Los gobiernos nacionales, donantes internacionales y actores relevantes a nivel nacional están solicitando y adoptando cada vez más mecanismos de participación legal y política a favor de la juventud; de manera ostensible, para promover el compromiso civil y político de la juventud y para responder a una sensación de marginación política por parte de grupos demográficos clave. Los defensores de estas medidas esperan que un mayor compromiso juvenil produzca mejores resultados políticos en un abanico de cuestiones que afectan a los jóvenes. Hasta la fecha, sin embargo, se han realizado relativamente pocas investigaciones empíricas sobre si estos mecanismos realmente mejoran la calidad del compromiso juvenil, y sobre cómo lo logran. Por otra parte, la juventud posiblemente esté gravitando hacia otras formas de participación política; por ejemplo, utilizando redes sociales y demás plataformas en línea para involucrarse en procesos de toma de decisiones.

Este informe comienza a cubrir ese vacío analizando el efecto del compromiso juvenil de cuatro mecanismos políticos y legales a favor de la juventud: estrategias para políticas nacionales juveniles, reducción de la edad mínima para votar o postularse, cupos juveniles y alas juveniles de partidos políticos. Nuestra investigación sobre estos mecanismos de participación sugiere resultados mixtos en cuanto a compromiso juvenil significativo.

El cada vez mayor cambio del discurso político y social hacia las plataformas en línea ha llevado a un aumento correspondiente en el uso de Internet como una herramienta que puede silenciar la disidencia, promover la violencia y perpetuar las desigualdades prevalecientes, incluido el acceso y el uso. La naturaleza nueva y en rápida evolución de Internet significa que muchos ciudadanos desconocen o están mal informados sobre cómo se aplican sus derechos fundamentales, como expresión, reunión y asociación, en un mundo digital.

Teniendo esto en cuenta, el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), el Instituto Democrático Nacional (NDI) y el Centro para la Asistencia Internacional de Medios (CIMA) han desarrollado los Principios Democráticos para una Internet Abierta. Estos nueve principios fueron informados por el trabajo de la Coalición Dinámica de los Derechos y Principios de Internet de las Naciones Unidas (IRPC por sus siglas en inglés), un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas del Foro de Gobernanza de Internet (FGI), pionera en los esfuerzos para explicar cómo se manifiestan los derechos humanos internacionalmente reconocidos en el espacio digital. Lo que distingue a este documento es que examina los principios generales específicamente desde la perspectiva de cómo son un componente integral de una democracia robusta.

En estos días, los ministros de economía y hacienda de América Latina están abocados a la titánica tarea de conseguir recursos financieros que permitan enfrentar la actual crisis sanitaria y, al mismo tiempo, evitar un descalabro económico. El mensaje es claro: los recursos deben ser utilizados de manera rápida y efectiva.

Sin embargo, los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos. Cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, a su vez, genera un circulo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Como muestra un reciente estudio del Banco Mundial, la efectividad en el uso de los recursos asociados con la ayuda al desarrollo es un tema central, especialmente para que el dinero llegue a los más vulnerables y no termine en paraísos fiscales.

La experiencia reciente muestra una lamentable lista de casos donde existió corrupción. Tras el tsunami del 2004 en el Océano Índico, se movieron unos 13.5 billones en asistencia. Existieron varios indicios sobre esquemas de corrupción y fraude en el uso de estos recursos. En el caso del Huracán Katrina, la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos calculó que entre U$S 600M y U$S1.4 billones – el 16% del total de la ayuda – se perdieron en actividades indebidas. El Washington Post reportó recientemente que el programa de reconstrucción de Puerto Rico está afectado por serias acusaciones de corrupción, y que llegan a autoridades de la agencia encargada de la gestión de emergencias.

¿Por qué ocurre esto?

Una revisión de la literatura existente nos lleva a concluir que durante las emergencias nacionales no siempre es posible asegurar que el dinero llegue donde debe llegar. La presión por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por emergencias conlleva a reducción de controles, amplía la discrecionalidad en las decisiones de gasto, genera más oportunidades de colusión entre empresas, e incentiva a que se otorguen sobornos a cambio del pago de precios inflados, entre otras prebendas. La necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad puede generar un estado de confusión generalizado entre los responsables de negociar contratos y realizar compras, abriendo oportunidades a prácticas ilegales.

