 12 de octubre. Recién con ese insumo en la mano, Constitución elaboraría su informe final, el cual debe ser puesto a consideración de sus miembros a fin de que sea debatido y votado. Esto tomaría días adicionales.

Por eso, al ritmo que se está avanzando, la decisión recién se conocería finalizando octubre.

La Comisión de Venecia no es un organismo vinculante. Es decir, lo que señale no será de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano.

Es por esa razón que se ha advertido que esperar a lo que la Comisión de Venecia diga es más una medida dilatoria que otra cosa. Así lo han alertado Costa y Marco Arana (Frente Amplio), entre otros.

Bartra y Olaechea ya expresaron estar en contra de la propuesta de ley del Ejecutivo. “El adelanto de elecciones o la vacancia presidencial, en mi opinión, no son oportunos ni buenos para el país”, tuiteó anoche el titular del Congreso.

Los organismos electorales necesitan 150 días para llevar adelante el proceso electoral, que está pensado para celebrarse el 19 de abril.

Lo que complica la situación es que, por tratarse de una reforma constitucional, esta debe ser aprobada en un referéndum, que debería ser llevado a cabo en noviembre.

El último martes, el presidente del JNE, Víctor Ticona, recalcó que las nuevas elecciones dependerán de la voluntad política del Parlamento.

Además de la imprecisión respecto al cronograma electoral, los jefes de los organismos electorales enfrentan denuncias o son interinos

Con el tiempo en contra, la viabilidad del adelanto de eleccionesno solamente dependerá de la celeridad con la que el Congreso de la República debata y apruebe el proyecto presentado por el Ejecutivo, sino también de otras entidades cuyos roles son cruciales en cualquier proceso electoral: se trata del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Por ello, los titulares de dichos organismos fueron citados este martes a la Comisión de Constitución del Congreso con la finalidad de que emitan opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

- Cronograma incierto -
Si bien la propuesta del Ejecutivo plantea que las elecciones generales se realicen el tercer domingo de abril del 2020, el cronograma del proceso electoral aún es incierto.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, el jefe interino de la ONPE, Manuel Cox Ganoza, presentó un calendario electoral tentativo de 150 a 180 días naturales. Los plazos, señaló, son aproximados, pues están condicionados a la ley de democracia interna. De aplicarse esta norma, la ONPE tendría que organizar elecciones internas y primarias, lo cual afectaría el calendario electoral.

Por su parte, el jefe del Reniec, Bernardo Pachas, señaló que, para llevar a cabo un adelanto de elecciones, se requerirá contar con presupuesto para el traslado de personal a distintas partes del país. 
Por otro lado, el titular del Reniec aseguró que, de adelantarse el proceso electoral, existen dos plazos que deberán adecuarse: el cierre del padrón electoral y la remisión del padrón al JNE.

Quien no realizó mayores precisiones sobre el calendario electoral fue el titular del JNE, Víctor Ticona. Según este, la fecha de convocatoria a las elecciones generales del 2020 depende de “una decisión política ajena al sistema electoral”, en referencia a la aprobación del proyecto de adelanto de elecciones por parte del Legislativo.

“El tema de cuándo sería la convocatoria no lo sabemos, no tenemos conocimiento. La razón es obvia: no sabemos si el proyecto de Poder Ejecutivo será aprobado en el Congreso o a través de un referéndum. Eso pasa por una decisión política”, manifestó.

- Organismos en problemas -
Pero la incertidumbre respecto al cronograma del proceso electoral no es el único inconveniente que enfrentan los organismos electorales. Actualmente, ni la ONPE ni el JNE ni el Reniec atraviesan su mejor momento: sus máximas autoridades son interinas o afrontan investigaciones en su contra.

El Jurado Nacional de Elecciones es el organismo encargado de impartir justicia en materia electoral. Una función que, como mínimo, tendría que ser ejecutada por funcionarios sin cuestionamientos de carácter legal o ético. La realidad, sin embargo, es otra.

El 15 de noviembre de 2016, el arequipeño Víctor Ticona Postigo -quien por ese entonces se desempeñaba como presidente del Poder Judicial-, asumió la jefatura del JNE, en reemplazo de Francisco Távara.

El pasado julio, El Comercio publicó cinco audios en los que se puede oír a Ticona en lo que sería un intercambio de favores con el prófugo exjuez supremo, César Hinostroza. Ambos buscaban asegurar la plaza laboral de empleados de sus entidades.

Por este caso, Ticona afronta una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado.

- Una ONPE en orfandad -
En julio de 2018, el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) suspendió al entonces jefe del ONPE, Adolfo Castillo. Este había sido acusado de favorecer ilegalmente la inscripción del Partido Podemos.

En su reemplazo fue colocado Manuel Cox Ganoza, quien, desde julio de 2018, ejerce la jefatura de la ONPE, pero de manera interina. El problema es que, según su ley orgánica, el organismo competente para nombrar al jefe de la ONPE es la Junta Nacional de Justicia. Esta, sin embargo, aún no entra en funciones y cuándo ocurrirá esto es aún una incógnita.

Por otro lado, Cox no está completamente libre de cuestionamientos. Este lunes, América Noticias reveló que Eduardo Bruce Montes de Oca, hermano del congresista Carlos Bruce, fue contratado, entre el 2018 y el 2019, como jefe de gabinete de asesores de Cox Ganoza. Esto a pesar de que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado señala como impedimento para contratar con el Estado el ser familiar directo de un legislador.

El mismo Eduardo Bruce, incluso, sostuvo que su contrato con la ONPE no fue del todo regular. “Se simuló un servicio, me entiendes, se simuló ¿Por qué? por problemas de ellos. Ellos simularon que yo era contratado de una manera, pero en realidad el contrato era otro”, dijo para el noticiero.

