Reformas políticas

La elección presidencial prevista para el 2021 podría adelantarse un año, al 19 de abril de 2020, si prospera el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Martín Vizcarra al Congreso. La iniciativa que empezará a discutirse este 4 de setiembre cuando acudan a sustentarlo el primer ministro Salvador del Solar y el titular de Justicia Vicente Zeballos.

La propuesta plantea que Vizcarra no podrá participar en dicho proceso y que el Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec deben adecuar los plazos para que este proceso pueda realizarse en la fecha señalada.

¿De aprobarse el proyecto, qué requisitos tendrían que cumplir los candidatos que participen en los comicios para suceder a Martín Vizcarra?

¿Qué dicen la Constitución y la normativa electoral?
En primer lugar el artículo 110 de la Constitución Política señala que para ser Presidente de la República del Perú se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.

Para poder inscribir a sus candidatos a la presidencia las organizaciones políticas también tendrán que adecuarse a las recientemente aprobadas leyes de reforma política, que establecen modificaciones sobre inscripción y democracia interna, por ejemplo. 

Uno de los cambios señala que ahora los candidatos a elecciones primarias “deberán tener, al menos, seis meses de afiliación a la organización política” con anterioridad a la fecha de las internas. Las elecciones primarias o internas estaban previstas para noviembre próximo.

Otra modalidad para ser el candidato a la presidencia de una agrupación es por invitación de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas.

Los partidos creados con anterioridad a la nueva ley podrán, de manera opcional, realizar elecciones internas solo con la participación de sus afiliados. Las organizaciones nuevas sí deberán realizar su proceso de forma abierta y obligatoria.

Sobre las nuevas agrupaciones uno de los principales cambios es la eliminación del requisito de presentación de firmas para inscribirse. Ahora se deberá presentar la “relación de afiliados equivalente, como mínimo, al 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional”. Es decir, un poco más de 23.000 afiliados.

Fernando Tuesta, que en su momento presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, explicó hace unos días a este Diario que de las 4 leyes promulgadas, solo la de democracia interna no podría aplicarse en una eventual contienda electoral adelantada, en caso el proyecto en cuestión se someta a referéndum. Sí podría cumplirse si no hay consulta popular y se aprueba en dos legislaturas.

Es decir, lo más viable para aprobar dicha propuesta es evitar el referéndum y acortar la legislatura actual para aprobarla por doble votación.

Declaración jurada y plan de gobierno
En sus artículo 23 y 24 la Ley de Organizaciones señala como requisitos obligatorios para postular a la presidencia la presentación por parte de los candidatos de su declaración jurada de vida y plan de gobierno.

La primera deber incluir la relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, si las hubiere. La omisión o falsedad se denuncia penalmente.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tampoco inscribirá a los aspirantes a candidatos que no cumplan con presentar sus planes de gobierno.  

Funcionarios deben renunciar
En las elecciones pasadas, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso que seis meses antes de los comicios las principales autoridades y altos funcionarios públicos tenían tiempo para renunciar a sus cargos y postular en las elecciones generales del 2016.

El artículo 191 de la Constitución es el que establece que los gobernadores regionales deben renunciar al cargo seis meses antes de la elección si aspiran a ser candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como al Congreso y el Parlamento Andino.

El artículo 194 de la Carta Magna señala asimismo que las autoridades municipales que pretendan postular a cargos de elección popular deben renunciar en ese mismo plazo.

Esta ley también establece que no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República los ministros y viceministros de Estado y el contralor general, en caso no renuncien por lo menos seis meses antes de la elección.

Los voceros parlamentarios Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Hernando Cevallos (Frente Amplio) y Gilbert Violeta (Contigo) discreparon sobre la opción del presidente Martín Vizcarra de presentar una cuestión de confianza al Congreso por el proyecto de ley de adelanto de elecciones al 2020.

Vizcarra dijo ayer que la cuestión de confianza “se puede usar cuando sea necesaria”, y precisó que se pronunciará sobre esta si el Congreso rechaza su propuesta.

Sin embargo, García Belaunde señaló hoy a El Comercio que el presidente no puede recurrir a una cuestión de confianza por una reforma constitucional. Agregó que si insiste con ese tema ante el Congreso, se arriesga a ser denunciado por infracción a la Constitución.