La debilidad institucional propia de nuestros países exacerba los riesgos. A pesar de diversos avances, especialmente en reformas de acceso a la información y la mejora de los sistemas de compras y adquisiciones, la región enfrenta importantes desafíos en materia de transparencia e integridad.

Transparencia en el sector de la salud

En condiciones normales, se estima que la corrupción genera una pérdida de entre un 10% y 25% del valor de los contratos públicos, además de afectar la calidad de los bienes y servicios. Existen razones para creer que este porcentaje es mucho mayor en situaciones de emergencia.

Un reciente estudio sobre la corrupción en el sistema de salud estima que al menos el 10-25% del gasto mundial se pierde directamente a través de la corrupción, lo que representa cientos de miles de millones de dólares perdidos cada año. Hay distintos factores que explican por qué este sector está más expuesto a los riesgos de integridad. Como indica Transparencia Internacional, es un sector por naturaleza complejo, donde predomina la asimetría de información entre oferta y demanda, y los mercados no siempre son abiertos y competitivos. La corrupción en el sector salud abarca desde el fraude en la construcción de hospitales, las prácticas indebidas de prescripción de medicamentos, beneficios otorgados a personas que no califican como beneficiarios y la reventa privada de insumos de hospitales públicos, hasta la captura de las regulaciones para la aprobación de ciertos medicamentos.

En estado de emergencia, los riesgos de integridad en este sector se manifiestan especialmente en la compra y distribución de medicamentos, la adquisición de equipos especiales para realizar pruebas epidemiológicas, la compra de insumos, el alquiler de espacios privados para el alojamiento de afectados y construcción de pequeñas obras de infraestructura.

Tecnología para incrementar la información y mejorar el control

No existe una bala de plata para minimizar los riesgos de fraude y corrupción en situaciones de emergencia. Las soluciones dependen del entramado institucional de cada país y deben nutrirse de varios ingredientes como por ejemplo los requisitos de información sobre beneficiarios finales de las empresas y subcontratistas; el fortalecimiento de las prácticas de auditoría y fiscalización; y la creación de comités especializados para monitorear la utilización de los recursos asociados a las emergencias, entre otros aspectos.

En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas tienen un rol central, especialmente cuando los ciudadanos pueden acceder a información de calidad y actualizada sobre el ciclo de vida de los recursos.  Para ello, las herramientas digitales son una buena respuesta al desafío de responder a la crisis con integridad. Estas herramientas permiten integrar y visualizar datos, identificar posibles anormalidades e incrementar la trazabilidad de los flujos de recursos. También permiten monitorear en tiempo real los registros contables, presupuestales, de tesorería y de beneficiarios desde origen del recurso al cierre financiero y administrativo. Además, es posible que cualquier persona comparta información sobre el uso de recursos, lo cual genera la disuasión de actividades ilícitas y facilita la rendición de cuentas.

En Estados Unidos, por ejemplo, las medidas de estímulo para la crisis financiera de 2008 fueron acompañadas por una plataforma digital (Recovery.gov) que ayudó a generar rendición de cuentas a nivel federal. A nivel estatal, la expansión en el uso de estas herramientas fue exponencial. Al menos 49 estados desarrollaron herramientas digitales con la información sobre los fondos federales asociados al estimulo de la economía. En 2012, el estado de Nueva Jersey lanzó la plataforma NJ Sandy Transparency para asegurar la transparencia de los recursos asociados a la reconstrucción tras el huracán Sandy.

América Latina no parte de cero

En nuestra región existen plataformas digitales como MapaInversiones con potencial de ofrecer de manera simple el acceso a información relevante sobre el uso de los recursos. Esta plataforma está siendo utilizada por varios países de la región como Colombia, Perú, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana.

Una ventaja de MapaInversiones es que permite la interacción ciudadana y de los beneficiarios, mediante simples mecanismos de retroalimentación de información. Cualquier persona, armada de un teléfono inteligente puede subir una imagen y mostrar si hay camas disponibles o vacunas.