Bruce, además, aseguró que el jefe de la ONPE tenía pleno conocimiento de que era hermano del parlamentario, ya que sería “amigo de la familia” hace 30 años.

Este Diario se comunicó con la ONPE para obtener los descargos de su titular pero, al momento del cierre de esta nota, no obtuvo respuesta. Sin embargo, al día siguiente, la entidad negó haber simulado contrato alguno e indicó que Eduardo Bruce firmó una declaración jurada señalando no tener impedimentos para dar servicios como proveedor de Estado. Asimismo, fuentes de la ONPE indicaron que se han tomado medidas administrativas y que el caso se encuentra judicializado.

- Reniec, también con titular interino -
En febrero de 2019 culminó el plazo de funciones del entonces jefe del Reniec, Jorge Yrivarren Lazo. En su lugar, se nombró de manera interina a Bernardo Pachas Serrano. Sin embargo, tal como ocurre en la ONPE, la Junta Nacional de Justicia es el ente encargado de nombrar al titular del Reniec y, mientras esta no entre en funciones, la entidad no tendrá jefatura oficial.

Los titulares de los órganos electorales participan en la comisión que preside la fujimorista Rosa Bartra para comentar sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

10:45 Inicia el debate tras la participación del titular del JNE.

10:30 Victor Ticona recordó que, tal como se advirtió, en las “últimas normas no se han contemplado la votación de los peruanos que viven en el extranjero”.

10:17 Tras reanudar la sesión, Rosa Bartra dio pase al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Victor Ticona, quien da su opinión sobre el proyecto para el adelanto de elecciones.

10:00 Bartra Barriga suspendió temporalmente la sesión de la Comisión de Constitución.

09:45 Los parlamentarios Yeni Vilcatoma y Marco Arana discutieron durante la sesión de Constitución.

09:40 En debate en la estación de pedidos, el congresista de Frente Amplio Marco Arana reiteró que se priorice la discusión del proyecto y no se espere la opinión de la Comisión de Venecia, con la finalidad de cumplir con los plazos.

09:20 Rosa Bartra informó que el 23 de setiembre se realizará una sesión extraordinaria con miembros de la Comisión de Venecia.

Asimismo, informó que este martes 17 participará, en sesión conjunta con la Comisión de Justicia, el presidente de la Comisión Especial para la Junta Nacional de Justicia “para que informe sobre todas las acciones que se vienen llevando en cumplimiento de la Ley Orgánica de la JNJ.”

09:17 La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra inicia la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Constitución.

Nota previa

La Comisión de Constitución recibe este martes 10 a los titulares de los órganos electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que den su opinión sobre el proyecto de reforma que busca el adelanto de elecciones.

El último 4 de setiembre, un día después que la declararan en sesión permanente, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el titular del Ministerio de Justicia, Vicente Zeballos, sustentaron la propuesta del Ejecutivo para adelantar los comiciones previstos para el 2021.

Según la iniciativa, que fue entregada en el Parlamento el pasado 31 de julio, se plantea el recorte del mandato presidencial, legislativo y de los parlamentarios andinos, así como la prohibición a la postulación inmediata de los jefes de Estado.

El Ejecutivo promulgó norma sin observar error del Parlamento. El congresista Alberto De Belaunde presentará proyecto para corregir artículo 21 de Ley Orgánica de Elecciones.

El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política Fernando Tuesta advirtió que el Congreso eliminó el derecho al voto de los peruanos que residen en el extranjero en la nueva redacción del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, norma que fue promulgada por el Ejecutivo, que no reparó en el error, hace una semana.

“Es un error cometido en la Comisión de Constitución que se debe reparar, porque en este momento ese artículo es inconstitucional, porque una ley no puede dejar de lado el derecho que le asiste a los peruanos que residen en el extranjero. La Constitución señala claramente que el derecho al voto es para los peruanos mayores de 18 años inscritos en el Reniec”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Tuesta opinó que el error del Parlamento se deriva se la “actitud contraria a la reforma” que tuvo este poder del Estado.

“No se tomó como base nuestra redacción [la de la comisión de alto nivel], hicieron su propia redacción y ahí hay vacíos, confusiones y errores”, agregó.

Explicó que la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política para modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones incluía un párrafo, a través del cual, se creaba una circunscripción electoral especial para los peruanos residentes en el extranjero y se les asignaba dos escaños en el Parlamento.

No obstante, la Comisión de Constitución, dirigida por la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), desecho esta iniciativa.

Y tampoco incluyó en la redacción del dictamen final lo que establecía la anterior norma, que era que los peruanos el extranjero votaban por la provincia de Lima.

Tuesta también indicó que Palacio de Gobierno tiene parte de la responsabilidad, porque promulgó la reforma política sin darse cuenta de este “grave error”.

“El Ejecutivo pudo promulgar la norma y enviar un proyecto de ley para corregir esta falla de manera rápida”, mencionó.

Agregó que si el gobierno observaba la norma, que incluía otros artículos importantes, corría el riesgo de que el Congreso paralice esta reforma.

Por medio de su cuenta de Twitter, el congresista Alberto De Belaunde adelantó que la Bancada Liberal presentará en las próximas horas un proyecto de ley para corregir “esta sorprendente omisión”. “El tema nunca estuvo en debate y la propuesta original no incluía esa eliminación”, subrayó. 

La bancada de Nuevo Perú informó que presentará "hoy mismo" un proyecto de ley para permitir que los peruanos en el extranjero tengan derecho al voto. 

"No tiene sentido que los peruanos en el extranjero no puedan votar en las próximas elecciones. Un error que debe corregirse cuanto antes. Por eso presentaremos hoy mismo un proyecto de ley para garantizar plenos derechos a los compatriotas que están fuera del Perú", señaló en su cuenta de Twitter.