“Una infracción constitucional es causal de vacancia”, detalló el vocero alterno de Acción Popular.

García Belaunde agregó que la denuncia por infracción constitucional también involucraría al Gabinete Ministerial, pues la cuestión de confianza sería presentada por el primer ministro Salvador del Solar ante el Congreso, luego de ser aprobada por el Consejo de Ministros.

Violeta coincidió con García Belaunde en que el mandatario está impedido de solicitar cuestión de confianza para adelantar las elecciones. El vocero de Contigo dijo que “una reforma constitucional, según el artículo 206 de la Constitución, no puede ser objetada por el presidente”.

Pero Violeta consideró que interponer un recurso o una cuestión de confianza no justifica una infracción constitucional. Agregó que "un recurso así sería tan inconstitucional que el Parlamento sencillamente lo podría devolver sin siquiera tener que pronunciarse sobre el pedido de fondo", dijo a El Comercio.

En tanto, Cevallos señaló que la cuestión de confianza es una atribución presidencial a la que puede recurrir Vizcarra.

“En buena hora si la presenta”, dijo el vocero de Frente Amplio, quien explicó que su bancada le negaría la confianza para forzar el cierre del Congreso.

“El ciclo del Congreso está agotado. Nosotros hemos solicitado el adelanto de elecciones hace más de ocho meses. Respaldamos el adelanto”, dijo.

Cevallos agregó que "lo que está buscando el fujimorismo y sus amigos, entre los que se encuentra Olaechea, es encontrar elementos legales para descartar la cuestión de confianza y solicitar la vacancia presidencial. Van a argumentar que el pedido del presidente es inconstitucional y lo van a acusar de infracción a la Constitución. Están buscando elementos que justifiquen esa posición".

El magistrado José Luis Sardón, miembro del Tribunal Constitucional (TC), dijo a El Comercio la semana pasada que la cuestión de confianza sobre una reforma constitucional es “un asunto que está pendiente de ser analizado” por ese organismo.

Como se recuerda, en julio pasado, el pleno del Congreso aprobó presentar una acción competencial ante el Tribunal Constitucional para consultarle sobre el alcance y forma de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo por la reforma política.

Hoy se publicó en la separata de Normas Legales del Diario El Peruano la ley que establece la paridad y alternancia en las listas para el Congreso de la República, los cuales forman parte de la reforma política que planteó el Poder Ejecutivo en abril del presente año.

Según el dispositivo, se señala que la votación preferencial se mantiene solo para las Elecciones Generales 2021, a través del doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales donde se elige menos de dos congresistas. En este caso, hay solo un voto preferencial opcional.

Respecto a la alternancia en las listas para el Congreso, se modifica el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones (N°26859) y establece lineamientos para la postulación en las elecciones internas o primarias. 

“Los candidatos postulan de forma individual. El conjunto de candidatos está integrado por no menos del 45% de mujeres o de hombres, ubicados de forma intercalada: una mujer un hombre o un hombre una mujer. El voto se emite a favor de candidato individual”, especifica.

Refiere, asimismo, que la lista resultante de las elecciones internas o elecciones primarias se ordena según el resultado de la votación y respetando la cuota mínima de 40% de mujeres o de hombres. 

Asimismo, establece que la lista al Congreso, para las elecciones generales, considerará los resultados de la democracia interna y se ubicarán los candidatos en forma intercalada: Una mujer un hombre o un hombre una mujer”.

Las Disposiciones Transitorias Especiales especifican la aplicación progresiva de la modificación del artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones. Así, para las Elecciones Generales del año 2026 las listas de candidatos al Congreso deberán incluir 45% de mujeres o de varones, ubicados de manera intercalada: una mujer un hombre o un hombre una mujer.

Finalmente, para los comicios generales del año 2031, se lograrán listas de candidatos formadas por igual porcentaje (50%) de mujeres y hombres, ubicados de manera intercalada: una mujer un hombre o un hombre una mujer.