La transparencia no podrá evitar todos los riesgos de integridad a la gestión de emergencias. Sin embargo, el uso de tecnologías digitales reduce sustancialmente la asimetría de información e incrementa el efecto “watchful eye” con su impacto disuasivo. Esto puede mejorar las oportunidades de que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar y se cumplan con los objetivos de recuperación económica y desarrollo social.

El propósito de este recurso es crear conciencia sobre la amenaza de la desinformación y cómo se utiliza para socavar el funcionamiento de las instituciones y procesos democráticos. El recurso está destinado a ayudar a los activistas cívicos y políticos con interés en proteger el espacio para el diálogo informado y la deliberación pública. Esto incluye asegurar el flujo de información precisa y apoyar la práctica del discurso político civil.

Esta herramienta fue diseñada para proporcionar a las mujeres que participan en política una forma confidencial de evaluar su seguridad personal y hacer un plan para aumentarla. La violencia contra las mujeres en la política es un tipo específico de violencia que disuade que las mujeres se involucren en todas las actividades políticas: discusiones políticas, el voto y la postulación para un cargo.

Esta violencia puede tomar muchas formas, incluyendo: 

• Acoso o discriminación persistente, como ser avergonzada en los medios; 

• Amenazas y abuso psicológico, en persona o en línea, como el uso de un lenguaje vulgar o degradante; 

• Agresión física y sexual, como tocar o golpear inapropiadamente; 

• Violencia económica, como amenaza de divorcio o destrucción de materiales de campaña; y 

• Presión a las mujeres para que abandonen la política o renuncien como candidatas o funcionarias políticas

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¿Por qué una organización de la democracia tiene que ver en el proceso de blockchain? ¿Qué es esto de blockchain, de todos modos? ¿No es eso una especie de criptomoneda poco fiable?

No se pierda en la ficha técnica: blockchain es una tecnología confusa pero con un propósito simple: permitir que los grupos que no confían entre sí intercambien cosas o validen información sin un intermediario todopoderoso. En un mundo donde la confianza en las instituciones, incluido el gobierno, está disminuyendo, blockchain proporciona una manera útil de crear nuevos sistemas para que los grupos trabajen juntos y definan qué es la verdad.

Entonces, no, Blockchain no es sinónimo de criptomoneda, pero está relacionada con la criptomoneda de la misma manera en que la primera aplicación del Internet fue el correo electrónico.

La breve explicación geek de la forma más común de tecnología de blockchain (hay muchas explicaciones más largas) es que blockchain crea contabilidad o una base de datos para rastrear información o transacciones. Este tipo de contabilidad es: 

·      Pública (para que todos puedan verlo);

·      Indescifrable

·      Distribuido (por lo que hay muchas copias que se mantienen sincronizadas); y

·      Inmutable (lo que significa que los cambios nunca se pueden revertir, falsificar o sobrescribir).

Hay un millón de formas en que las bases de datos *centralizadas* se usan hoy, desde el seguimiento de nuestra información crediticia (Equifax), los datos personales compartidos con el gobierno (Oficina de Administración y Presupuesto) hasta la compra de entradas para conciertos (Ticketmaster). La tecnología blockchain puede permitir nuevos enfoques de coordinación y colaboración que podrían afectar a muchas empresas, incluyendo todas las áreas anteriores. Se han asignado enormes cantidades de inversión en el sector del blockchain, pero la mayor parte se ha dirigido a tecnologías financieras (FinTech, en la jerga). NDI cree que es de vital importancia pensar en las implicaciones sociales de estos nuevos sistemas disruptivos, y garantizar que haya voces democráticas y de derechos humanos en la mesa mientras se construye esta nueva infraestructura.

La integridad de la información es un aspecto particularmente importante de los sistemas basados ​​en blockchain. Cualquiera que pueda ver la contabilidad  puede comprobar que algo fue creado por cierta persona, en un momento determinado, de cierta manera y si se ha modificado. Hoy en día, es fácil modificar el texto y hacer que parezca que proviene de una fuente legítima, pero en un futuro próximo eso también se hará realidad para el audio e incluso el video. ¿Cómo saber lo que es auténtico? Una pieza del rompecabezas podría ser la validación por medio del blockchain de la información creada, como si se tratara de una notaría.

