Escribe Leonel Fernández,

Ex Presidente de la República Dominicana

En el transcurso de esta semana, la comisión integrada por senadores y diputados, que tiene bajo su responsabilidad el estudio y análisis de los proyectos de leyes sobre partidos políticos y régimen electoral, entrará en una fase crucial. Empezará a examinar los temas más controversiales y conflictivos que aparecen en la primera de las referidas piezas legislativas.

Luego de más de dos meses de reuniones continuas, los miembros de la Comisión Bicameral han logrado aprobar 40 de los 77 artículos que tiene el proyecto de ley de partidos políticos.

La aprobación de esa norma que ha de reglamentar el funcionamiento de las organizaciones políticas en el país es un viejo reclamo que se encuentra en la agenda del Congreso Nacional desde hace cerca de 12 años.

Algunos se preguntarán por qué ha ocurrido así. Por qué se ha tomado tanto tiempo aprobar una ley de partidos políticos. ¿Es que ha faltado voluntad política entre los partidos para establecer una ley que los regule? ¿Es que no ha habido interés al considerarse que tal tipo de legislación les resultaría perjudicial? Se podrán tejer miles de conjeturas.

Pero yo, que he estado en el epicentro de los acontecimientos puedo asegurar que, por lo menos dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, no ha habido tal falta de interés.

Dentro de su Comité Político se ha estudiado y discutido en múltiples oportunidades, y el criterio unánime de sus integrantes es que se proceda con su aprobación. Creo que le ha llegado la hora.

Hasta ahora, sin embargo, es mucho lo que República Dominicana ha avanzado en su proceso de reforma y modernización del Estado. Desde el 2010, de conformidad con el criterio de varios prestigiosos juristas internacionales, cuenta con una de las constituciones más modernas y avanzadas de Iberoamérica.

Pero, además, ha procedido, entre otras, a una reforma administrativa y financiera del Estado; a una reforma judicial; a una ampliación y mayores garantías en el ejercicio de derechos fundamentales; a una más amplia descentralización del régimen municipal; y a nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas.

No obstante, para seguir avanzando hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas hace falta consolidar el sistema de partidos políticos, a los fines de que puedan afianzar su rol de instrumento de participación política de la ciudadanía y de intermediarios entre el Estado y la sociedad.

Regulación de los partidos

Naturalmente, no es que los partidos políticos hayan estado operando en nuestro país sin ningún tipo de reglamentación. No es así. La actual ley electoral, la número 275-97, dedica dos títulos y 37 de sus artículos al régimen de partidos políticos, desde el 41 hasta el 78.

En esos dispositivos legales se hace referencia a las condiciones para el reconocimiento de los partidos; su personalidad jurídica; de las formas de financiación; de las fusiones, alianzas o coaliciones; de la nominación de candidatos; y hasta de las causas de su extinción.

En la República Dominicana el régimen de partidos políticos se encuentra constitucionalizado.

En el artículo 216 de nuestra Carta Magna se consigna que en nuestro país la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre; y que su conformación y funcionamiento solo dependen de que sean de conformidad con la ley.

Más aún, según la propia Constitución, los fines esenciales de los partidos políticos son, entre otros, garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; respetar el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; y servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Para lograr esos objetivos es que en estos momentos se reclama, con carácter de urgencia, la aprobación de una ley de partidos políticos, ya que resulta esencial para el adecuado funcionamiento de la democracia.

Debido a que la Comisión Mixta ya ha aprobado más de la mitad de los artículos que contiene el proyecto de ley, ahora, como han dicho sus voceros, se proponen examinar los temas más complejos y peliagudos.

Entre esos temas se encuentran el del reconocimiento a los partidos con el dos por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales; el de las causas para la pérdida de la personería jurídica del partido o de la agrupación política; el de la cuestión de género o cuota de la mujer; el del porcentaje de candidaturas para la alta dirección de los partidos; el del financiamiento público y privado; y el de la organización de las primarias y uso del padrón electoral para la selección de candidatos para puestos de elección popular.

La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Miguel Torres, inició el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos en campaña.

Sin embargo, la presidenta del otrora subgrupo de trabajo de reforma electoral, Patricia Donayre, denunció que el dictamen presentado por Torres no incluye la exclusión directa por el otorgamiento de dádivas en periodo de campañas, como lo proponía su informe.

“Vuelven los regalos en campaña. Propuesta de prohibición de grupo de reforma no fue considerada en predictamen de Comisión de Constitución”, afirmó Donayre.

Ante esto, Miguel Torres explicó a Perú21 que las sanciones hacia los candidatos por el otorgamiento de dádivas se darán de manera gradual. 
“Si bien se permite la exclusión de candidatos que entreguen dádivas, se establece un mecanismo de gradualidad. Sin embargo, sí se considera necesario mantener la prohibición de dádivas”, enfatizó Torres al término de la sesión.