Flanqueado por el primer ministro Salvador del Solar y el titular de Justicia, Vicente Zeballos, el presidente Martín Vizcarra promulgó ayer las autógrafas que convierten en ley cuatro iniciativas de reforma política planteadas por su gobierno.

Ello es posible considerando que se refieren a modificaciones a leyes orgánicas. Otras dos propuestas, también sometidas a cuestión de confianza y aprobadas por el Congreso el mes pasado, son reformas constitucionales que requieren una segunda votación en esta legislatura.

“Estas leyes, si bien no recogen en su integralidad la reforma planteada, representan la búsqueda constante hacia esa reforma que propusimos. Promulgamos estas normas con la seguridad de contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema democrático”, dijo el mandatario en una ceremonia en Palacio de Gobierno. En primera fila estuvo la vicepresidenta Mercedes Araoz, junto a otras autoridades.

Especialistas consultados por El Comercio analizaron la aplicación de las leyes de cara a las próximas elecciones generales. 

1. Inscripción de organizaciones políticas.
Modifica la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) en cuanto a los requisitos para inscribir y cancelar a dichas organizaciones.

Entre otros cambios, se deja de lado la relación de firmas de adherentes para inscribir un partido y ahora se exige una relación de afiliados equivalente “como mínimo al 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional”. Para Fernando Tuesta, que presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política; Martín Tanaka, miembro del mismo grupo; y el especialista en temas electorales José Tello, la ley es aplicable para los comicios generales del 2021 y también en caso que estos se adelanten al 2020.

2. Financiamiento de partidos.
La ley incorpora al Código Penal el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Aunque el Ejecutivo propuso también modificaciones a la LOP, esto no se acogió en el Congreso por considerar que son solo cambios de forma y que recientemente se hicieron variaciones en materia electoral pendientes de evaluación. Los especialistas también vieron la norma viable para las próximas elecciones, sean estas en el 2020 o 2021.

3. Democracia interna.
Establece elecciones primarias para candidatos a presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. Serán de forma simultánea con voto universal obligatorio de afiliados o no a los partidos.

A los partidos vigentes se les permitirá, por única vez y antes de las primarias para los comicios del 2021, llevar a cabo elecciones internas para seleccionar a candidatos a presidente y congresistas.

Los especialistas vieron inviable que se aplique la ley si las elecciones se adelantan al 2020 por un tema de plazos, aunque Tuesta dijo que ve una opción en caso esta reforma constitucional se apruebe en dos legislaturas, acortando la actual y evitando así el referéndum.

4. Paridad y alternancia en listas. 
La ley plantea una aplicación porcentual gradual hasta lograr que, al 2031, las listas de candidatos al Congreso incluyan 50% de varones y mujeres ubicados de forma intercalada. Y señala que para el 2021 “es de aplicación el doble voto preferencial opcional”. Tanaka resalta que habría más mujeres en las listas y con mejores ubicaciones, “pero nada nos aseguraría que entren porque está el voto preferencial”.

Tello anota que ni para el 2021 ni el 2020 se aplicará la paridad. “Y el voto preferencial distorsiona la aplicación de la alternancia, dado que permite al elector, finalmente, escoger al candidato de su preferencia”, agrega.

Pendientes de segunda votación

Impedimentos para candidatos
Reforma constitucional aprobada en la anterior legislatura, requiere una segunda votación en la actual. Impide que los condenados por delito doloso en primera instancia postulen a cargos de elección popular o ejerzan función pública en cargos de confianza.

Inmunidad Parlamentaria
El Ejecutivo propuso que sea el Poder Judicial y no el Congreso, como ocurre actualmente, la entidad que se encargue del levantamiento de la inmunidad de los congresistas. El pleno aprobó en primera votación un dictamen que no recoge tal iniciativa.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, convocó a una rueda de prensa para informar sobre el trabajo que cumplirá.

La Corte Constitucional (CC) emitió su dictamen al pedido de reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y trasladar sus competencias al Legislativo.

La CC autorizó al Comité por la Institucionalización Democrática solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para la recolección de firmas.

El Comité pidió eliminar el Consejo de Participación y que sus funciones de designación a las 44 autoridades de control pasen a la Asamblea, a través de un sistema bicameral.