Los gobiernos a menudo se dedican a ser el intermediario de confianza en ciertas cosas, pero esa confianza no siempre se mantiene. En la República de Georgia, los títulos de propiedad se han colocado en blockchain, lo que garantiza que todos puedan validar de manera demostrable la propiedad, y cualquier modificación, incluida la manipulación ilegítima, es visible para todos. Cualquier cosa que tenga que ver con licencias, registros, nacimientos, educación, títulos (es decir, listas de cosas, que el gobierno tiene en abundancia) puede beneficiarse de un sistema donde nadie puede hacer cambios sin dejar la evidencia, y nadie puede piratear o destruir toda la base de datos.

El blockchain no es la solución para todo, solo hay un cierto conjunto de problemas que realmente se ven beneficiados de un libro de contabilidad público y seguro, pero aquellos que sí se benefician verán un cambio importante. Internet redujo el costo de las comunicaciones a casi nada. Blockchain reduce el costo de validar la información o transferir la propiedad a casi nada. No sabemos qué significa todo eso para el futuro de la democracia, después de décadas, todavía estamos aprendiendo las implicaciones de Internet, pero NDI y nuestros socios en el Blockchain Trust Accelerator trabajarán para resolverlo.

Puedes revisar el artículo original en inglés: 

Facebook comenzó a calificar a sus usuarios en función de su confiabilidad en un intento por combatir la desinformación, informó el martes el diario The Washington Post citando a un ejecutivo de la compañía.

El gigante de las redes sociales desarrolló el sistema de calificación el año pasado, informó el periódico citando una entrevista con la gerenta de productos de Facebook, Tessa Lyons, a quien se le atribuyen los esfuerzos de la compañía para identificar los perfiles malintencionados.

El 13 de agosto, Facebook presentó los nuevos requisitos para las personas que administran páginas en la red social con una gran audiencia en Estados Unidos, quienes completarán un proceso de autorización para seguir publicando, lo cual dificulta que administren una cuenta falsa.

Una comisión parlamentaria británica propuso luchar contra las fake news con un impuesto a las compañías de internet como Facebook, Google o Twitter, y creando un estatuto especial para este tipo de empresas para reforzar su responsabilidad.

“Nos enfrentamos a una crisis en la utilización de los datos [en internet] y en la manipulación de nuestros datos personales”, indicó la comisión sobre lo digital, la cultura y los medios (DCMSC) de la cámara de los comunes, en un informe que se publicará el domingo pero que se filtró antes en internet.

“En este mundo digital en rápida evolución, nuestro marco jurídico actual no está adaptado”, indica la comisión, que en los últimos meses llevó a cabo numerosas audiciones para evaluar el fenómeno de las fake news y su impacto en las recientes elecciones celebradas en Reino Unido.

“A pesar de nuestra preocupación, compañías como Facebook han facilitado el trabajo de programadores para recuperar datos [de usuarios] y luego utilizarlos sin su consentimiento”, indica el presidente de esta comisión, Damian Collins.

“Facebook y las demás plataformas tienen que empezar a rendir cuentas”, estima la comisión, que hace una serie de recomendaciones al gobierno británico.

La DCMSC propone entre otros crear una nueva categoría empresarial para evitar que esas compañías eludan su responsabilidad argumentando que sólo son “plataformas” de un contenido que no es suyo.

La comisión también propone un impuesto que permitiría reforzar el papel del regulador británico de protección de datos (ICO) y financiar también programas de aprendizaje de cultura digital.

“La cultura digital tendrá que ser el cuarto pilar de la educación, igual que la lectura, la escritura y las matemáticas”, indica la comisión.

A nivel global la proliferación de las fake news aumentó un 75 por ciento la probabilidad de que las personas busquen noticias en sitios fiables y de calidad,superando en más del 90 por ciento entre los encuestados en México, según mostró el estudio Censuswide: In news we trust de Teads.