La decisión del Movimiento Al Socialismo (MAS) de llevar adelante el proceso de preselección de autoridades del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial con una ley transitoria supone modificar cuatro normas. Juristas plantean que se debe declarar desierta la convocatoria en respeto a la ley.

Mañana, viernes, se conocerá oficialmente la lista de postulantes habilitados para el proceso de preselección, sin embargo, varios legisladores adelantaron que en varios departamentos no se cumple el requisito de mujeres y representantes de pueblos indígenas como establece la normativa, por lo mismo, el MAS planteó —lejos de declarar desierta la convocatoria— modificar la normativa para flexibilizar los requisitos del proceso.

Si esto procede, entre las normas que tendrían que ser modificadas está la Ley del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional y del Régimen Electoral, mediante una norma transitoria, además del Reglamento de Preselección para no detener el proceso que se encuentra en su fase de revisión de requisitos.

“Para empezar, el MAS se ha metido un autogol con su Reglamento de Preselección porque el tema de equidad de género se maneja para los espacios políticos, es decir, asambleístas nacionales, departamentales, concejales municipales, entre otros, y no se contempla en el tema judicial”, aseguró el abogado Williams Bascopé.

Explicó que el MAS, para salir de este embrollo, plantea de manera “desesperada” modificar reglas para forzar la elección de las autoridades judiciales el próximo 22 de octubre y “no mostrar el fracaso de esta convocatoria”.

“Lo correcto es que se declare desierta la convocatoria y cumplir con el reglamento que ellos mismos (los del MAS) se han puesto, pero no, ahora buscan continuar sin importar atropellar de los aspirantes que han cumplido con las reglas”, dijo.

A su vez, Carlos Alarcón, otro reconocido constitucionalista, manifestó que este proceso ha desnudado la intención del MAS, que elaboró un reglamento para facilitar ciertas postulaciones e impedir otras.

“Ni siquiera ese reglamento trucho lo cumplen, queda claro que ellos ya han barajado o ya han acordado esas candidaturas que les interesa y no quieren declarar desierta porque no quieren arriesgar esos compromisos que deben haber asumido”, criticó.

Reclamó que con esta acción el proceso queda plagado de vicios.

La congresista Luciana León, del Partido Aprista Peruano, presentó un proyecto de ley que propone que los adolescentes de 16 y 17 años puedan votar en las elecciones de manera voluntaria.

La iniciativa busca fomentar la participación política en los jóvenes, según el proyecto de ley que es respaldado por legisladores Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo.

Asimismo, se indica que el Estado tiene el deber de educar, incentivar y generar conciencia cívica entre los adolescentes de 16 y 17 años para que puedan ejercer su derecho al sufragio de manera facultativa.

"Esta propuesta no genera ningún costo adicional, por el contrario, mayores beneficios, especialmente en la cultura cívica de nuestros futuros ciudadanos, promoviendo una mayor participación de miles de adolescentes en la toma de decisiones de nuestro país", se precisa en el documento.

El miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Raúl Chanamé, reiteró la necesidad de contar con una reforma electoral que contemple elecciones internas partidarias universales, simultáneas y con participación obligatoria de los organismos electorales.

De ese modo, remarcó, se desarrollarán procesos internos transparentes e incuestionables, que se traducirán en una mejor selección de los candidatos a los cargos de elección popular y en el fortalecimiento de los partidos políticos.

Durante su exposición en el seminario Reforma Electoral, organizado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), Chanamé opinó que se debería considerar el retiro de la organización política de la contienda electoral si no cumple con la democracia interna o  no acepta la participación de los organismos electorales en el marco de la nueva normativa.

En tanto, remarcó, las agrupaciones partidarias que sí cumplan con la normativa deberían contar con el financiamiento del Estado. “De qué vale que se financie a los partidos, que se implemente el voto electrónico, que se aplique la paridad, sino hay elecciones primarias universales y simultáneas”, enfatizó.

Con el objetivo de optimizar y mejorar el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y garantizar la transparencia de los futuros eventos electorales, esta entidad prevé su reestructuración con la creación de las direcciones Jurisdiccionales y de Procesos Electorales, informó la presidenta de esta instancia, Katia Uriona.

En entrevista con Los Tiempos, la autoridad detalló una serie de eventos que se aplicó, entre ellos la transmisión rápida de datos, que ha permitido conocer los resultados inmediatamente terminado el proceso electoral, como una prueba de que las mejoras en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanzan.

“Se está generando una Dirección de Asuntos Jurisdiccionales y una Dirección de Procesos Electorales. Estas se complementarán a las áreas de registro que realiza el Servicio de Registro Cívico y el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático.

Explicó que esto permitirá que el TSE muestre, ante la ciudadanía, mecanismos claros y transparentes en sus competencias. Dentro de este proceso se encuentra la auditoría al padrón electoral que estará en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que instalará una oficina permanente en La Paz desde mañana.