Pablo Dávila, miembro del Comité, dijo a este Diario que reciben con respeto y optimismo el pronunciamiento de la CC.  “Esperamos ser notificados oficialmente. Esto abre la puerta para defender la institucionalidad y la democracia en el país”, recalcó.

Dávila añadió que ahora el camino es pedir al CNE los formularios y recoger las 135.000 firmas necesarias para llevarlas a la Asamblea.

“La CC nos dio la razón en nuestra petición”, subrayó.

Sin embargo, la CC puso reparos a los requisitos para conformar la Cámara de Representantes que designarán a las autoridades de control.  Según el dictamen de la CC, restringen derechos de participación y representatividad.

El Comité por la Institucionalización Democrática tendrá seis meses para recolectar las firmas. También deberá presentar el proyecto a la Asamblea Nacional que lo debatirá en 90 días y en 45 tendría que convocar a un referéndum.

Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana estableció sus líneas de trabajo en acciones de defensa a la democracia y el fortalecimiento de los mecanismos de participación.

Además realizarán un diagnóstico integral para transparentar y dar continuidad a las causas represadas. También crearán equipos multidisciplinarios para veedurías y fortalecerán 149 convenios de cooperación interinstitucional.

Los nuevos integrantes del Consejo analizarán el reglamento de funciones que aprobaron los consejeros destituidos. Christian Cruz, titular del organismo, dijo que respetarán la decisión de la Corte y que no revisarán lo actuado por el Consejo Transitorio. 

Con esta decisión, el grupo parlamentario oficialista se queda sin la cantidad de miembros necesarios para ser reconocido como tal.

El congresista Carlos Bruce confirmó a El Comercio que él, Mercedes Araoz y Ana María Choquehuanca renunciaron a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK). 

Con esta decisión, el oficialismo se queda con apenas cuatro miembros: Sergio Dávila, Clemente Flores, Alberto Oliva y Jorge Meléndez, por lo que no tiene a los 5 integrantes mínimos para ser reconocido como bancada. En consecuencia, no tendrá derecho a seguir dirigiendo la Comisión de Economía.

Además, se trata del alejamiento de tres importantes representantes de PpK. Mercedes Araoz es la vicepresidenta de la República y dirigió la Comisión de Economía durante la legislatura pasada. Durante el período 2019-2020 este grupo de trabajo iba a ser presidido por Sergio Dávila.

Carlos Bruce, en tanto, fue ministro de Vivienda del presidente Martín Vizcarra y Ana María Choquehuanca estuvo al frente al Ministerio de la Mujer durante la gestión de Peruanos por el Kambio.

Las razones

En un comunicado con fecha de este jueves 15 suscrito por los tres parlamentarios, se argumenta una presunta “quiebra de la democracia interna en la bancada PpK”, la cual califican de “sistemática e intolerante para nuestros principios democráticos y políticos”.

Remarcan que en reiteradas ocasiones los voceros del bloque emitieron "pronunciamientos como bancada sin antes haberlas acordado en las reuniones de grupo". "Toman el nombre de la bancada para emitir sus opiniones personales”, lamentan.

Bruce, Araoz y Choquehuanca sostienen que su renuncia irrevocable a la bancada se da considerando que no tienen mandato imperativo y que, únicamente, se deben a sus electores.

“Continuaremos defendiendo las posiciones del gobierno que consideramos democráticas, responsables y de beneficio de las grandes mayorías. Con esa misma libertad, también criticaremos de manera democrática y responsable cada vez que consideremos que el Ejecutivo se aleje del plan de gobierno de PPK”, añaden en su comunicado.

En su comunicado, recuerdan que “producida la renuncia del presidente PPK continuamos defendiendo al gobierno liderado por el presidente Martín Vizcarra, tanto en nuestras intervenciones y votos en el pleno del Congreso así como en los medios de comunicación. En los últimos meses el grupo mayoritario, de lo que queda de la bancada de PPK, ha impuesto sus puntos de vista sin respetar nuestras posiciones".