Dirección jurisdiccional

Uriona detalló que se realizó un diagnóstico de la institución y se detectó la necesidad de crear una instancia que se encargue de todo el tema jurisdiccional que compete al Órgano Electoral.

“Primero para que estos temas sean consistentes y respondan al cumplimento de la ley en todos los aspectos y, segundo, para generar una jurisprudencia de que es una actuación legal, permanente y apegada a la normatividad en la emisión de resoluciones y reglamentos que competen a la función del Órgano Electoral”, indicó.

Acotó que esto permitirá la generación de un portal para informar a la población de las decisiones que se toman en el ámbito jurídico tanto a nivel nacional y departamental, lo que permitirá al TSE “tener seguridad jurídica en la actuación de este órgano, el seguimiento a los actores políticos y otros”, finalizó.

La iniciativa incluye una proposición en la que se especifica que los miembros de este grupo podrán participar en política si se comprometen a reparar a las víctimas y someterse a la JEP.

Con 54 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó en último debate la iniciativa que permitirá las Farc crear su partido político tras la dejación de las armas.

La iniciativa fue aprobada con una preposición del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán: “En el momento de la inscripción de las candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”.

Pero el último debate no fue fácil, pues surgieron varios 'peros' que dilataron la aprobación. Por ello, en medio del debate el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llamó varias veces a los congresistas a que votaran la iniciativa, primero porque parecía que no se alcanzaría el quórum y segundo, porque se propuso crear una comisión accidental para hacer modificaciones a la iniciativa.

“Yo quiero ser franco con el Senado, los acuerdos hay que cumplirlos y los acuerdos a los que se llegó son esos. En una subcomisión no podríamos modificar lo acordado. La iniciativa ya se aprobó en la Comisión Primera hace tres semanas (...) Es urgente aprobarlo para garantizar el desarme de las Farc”, les dijo el ministro.

Finalmente, la creación de esa Comisión se negó, y se dio la aprobación de la iniciativa, que según el ministro tiene tres componentes fundamentales.

“El primero, garantiza la creación del partido de las Farc una vez entreguen hasta el último fusil; el  segundo, garantizar la financiación del partido de las Farc; y el tercero, establece la manera como se asignarán las cinco curules de Senado y las cinco curules de Cámara que fueron acordadas en La Habana”, explicó.

El presidente Juan Carlos Varela sancionó la noche de este lunes el proyecto de Ley 292 que reforma el Código Electoral.

En presencia de la vicepresidenta, Isabel De Saint Malo; la ministra de Gobierno María Luisa Romero, del presidente de la Asamblea Rubén De León y los magistrados del Tribunal Electoral, Varela procedió a firmar el documento.

Resaltó que el documento es "un gran avance" para la transparencia en las elecciones generales en Panamá. Destacó nuevas reglas como el financimiento público con equidad para la publicidad electoral y que tres meses antes de las elecciones se prohibirá la publicidad estatal. "Quiero un país unido y consolidado y debemos aprender del pasado para construir un mejor futuro", expresó.

El mandatario agregó que con las modificaciones al Código Electoral se reducen los tiempos de la campaña electoral y se establecen topes de gastos. En el caso de las primarias de los partidos políticos, estas deberá darse en un periodo de 45 días.

Las modificaciones al Código Electoral, por primera vez, fijan un tope en los gastos de campañas. Para correr al cargo de presidente de la República el tope es de 10 millones de dólares; para el cargo de diputado el tope es de 300 mil dólares; mientras que para los cargos de alcaldes y representantes se fija un tope de 150 mil y 10 mil a los candidatos al Parlacen.

También se estipuló hacer pública la lista de donantes, 15 días después de la fecha de las elecciones y la divulgación de encuestas solo podrá hacerse 20 días antes de las elecciones generales, después de la fecha queda prohibido y se generarán sanciones por publicar estos estudios.

La discusión en el legislativo del polémico proyecto que consta de más de 165 artículos, se vio afectada por la falta de “quorum” y consenso en diferentes bancadas políticas en puntos sensitivos para el torneo electoral en 2019 como el tope del financiamiento en campañas electorales.

Fue uno de los temas pendientes al cerrar el tercer período de sesiones ordinarias en noviembre de 2016, incluso se contempló la opción de ir a sesiones extraordinarias para su discusión, sin embargo el mismo mandatario descartó esa posibilidad.

En su segundo debate, el proyecto fue discutido en cinco bloques, con un periodo de 15 minutos para la intervención de cada diputado, dejando los temas de mayor complejidad para el último debate.

Pasó a tercer debate el 4 de abril de 2017, sin embargo el 17 de abril bajó a segundo debate, los diputados acogieron una serie de modificaciones y ese mismo día fue aprobado nuevamente.

Finalmente el pleno, en presencia de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), aprobó en tercer y último debate el 18 de abril.