Los tres congresistas añaden que desde que formaron la bancada oficialista, su trabajo parlamentario ha estado orientado a la defensa del Estado Constitucional de Derecho, a la promoción de la inversión pública y privada, como principal motor para generar empleo y estabilidad social en el marco de una economía social de mercado, y a consolidar la institucionalidad democrática en el Perú.

"Todo esto -prosiguen-, según el plan de gobierno de PPK con el cual obtuvimos el respaldo popular en el 2016. Durante los tres últimos años, marcados por la grave crisis política generada por el enfrentamiento entre la mayoría opositora del Congreso y el Ejecutivo, nuestra posición siempre fue la de defender la gobernabilidad del país, buscando el diálogo, los consensos y puntos de entendimiento para evitar las consecuencias de esta crisis en la economía y paz social”

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), entregaron este martes 6 de agosto del 2019 a César Litardo, titular de la Asamblea Nacional, la propuesta de reformas al Código de la Democracia.

La propuesta aborda temas como el cambio de método de asignación de escaños. Se propone eliminar el método D'Hondt y adoptar el método Webster, que asegura mayor equidad, proporcionalidad y representación de las minorías.

Además, la eliminación de las circunscripciones electorales; y sanciones rigurosas por campaña anticipada y violencia política en contra de las mujeres.

Asimismo, los funcionarios públicos que aspiren a la reelección del cargo deberán solicitar licencia sin sueldo de manera obligatoria.

En el capítulo sobre justicia electoral se aclaran vacíos legales y eliminan contradicciones existentes en la actual normativa. Esto permitirá una mayor eficiencia en la resolución de los recursos administrativos.

La presidenta del CNE dijo que existe apertura por parte del titular de la Asamblea y de la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, de Alianza PAÍS.

Mientras que Arturo Cabrera especificó que las consideraciones establecidas por su organismo confluyen en la propuesta de reforma de la justicia electoral, puesto que el Código de la Democracia carece de un capítulo que marque el procedimiento de las causas del Contencioso Electoral.

La legisladora Peña (AP) señaló que después de la vacancia legislativa se analizará en la comisión la propuesta; se prevé que la norma sea aprobada en noviembre de 2019.

El cronograma inicial de la ONPE plantea eventuales elecciones en mayo, y no en abril del 2020 como había planteado el Gobierno en el proyecto de reforma constitucional.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra trabajando en un cronograma electoral tentativo sobre el hipotético escenario de que se lleve a cabo la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones al 2020 presentada por el presidente Martín Vizcarra al Congreso. Fuentes de la institución indicaron a El Comercio cuáles son los plazos tentativos.

—Contra el tiempo—
Según apunta el diagrama, en el mejor de los escenarios, el proyecto de reforma constitucional debería ser aprobado este mes por el Congreso. Solo así, el mandatario podría convocar a referéndum en la primera semana de setiembre. “[Este referéndum] como mínimo debe realizarse en un plazo de 90 días”, señaló una fuente de la entidad.

Si bien el año pasado se efectuó en un mes un referéndum para aprobar la conformación de la Junta Nacional de Justicia, prohibir la reelección inmediata de congresistas, y otros, en aquella oportunidad, la ONPE tenía toda la maquinaria lista para organizar la segunda vuelta de elecciones regionales. Esta vez, empezaría de cero.

El cronograma, además, considera elecciones internas en los partidos, pero bajo las normas electorales actuales que prevén la posibilidad de que los órganos de la organización política elijan a los candidatos. En tanto, si bien el Ejecutivo en la presentación de su proyecto ha señalado que las elecciones generales deberían cumplirse el tercer domingo de abril del 2020, este documento difiere al precisar que se llevarían a cabo el 10 de mayo y la segunda vuelta, el 28 de junio. Fuentes de la ONPE agregan que el Ejecutivo no les consultó sobre esto al presentar su iniciativa.

—En el 2000—
Esta no es la primera vez que un presidente de la República plantea el recorte de su mandato y el adelanto de elecciones generales. Pasó en el 2000, en un anuncio del 16 de setiembre de Alberto Fujimori, como respuesta a la difusión dos días antes del video Kouri-Montesinos. No fue, como dijo la congresista Milagros Salazar en una entrevista en televisión, “porque había terrorismo”.

La idea de adelantar elecciones surgió antes de la renuncia de Fujimori el 19 de noviembre desde Japón. Para entonces, su primer vicepresidente Francisco Tudela ya había renunciado y quedaba Ricardo Márquez en la segunda vicepresidencia. Pero este último también dimitió y el 22 de noviembre, el Congreso, negándole la renuncia a Fujimori, lo vaca por incapacidad moral y aceptó las renuncias de sus vicepresidentes. El mandato de sucesión presidencial llevó a Valentín Paniagua, recientemente elegido titular del Congreso, a asumir la presidencia de la República.

Lo que ocurrió en el 2000 es una guía de lo que podría ocurrir si el Congreso aprueba la reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020. El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta coincide en que el éxito de esta propuesta dependerá de que sea aprobada por el Congreso en agosto y el presidente convoque a referéndum la primera semana de setiembre.

Los cambios no podrán ser aplicados en las elecciones de 2021 si no se cumple el plazo. La Mesa de la Democracia del Acuerdo Nacional aglutina las propuestas para que sean tramitadas por la Comisión de Justicia de la Asamblea.

Seis sectores han presentado sus paquetes de propuestas para reformar la Ley Electoral ante la Mesa de la Democracia y Reforma Institucional del Acuerdo Nacional impulsado por el Gobierno. En los próximos días remitirá su propuesta de cambios el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral e integrante de la Mesa de la Democracia, señaló que durante este mes se debatirán los planteamientos y que para mediados de agosto de 2019 ya habrá una propuesta en firme para presentarla a la Asamblea Nacional.

La presidenta de la Comisión de Justicia del legislativo, Ximena Peña (Alianza PAIS), indicó que están contra el tiempo para el trámite de estas reformas, por lo que esperan recibir las propuestas hasta fines de este mes de julio.

Recordó que hay un informe listo para segundo debate, el mismo que ya fue tratado hace más de un año y que contiene las propuestas presentadas por las autoridades electorales anteriores.

“Por eso es una prioridad darles la oportunidad de que presenten observaciones al informe para segundo debate hasta este mes de julio de 2019 y comenzar un proceso de diálogo con las bancadas a fin de definir qué temas acoger y tener los votos requeridos” sostuvo.

Sin embargo, Camacho considera que hay tiempo aún. “Es posible su aprobación en la medida de que haya la voluntad política que hemos encontrado”.

Al vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Verdesoto no le preocupa mayormente los tiempos y cree que antes de fin de año podrían estar listas las reformas electorales. “Hay que buscar la aprobación en la Comisión de Justicia”, señaló.

La legisladora Rosa Orellana, de Alianza PAIS e integrante de la Comisión de Justicia, añadió que en la última reunión que tuvieron con las autoridades del CNE, se les pidió una propuesta como organismo y no individual de los consejeros. Pedido que hasta la presente fecha, no ha sido atendido.

“Envíen ya, porque la comisión no solamente está dedicada a las reformas electorales o del Código de la Democracia, sino al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Tránsito, despenalización del aborto y la legalización de la marihuana, entre otros temas” manifestó.

El consejero Verdesoto confía en que con la ayuda de la Mesa de la Democracia del Acuerdo Nacional se agilizarán los tiempos.

Los cambios en cinco ejes

Fausto Camacho sostiene que sobre la base de los planteamientos presentados en los distintos articulados para la reforma al Código de la Democracia, el proyecto se dividirá en cinco ejes de acción.

El primero es el relacionado con el sistema electoral, que encierra los métodos de asignación de escaños, los distritos y la forma de votar.

El segundo abarca el tema de las organizaciones políticas en el que se analiza la existencia, función, financiamiento y democracia interna de las 276 existentes.

Un tercer tema es el dinero para el financiamiento de las campañas, para llegar a una transparencia y efectivo control en los gastos electorales.

El cuarto ámbito tiene un enfoque de control y seguridad jurídica para el cumplimiento exacto de plazos en temas de impugnaciones, causas y otros reclamos.

Finalmente, el último punto tratará lo concerniente a la Justicia electoral, para detallar el procedimiento contencioso electoral en el cuerpo legal.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, califica como urgentes las reformas.